La AN rechaza la inhibición de un juzgado de Salamanca para investigar un producto financiero de Herrero Brigantina

El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz Gómez ha rechazado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca para fuera la AN la encargada de investigar la comercialización de un producto financiero de inversión por parte del Grupo Herrero Brigantina. Grupo que está acusado de una presunta estafa piramidal.

El titular de Juzgado Central de Instrucción número 5 afirma, en un auto dictado hoy, que es “sumamente aventurado expresar en la actualidad el verdadero alcance de los hechos” como para poder establecer la competencia de la Audiencia Nacional, tal y como establece el artículo 65 la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El citado juzgado de Salamanca dictó recientemente un auto acordando la inhibición en el conocimiento de las Diligencias Previas 1061/2022 a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. La Fiscalía dijo que no procedía aceptarla. Y eso piensa también el magistrado instructor.

Pedraz considera que los únicos hechos indiciariamente acreditados bajo las actuaciones procesales de perjudicados se refieren a que el Grupo Herrero Brigantina habría ofertado a sus clientes el producto TOP 25 a sabiendas de que la rentabilidad ofrecida no iba a ser pagada, y que, además, el mismo no era respaldado por AXA, siendo esta una estrategia urdida por el Grupo HB para hacer la contratación fiable y atractiva para los clientes.

El magistrado instructor señala que ello “sería un indicio claro del ánimo de estafar a sus inversores, llevándolos, bajo este engaño, a hacer un desplazamiento patrimonial en favor del Grupo, todo ello por importe de 840.000 euros” pendiente de acreditación.

Juzgados de Salamanca. (Imagen: Google Maps)

Volumen de fraude alejado de la exigencia jurisprudencial para la competencia de la AN

El magistrado explica que en este momento, es una cuantía o volumen de fraude muy alejado de las exigencias jurisprudenciales para establecer que los hechos sean competencia de la Audiencia Nacional. “El propio informe policial señala que el fraude denunciado asciende a más de 840.000 euros, pero que el perjuicio conocido por los bufetes de abogados y asociaciones superaría los 6,3 millones de euros, dato éste en ningún caso acreditado en la instrucción judicial por el momento, la cual, es evidente que ha sido paralizada antes de poder tomar una determinación sobre la competencia judicial de los hechos”, aclara.

Además, indica que en la causa constan meras manifestaciones testificales de los dos trabajadores que denuncian a su antigua empresa acerca de hechos que deben de ser contrastados con la práctica de las diligencias judiciales aún pendientes, como “cuando se manifiesta que una parte importante del dinero que aportaban los clientes se destinaba a sufragar gastos corrientes del Grupo (nóminas, seguros sociales, alquileres, etc.).

El instructor destaca que no puede, sin más, justificar la indiciaria acreditación de los hechos con tales manifestaciones, “sin perjuicio de que tampoco lógicamente su cuantía, sin que quepa acudir a que por el producto mencionado HB facturó 8,5 millones y que como hay otras empresas en el grupo podría ser más la cantidad”.

Afirma que es evidente que los hechos están aún indiciariamente por perfilar, y que «el mero análisis de cuentas bancarias no puede ofrecer los datos necesarios, sino que ello se podrá basar en documentaciones a obtener tras la práctica de diligencias solicitadas».

Audiencia Nacional. (Imagen: E&J)

Según expone en el auto, es revelador el informe policial cuando manifiesta que existen «docenas de clientes» del grupo Herrero Brigantina que cuando han querido recuperar sus inversiones o no han podido o su recuperación no ha sido total o se ha demorado en el tiempo, «superando ampliamente los 30 días de plazo que consta en el contrato firmado entre ambas partes».

«Ello podría obedecer a que las inversiones no se han realizado donde deberían y se han destinado a otros proyectos o a personas con interés particular, por lo que no podrían recuperarlo”, señala el juez instructor, quien por todo ello, considera que en el momento actual no se cumplen las condiciones para que la AN se haga cargo de la investigación.

Las últimas novedades del caso

Pedraz es el magistrado instructor de la macrocausa que investiga la Audiencia Nacional sobre la presunta estafa piramidal del Grupo Herrero Brigantina (diligencias previas 505/2022). Según los afectados, a principios de 2022, el Grupo Herrero Brigantina empezó a fallar en la devolución de la rentabilidad, y a mediados de ese año ya hizo dejación generalizada de la devolución de lo principal invertido. Entre los perjudicados, con residencia por toda la geografía nacional, hay jubilados, profesionales liberales, pymes, autónomos y familias.

Los casos los llevan varios despachos de abogados de todo el territorio, y hay incluso una Plataforma de Afectados que representa a más de 400 perjudicados, cuyo dinero invertido asciende a un total de 7,2 millones de euros.

Recientemente, el fundador de la plataforma, el abogado Ignacio Brágimo, tras varios meses de silencio, «para no perjudicar la causa y los derechos e intereses de los inversores», ha abordado en este diario las últimas novedades del caso. Y ha aclarado también ciertas informaciones.

Ignacio Bragimo Abejón, promotor de la Plataforma de Afectados. (Imagen: Brágimo Abogados)

Los afectados han presentado querellas y denuncias contra Herrero Brigantina y numerosas empresas del grupo. Les imputan estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental, y pertenencia a organización criminal. Las empresas señaladas son Herrero Brigantina SA; Herrero Brigantina Servicios Financieros, la sociedad de servicios crediticios North Atlantic Broker Insurance Company (Naibc), Astudeme, la Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora (Neonova Investors), la Compañía Galega de Corretaxe, la Compañía Madrileña de Mediación Aseguradora, Herrero Brigantina Servicios Crediticios, y Broker Aseguradora de Ultramar.

El fundador del Grupo, Juan González Herrero, lo acusan de los supuestos delitos de estafa de tipo piramidal, de carácter continuado, en concurso real con apropiación indebida continuada o alternativamente de administración desleal de carácter continuado, falsedad en documento mercantil cometida por particular, y organización criminal.

González Herrero fue localizado y detenido recientemente en Ponferrada (León) por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, y después quedó en libertad. Hasta entonces, estaba en paradero desconocido. Los afectados y sus letrados están pendientes de que pase a disposición judicial. Han pedido medidas cautelares de carácter personal «para evitar que eluda la acción de la justicia».

El promotor de la Plataforma también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los inversores respecto a las circularizaciones remitidas a los inversores por parte de Hacienda solicitando el embargo de créditos comerciales, dado que «sus bienes no van a ser embargados ni se van a ver afectados».