Plan para garantizar la defensa de las víctimas de crímenes de guerra y tráfico de personas en Cataluña
El proyecto es fruto de un acuerdo entre el Consell de l’Advocacia Catalana y el Departament d’Igualtat i Feminismes
Consejo de la Abogacía Catalana. (Foto: Wikipedia)
Plan para garantizar la defensa de las víctimas de crímenes de guerra y tráfico de personas en Cataluña
El proyecto es fruto de un acuerdo entre el Consell de l’Advocacia Catalana y el Departament d’Igualtat i Feminismes
Consejo de la Abogacía Catalana. (Foto: Wikipedia)
El Consell de l’Advocacia Catalana ha puesto en marcha un proyecto para garantizar la asistencia jurídica y el derecho a defensa de las víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad, de tráfico de personas y otras vulneraciones de derechos vinculadas a la condición de personas refugiadas que se detecten en Cataluña. Este plan se produce gracias a un acuerdo firmado entre el Consell de l’Advocacia Catalana y el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, y se empezará a ejecutar a partir de este mes de diciembre.
La iniciativa se divide en tres actuaciones, que consisten en la elaboración de protocolos que permitirán unificar la asistencia jurídica en toda Catalunya y los recursos disponibles, una oferta formativa especializada en detección, atención y defensa de las víctimas y la creación de un servicio de apoyo y orientación profesional en cada uno de los colegios de la abogacía catalana.
Según ha explicado la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Encarna Orduna, el proyecto surge de la voluntad compartida con el Departament d’Igualtat i Feminismes de “garantizar y proteger los derechos humanos y la condición de refugiadas de todas aquellas personas que se ven obligadas a desplazarse a causa de guerras, conflictos sociales y políticos, desigualdad o la emergencia climática”.
En este sentido, el plan establece que los diferentes mecanismos y recursos especializados que se impulsarán van dirigidos tanto a las personas directamente afectadas como a los profesionales que las atienden. “Damos una respuesta efectiva a las demandas sociales de atención y seguimiento de las vulneraciones producidas a causa de conculcaciones de derechos humanos con el objetivo de evitar que queden impunes, ofreciendo seguridad jurídica a las víctimas y herramientas y recursos a los profesionales de abogacía que las tendrán que atender”, señala Orduna.
