PSOE y PP llegan a un acuerdo para renovar el CGPJ: 10 vocales cada uno

El PSOE y el PP han alcanzado hoy un acuerdo para la «inmediata» renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años y medio caducado, y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para modificar el sistema de elección, que «reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023». Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio.

El pacto ha sido alcanzado en una reunión mantenida este martes por la tarde en Bruselas entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová.

«El acuerdo garantiza una composición absolutamente equilibrada del CGPJ, que contará con veinte nuevos integrantes con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de toda duda», han destacado ambos partidos en sendos comunicados idénticos.

El pacto implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado, lo que evitará que se produzcan casos como el de Dolores Delgado.

Por otra parte, PP y PSOE han acordado cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías, actual vocal del CGPJ.

José María Macías, magistrado en excedencia que actualmente ejerce la abogacía. (Imagen: CGPJ)

Los 20 nuevos vocales que integrarán el CGPJ tras el acuerdo entre el PSOE y el PP

Los vocales de procedencia judicial nombrados por el Congreso son Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (juez de lo Mercantil de Barcelona), José María Páez (juez decano de Málaga), José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño).

Los vocales de procedencia judicial nombrados por el Senado son José Antonio Montero (magistrado del Tribunal Supremo), José Eduardo Martínez Mediavilla (presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo (presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal (Audiencia Nacional) y Lucía Avilés (juez de lo penal de Mataró).

Vocales juristas en el Congreso: José Luis Costa Pillado (presidente del Consello Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales), Pilar Jiménez (fiscal superior de Cantabria), Argelia Queralt (profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional).

Vocales juristas Senado: Ricardo Bodas (magistrado jubilado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (LAJ de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fundador de la UPSJ) e Isabel Revuelta (letrada de Cortes).

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la firma del acuerdo. (Imagen: Comisión Europea)

Proposición de Ley para reformar el sistema de elección

La Proposición de Ley encarga a los nuevos integrantes del Consejo la redacción de un Proyecto de Ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho en los países miembros. Ese texto tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo modelo de “participación directa” y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ

«Ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras: todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada (de tres quintos). También en lo referido, por ejemplo, a la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales», indican. Además, el Gobierno «no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos».

Los criterios de idoneidad fijados para este nuevo CGPJ son los incorporados al Plan de Calidad Institucional presentado por Alberto Núñez Feijóo en Cádiz en enero de 2023. Estarán incorporados a la nueva ley, pero serán de obligado cumplimiento ya para la presente renovación de integrantes del Consejo.

El reto más inmediato: cubrir las vacantes del Supremo y los TSJ

El bloqueo del CGPJ estos cinco años y medio ha privado al órgano de gobierno de los jueces de una de sus funciones constitucionales esenciales, la de hacer nombramientos, lo que ha impedido la cobertura de casi un centenar de plazas vacantes en el Tribunal Supremo (TS), las presidencias de numerosos Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, entre otras, como consecuencia de la reforma de LOPJ que le impide realizar nombramientos discrecionales estando en funciones.

Esto ha generado una situación alarmante en el Alto Tribunal, que se encuentra sin presidente ni vicepresidente titulares, con 25 vacantes en sus Salas, lo que representa el 31,25% de su plantilla, y que a fecha de 1 de enero de este año se alcanzasen ya en el total de Salas 46.758 asuntos pendientes de resolver. La Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social son las que tienen mayor número de vacantes entre sus magistrados. Las vacantes en los TSJ ascienden a 38. El nuevo Consejo tendrá entre sus tareas más urgentes cubrir estas plazas.