Puertas giratorias: un abuso de autoridad

Las revolving doors, o puertas giratorias, en español, son un fenómeno que refleja la intersección entre el sector público y privado en el ámbito laboral. Este término hace referencia a la práctica de recolocación en la que individuos que ocupan altos cargos en el gobierno o en instituciones públicas pasan a trabajar en empresas privadas y viceversa, bien, como ocurrió, por ejemplo, con Dolores Delgado, que de ministra de Justicia saltó directamente a la Fiscalía General del Estado.

Desde 2015 existe una Ley que regula el ejercicio de los altos cargos en la Administración General del Estado y recoge cuándo pueden existir conflictos de intereses entre los cargos ocupados con anterioridad y los que se vayan a desempeñar después. Desde 2006 también tenemos la Oficina de Conflictos de Intereses, que se encarga de velar porque esto se cumpla.

Sin embargo, Gema Sánchez Medero, doctora en Ciencias Políticas y profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, afirma que es necesaria «una reforma de la actual normativa para que sea más restrictiva a la hora de establecer las actividades que pueden realizar los altos cargos políticos una vez que dejan su desempeño, porque quienes quieren burlar la ley buscan las formas de hacerlo». «Buscan los resquicios de la ley que son más laxos y permiten, según cómo se mire subjetivamente, decir si es válido o no. Ese es el gran problema», apunta.

Gema Sánchez Medero, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. (Imagen: UCM)

A su juicio, «se debería establecer un periodo de cinco años entre la política y el paso a la empresa pública o la vuelta al puesto jurisdiccional que se tenía, para que suponga un alejamiento de las relaciones y de los intereses que pueden producirse en política y que evidentemente pueden venir a contradecir o interferir en la actividad profesional que inmediatamente después desempeñen».

En este sentido, esta experta también sostiene que la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado «se ha quedado antigua» y que es preciso reformarla para despolitizar la Justicia.

«Todo el mundo dice que hay que acabar con las puertas giratorias, incluso los partidos políticos hablan de ello, pero luego no hacen nada para terminar con este problema», indica Sánchez, quien también señala que «podemos llevaba en su programa electoral este tema de las puertas giratorias, pero luego cuando llegó al Gobierno no impulsó ninguna iniciativa legislativa a este respecto».

Asimismo, indica que «los políticos, en general, alegan que muchos de ellos tenían una actividad profesional antes de entrar en política y que dejaron aparcada momentáneamente, que tienen que vivir de algo y por qué no retomar su actividad principal», y ella lo entiende. Pero, advierte que el problema de las puertas giratorias es que «las empresas compran las agendas que hicieron estas personas cuando estaban en política y esto supone una perversión de su labor como persona de servicio al ciudadano mezclándose intereses personales y el interés general que debería primar en el desempeño de su cargo».

«Principalmente, la mala prensa que tienen las puertas giratorias es porque pueden influir en los políticos a la hora de utilizar las adjudicaciones públicas en favor de determinadas empresas o entidades en las que terminan finalmente recalando cuando dejan la política», puntualiza.

«Por ejemplo, Albert Rivera, cuando dejó la política fichó por un bufete de abogados importante. En el fondo compra su agenda y cuando deja de funcionar o no es tan relevante como la de otros, deja de interesarle», añade.

También señala el caso de los expresidentes Felipe González y José María Aznar, que tras dejar la política «estuvieron durante una época asesorando en el Consejo de Administración de una gran corporación de medios de comunicación norteamericana». O el de «Dolores Delgado, que ya no volvió a su puesto anterior, sino a uno todavía más relevante dentro del Poder Judicial que controla el ámbito político, como es la Fiscalía General del Estado».

Otro ejemplo que indica es el del Consejo de Estado, «que termina siendo el retiro dorado de muchos políticos y magistrados». En este caso, declara que sería necesario cumplir a rajatabla la normativa vigente que regula el acceso a este organismo».

Así, desde aquellos primeros días en los que el país pasó a tener su primera Constitución —allá por el año 1812 y donde la lucha por la independencia nacional coincidía con la emergencia de una clase política estructurada—, hasta la era contemporánea —donde el ‘politiqueo’ ha puesto de relieve una sociedad en continua confrontación— el tránsito de los políticos hacia el sector privado ha sido una tendencia constante evolución.

Puerta giratoria. (Imagen: E&J)

El sector energético, donde terminan gran parte de los políticos

Con el objetivo de ofrecer un marco más documentado sobre esta cuestionable práctica, varios profesores de la Universidad de Málaga (Elizabet Castillero-Ostio, Andrea Moreno-Cabanillas y Antonio Castillo-Esparcia) publicaron el pasado mes de diciembre en la Revista Española de la Transparencia una investigación sobre las puertas giratorias en España en los últimos cincuenta años. Como resultado, concluyeron que «el sector energético es el que más emplea a personas que han formado parte de la Administración pública (50%)».

De acuerdo con los datos extraídos del estudio, se dedujo que las empresas de este sector que han ofrecido un mayor número de puestos a profesionales con experiencia en el ámbito público son Repsol (nº 30), Enagás (n=23), Unión Gas Natural Fenosa (que anteriormente era parte de Naturgy) (n=19), Iberdrola (n=16), Red Eléctrica de España (n=14) y Endesa (n=12). En contraste, los sectores de comunicación y banca o finanzas, aunque distantes en número, también han acogido a profesionales con experiencia en la Administración Pública, cada uno representando el 7,84% de las contrataciones. El 9,33% restante corresponde a sectores como logística y distribución, aeronáutica, farmacéutica, armamentística, inmobiliaria y hotelera.

En cuanto a la procedencia política, comunicaron que los datos reflejan que «la mayoría de las personas que han ocupado puestos de relevancia en empresas provienen del Poder Ejecutivo (90,79%), especialmente de ministerios y consejerías autonómicas». Tan sólo un 9,21% formaron parte previamente del Poder Legislativo, no estando representada en la muestra aquellos individuos que han saltado a empresas privadas desde el Poder Judicial.

Dentro de este ámbito político, son en primer lugar los ministros, o en el caso del ámbito regional, los consejeros autonómicos, las personas que prevalecen en los puestos de estas empresas (n=74; 31,49%), siguiéndoles los secretarios, secretarios generales técnicos y los directores generales (n=54; 22,98%). En tercer lugar están representados los secretarios de Estado (n=23; 9,78%). Son también resaltables los vicepresidentes de gobiernos (n=13; 5,53%) y los presidentes (n=10; 4,26%), que ocupan los puestos 6 y 7 —puestos intermedios de la lista categorizada—.

Por su parte, el estudio también muestra que los dos partidos que más relaciones tienen entre el poder político y el sector empresarial son el PSOE (45,97%) y el PP (34,60%), coincidiendo con las dos formaciones que más tiempo han gobernado España. Finalmente, los catedráticos alegaron que «se ha encontrado una disminución gradual en la práctica de puertas giratorias en la última década, lo que podría explicarse por la influencia de la crisis económica mundial de 2008, que llevó a una pérdida de dominio político en las grandes empresas, entre otros condicionantes».

Basta mencionar los casos de Josep Piqué, que después de ser ministro de Industria y Energía para el PP ocupó cargos de relevancia en empresas como Vueling y Telefónica; de Beatriz Corredor, actual presidenta de Redeia (Red Eléctrica de España), quien también fue ministra de Vivienda con Zapatero y diputada del PSOE con Sánchez; o del exministro de Defensa de Rajoy, Pedro Morenés, quien después de perder su puesto en la Administración fue nombrado presidente de Amper Ingenio.

También destacan los casos de Narcís Serra y Trinidad Jiménez, exvicepresidente y exministra del PSOE, respectivamente, quienes ocuparon puestos de relevancia en Telefónica. Asimismo, fue también controversial el salto de Ana Palacio (exministra de exteriores con el PP) a ocupar un puesto como consejera de Enagás. Por su parte, Felipe González y José María Aznar, expresidentes del Gobierno, también hicieron uso de las puertas giratorias. Uno para ejercer como consejero de Gas Natural Fenosa, el otro para ejercer como asesor externo de Endesa.

Dolores Delgado, en su toma de posesión como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, un acto presidido por el fiscal general del Estado. (Imagen: Fiscalía)

El regreso a la Carrera Judicial

En un país del entorno europeo, como es España, debe primar la independencia y separación de los poderes del Estado con el fin de garantizar un equilibrio de poder y prevenir el abuso de autoridad, por lo que es inadmisible que existan ‘puertas giratorias’.

Cuando fiscales y magistrados que han ocupado anteriormente cargos políticos pasan a formar parte del Poder Legislativo, se pueden generar conflictos de intereses y debilitar la independencia judicial. La razón de ello es que podrían estar influenciados por consideraciones políticas en lugar de adherirse estrictamente a la ley y la justicia.

Dicho de otro modo, cuando un político pasa a ocupar una plaza como magistrado o fiscal, se corre el riesgo de que se politice el Poder Legislativo y que éste pase de ser un poder independiente para convertirse en una herramienta al servicio del Ejecutivo para sus intereses. Además, podría estar comprometida la imparcialidad de estos cargos a la hora de tomar decisiones judiciales, ya que podrían estar sesgados hacia ciertas ideologías, políticos o agendas.

Por lo tanto, para mantener la integridad del sistema democrático y el Estado de Derecho, es fundamental que los fiscales y magistrados mantengan su independencia y no se mezclen con el ámbito político al ocupar estos cargos.

En España han existido casos de juristas que han tomado la decisión de ocupar cargos políticos, dejando su puesto como magistrado, juez o fiscal para desempeñar esta nuevo profesión. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, el debate está servido cuando una vez que dejan de dedicarse a la política desean volver a ocupar sus puestos en los tribunales y juzgados.

El regreso a la Carrera Judicial ha sido protagonizado por varios de nuestros antiguos políticos, como recientemente ha sido el caso de la exministra de Justicia, Pilar Llop, quien tras ocho años en política ha vuelto a la judicatura; el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López; quien tras cuatro años en política solicitó su regreso a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional; o la solicitud de poder formar parte del futuro CGPJ que se renueve que ha comunicado la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ya que después de dejar la política ha regresado al servicio activo como juez.

Aunque si nos remontamos unos años más atrás también están los casos de Baltasar Garzón; quien paso de ser magistrado a delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de secretario de Estado, y luego volvió a ocupar su cargo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque en el 2012 fue expulsado de la Carrera Judicial tras ser condenado a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

O el caso Dolores Delgado, de quien ayer se conocía que el Supremo había anulado su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática. Cabe recordar que Delgado desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Ministerio Fiscal, estando destinada a las fiscalías del TSJ de Cataluña y en la AN. Asimismo, entre 2018 y 2022 llegó a ser ministra de Justicia, cargo que dejó de ocupar cuando fue nombrada fiscal general del Estado.

Asimismo, el sucesor de Delgado como ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también ha sido objeto de polémica, ya que tras dejar su cargo en política se convirtió en magistrado del Constitucional, por lo que el propio Campo ha tenido que tomar la decisión de abstener de un recurso de amparo presentado por un particular en relación con la futura ley de amnistía, pues cuando era ministro reflejó su posición en contra de los indultos a los condenados por el ‘procés, los cuales califico como medida inconstitucional.