Puigdemont desafía a las autoridades judiciales españolas y reaparece en Barcelona

Tal y como anunció hace unos días a través de una carta abierta el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha regresado a España, a pesar de que se mantiene la orden nacional de detención contra él.

Esta mañana, a las 09.00 horas, coincidiendo con el pleno de investidura de Salvador Illa como posible nuevo presidente regional, el expresidente de la Generalitat ha reaparecido en público tras siete años huido del país. Ha sido en el escenario montado delante del Arco del Triunfo, en el paseo Lluís Companys de Barcelona, donde Puigdemont se ha dejado ver apenas unos minutos.

En esos escasos minutos, el expresidente ha dado un breve discurso a los manifestantes allí presentes que le esperaban: “No tenemos derecho a renunciar, el derecho de determinación le pertenece al pueblo”, afirmaba el catalán, “no nos interesa estar en un país en el que las leyes de amnistía no amnistían”.

Justo después de ese discurso, Puigdemont ha desaparecido sin que la policía catalana haya efectuado su detención, pese a que existe una orden nacional contra él para que sea detenido y responda por los hechos producidos el 1 de octubre de 2017, cuando la Generalitat convocó un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña.

Los Mossos activan la operación ‘Jaula’

En estos momentos, mientras se celebra el pleno de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat y quien ha comenzado su intervención asegurando que trabajará para garantizar que se aplique la Ley de Amnistía, se desconoce la ubicación de Carles Puigdemont, quien ha abandonado las inmediaciones del Parlamento catalán tras su breve reaparición en el territorio español.

Dada la orden de detención nacional vigente contra Puigdemont, el cuerpo policía catalán ha activado la operación ‘Jaula’, estableciendo controles en todas las salidas de Barcelona, así como en la frontera, con el objetivo de localizar y detener al expresidente para ponerlo a disposición judicial.

No obstante, el dispositivo ‘Jaula’ de los Mossos d’Esquadra es una medida tardía a juicio de la organización Hazte Oír, que ha anunciado en su perfil de X (antes Twitter) que denunciará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, y al jefe de los Mossos, Ignasi Elena, por “omisión del deber de perseguir delitos” al no haber detenido a Carles Puigdemont. Asimismo, desde la organización anuncian que su equipo legal no descarta activar otras medidas.

(Imagen: @hazteori)

‘Habeas corpus’

Cabe recordar que la orden nacional de detención contra Puigdemont continúa activa a pesar de que se publicase la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fue el pasado 11 de junio cuando el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, e instructor del ‘caso procés’ anunciara que la orden contra el expresidente se mantenía.

En el supuesto de que la policía nacional catalana consiga detener a Carles Puigdemont, el juez Llarena decidirá si ordena el ingreso a prisión del prófugo catalán o lo deja en libertad hasta el juicio. No obstante, la teoría más previsible es que los abogados de Puigdemont invoquen el habeas corpus con el objetivo de evitar su ingreso provisional en prisión.

El habeas corpus es un recurso legal que protege el derecho a la libertad personal y a no ser detenido de manera arbitraria o ilegal. Si el expresidente invoca dicho derecho lo hará con el objetivo de tener la oportunidad de ser llevado ante el juzgado correspondiente para que éste evalúe la legalidad de su detención, la que sin duda a juicio del propio Puigdemont y de sus colaboradores es “ilegal” y “arbitraria”, tal y como llevan repitiendo en las última semanas.

En el supuesto de que el expresidente de la Generalitat presentara el habeas corpus y el juez correspondiente —en este caso sería uno de guardia— considerase que se trata de una detención no amparada en la legalidad, Puigdemont sería puesto en libertad.

Por el contrario, en el caso de que el correspondiente juez alcanzara la conclusión de que no cabe lugar a declarar ilegal la detención, en ese supuesto la defensa legal de Puigdemont podría presentar un recurso de amparo, abriendo así la vía hacía el Tribunal Constitucional.

Pablo Llarena,, instructor de la causa principal contra el ‘procés’, ha optado por no amnistiar el delito de malversación que, entre otros, se atribuye a Carles Puigdemont, manteniendo activa la orden de detención nacional. (Imagen: Poder Judicial)

El Constitucional no se pronunciaría hasta septiembre

Sin embargo, para acudir al Tribunal Constitucional con el fin de pedir su excarcelación como medida cautelar, Puigdemont no podrá presentar un recurso de amparo directamente ante el Constitucional, sino el expresidente de la Generalitat tendrá que agotar primero todas las vías judiciales antes de acudir en última instancia a la Corte de Garantías.

Por tanto, antes del recurso de amparo, ha de presentar otro recurso de reforma ante el propio juez Llarena para que revise su dictamen o lo eleve a la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo. Y, una vez se hayan pronunciado los magistrados de dicha Sala, será entonces cuando Puigdemont pueda abrir una vía ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, este proceso podría demorarse hasta el mes de septiembre porque la Corte de Garantías no admite que se interpongan recursos de amparo durante el periodo inhábil, es decir, durante todo el mes de agosto. Por tanto, la Sala de Vacaciones del Constitucional no tomará decisión alguna sobre ello, sino que le corresponderá a los doce magistrados una vez finalizado el periodo inhábil.

Es previsible que los abogados de Puigdemont invoquen el ‘habeas corpus’, en el caso de que los Mossos d’Esquadra detengan al expresidente de la Generalitat, con el objetivo de evitar su ingreso provisional en prisión. (Imagen: RTVE)