Querellada una magistrada que acudió al trabajo de una víctima de violencia advirtiendo que “iba a tener problemas”

Una abogada ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arona, Raquel Gómez Sancho, por los presuntos delitos de prevaricación judicial y coacciones en torno al acuerdo de medidas paternofiliales para el que, asegura la letrada, presionó a su clienta. Además, la ha denunciado por el presunto delito de sustracción de vehículos. La denuncia se dirige también contra la empareja de la mujer porlos los presuntos delitos de quebrantamiento de medida cautelar y estafa procesal.

Según la abogada, la magistrada se presentó en el trabajo de una mujer, contra la que se había iniciado un procedimiento penal por desobediencia y sustracción de menores, para contar que estaba siendo buscada. Ese documento añade que, además, “indicó los motivos y puntualizó que iba a tener problemas”. Hasta ese momento, manifiesta la abogada, la mujer investigada desconocía que había un procedimiento penal abierto contra ella.

La mujer que recibió ese tratamiento, víctima de violencia de género, según la querella, fue coaccionada para cerrar un acuerdo de medidas con el que no estaba conforme, teniendo en cuenta el bienestar de su hija menor de edad, delante de la que, se asegura, fue agredida por su pareja. La magistrada habría presionado hasta el extremo a la mujer, que tenía una orden de protección contra su expareja, para que aceptase un acuerdo de medidas provisionales en relación a cuestiones paternofiliales.

“Así pues, la Sra xxx salió, quedándose en una salita aparte (sala para víctimas de violencia de género) sola. Pasado un rato, vuelven a decirle que entre en la sala, justo antes de entrar, una persona del Juzgado habla con ella intentándole convencer de que llegue a un acuerdo, a lo que ella responde que no; cuando ya entra a la sala por segunda vez, la magistrada querellada se dirige a la querellante directamente espetándole que “sí o sí había que llegar a un acuerdo antes de las 15 horas”, a lo que ella respondió que no, respondiendo la querellada que ya conocía a estas madres protectoras que vienen a fastidiar a los padres. Ante eso, la mujer le dijo que tenía miedo, que lo siente, que se encuentra mal y que se tiene que ir, procediendo la magistrada querellada a gritarle diciéndole que le iba a denunciar por desobediencia, que fuera a lavarse la cara (porque estaba llorando) y que volviera a hacer el acuerdo. La Sra. XXXXX preguntó si eso luego se cambiaria a lo que ésta respondió que ya veríamos”, cuenta la abogada. Aquel acuerdo fue notificado posteriormente a la mujer en forma de sentencia firme.

Así, sostiene que la jueza forzó a la mujer, “bajo la amenaza de otorgar la guarda y custodia compartida” y de acusarla por un delito de desobediencia. “La gravedad de lo sucedido es de una entidad incuestionable, callando ante tal atropello, no sólo su propio abogado -el que la mujer tenía en ese acto- sino también (y con mayor gravedad) la representante del Ministerio fiscal”, afirma la abogada, que ha alegado la existencia de coacciones por la vía civil y que considera que la actuación podría ser también constitutiva de delito. “Este comportamiento podría configurar un delito de prevaricación judicial dolosa desde el momento en el que impone su criterio, y se salta el procedimiento, con el objetivo de terminar el mismo e imponer su propia idea lo que haría, a la propia sentencia de medidas paternofiliales cuya injusticia sería totalmente conocida por la querellada”.

(Imagen: Archivo)

A esta querella se une una denuncia contra la jueza por, según la abogada, dar permiso a la expareja de la mujer para que quebrantase la orden de alejamiento y se llevase el vehículo que utilizaba y era de la mujer aunque no estaba a su nombre, cuestión por la que a la mujer no le permitieron denunciar el robo cuando acudió a una comisaría para hacerlo. La expareja utilizaría más tarde el hallazgo del vehículo supuestamente abandonado y unos billetes de avión comprados a nombre de la mujer para que el juzgado que, de forma paralela a este procedimiento, instruye una causa penal contra la mujer acordase que esta no pudiese salir de la isla. La abogada de la mujer asegura que ella nunca compró aquellos vuelos y que se simuló intencionalmente que habían sido adquiridos por su clienta.

Según el relato de hechos de la denuncia, la mujer acudió “al juzgado de violencia para que la requirieran para cumplimiento del auto de ejecución.  Ese día se le comunicó por la jueza que estaba detenida (no hay orden de detención ni auto de libertad que me conste) y fue custodiada por la policía». Especialmente significativo resulta que a la mujer, según la denuncia, se la mantuvo detenida “sin asistencia letrada ni lectura de derechos ni resolución alguna que acordase tal actuación”. La abogada manifiesta que fue la propia magistrada la que “le comunicó que no tenía derecho a asistencia letrada”.

De la grabación de la comparecencia que siguió a aquella detención se desprende el siguiente fragmento, en el que la magistrada afirma que el padre estaba autorizado a llevarse el vehículo.

– (denunciante): Y el padre me quitó el coche que me fui … desde Candelaria…

y lo del coche, usted se lo preguntó ¿por qué me quitaron el coche?

– (denunciada) Porque yo le dí autorizacion.

– (denunciante) en seri… ¿y mis cosas, todo lo que está dentro?

– (…)

– (…) (denunciante)  Y, mira, por favor, y el coche me lo devuelve o qué pasa…

– (denunciada) El coche no se va a devolver.

Por ello se ha interpuesto una denuncia por quebrantamiento de medida cautelar, estafa procesal (contra la expareja) y sustracción de vehículos (contra la magistrada), al considerar la letrada que esta última ha autorizado a una persona para la comisión de delitos. “No sólo le incitó a cometer un posible quebrantamiento de condena (pues es evidente que, si el vehículo está aparcado, la conductora no esté muy lejos) sino a quitárselo a la denunciante”, se puede leer en la ampliación de denuncia.

La abogada ha interpuesto una queja contra la magistrada ante CGPJ. Economist & Jurist se ha puesto en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para recabar la versión de la querellada, que ha declinado hacer cualquier tipo de declaración.