Ramón Tamames: “Sánchez sólo debe acudir al Congreso para aclarar su relación con su mujer y Barrabés y dimitir si no lo logra”

Desde su luminoso piso cercano al Santiago Bernabéu, Ramón Tamames, uno de los economistas de más prestigio del país y diputado en las primeras legislaturas, sigue pendiente de la actualidad. Atrás quedó su comparecencia en el Congreso para defender con bastante solvencia la moción de censura de Vox en marzo de 2023 al presidente Sánchez.

Hace unos días, nos encontramos con él en el Consejo General de Economistas, donde acude con frecuencia a sus debates. Allí preguntó a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, por la amnistía y los temas pendientes de dicho tribunal.

La intercesión de Valentín Pich, presidente del mencionado Consejo, hace posible el contacto entre este periodista y este estudioso de la política y economía española. Sus respuestas son claras sobre las distintas cuestiones de actualidad que van desde la política, pasando por la amnistía, hasta llegar a la economía, donde nadie sabe tanto como él.

Cuando le confirmamos las declaraciones del empresario Carlos Barrabés al juez Peinado sobre sus reuniones con Sánchez y con la mujer de este, Tamames lo ve claro: “Es el único caso que conocemos de posible tráfico de influencia de los 27 gobiernos de la Unión Europea (UE) por parte de la mujer de un presidente del Gobierno. No debería haberse metido en este tipo de negocios, como al parecer viene haciendo desde la propia Moncloa”, afirma.

Desde su punto de vista, la iniciativa que ha puesto en marcha Hay Derecho con España Mejor de crear un Código Ético que gestione la actividad del Gobierno y sus conflictos de interés “es una buena idea, pero hay que darse cuenta de que lo que se habla ahora son hechos que ya han sucedido y se han ocultado y deben ser objeto de investigación a través de las dos imputaciones que ha recibido”.

Para Tamames, “hay que darse cuenta de que no conocemos la solución a este problema. Lo primero es aclarar todo este asunto judicialmente. La investigación debe avanzar y tenemos que saber qué ha pasado. Sería bueno que Pedro Sánchez aclarara en el Congreso su situación. Es más importante que aclare su vinculación a esas reuniones con su mujer y Barrabés que el plan de control de medios que va a presentar en la Cámara Baja”.

Para Tamames, “las sentencias de los ERE están rompiendo la unidad de nuestro sistema jurídico nacional. La malversación ha dejado de ser un delito porque la amnistía quiere borrar otros delitos, incluso sentenciados por el Tribunal Supremo”.

Para este prestigioso economista, las sentencias del Constitucional de los ERE han roto el marco jurídico nacional. (Imagen: E&J)

Desde su punto de vista, “todo este entorno lo provoca el presidente del Gobierno en contra de la normalidad constitucional. El actual Tribunal Constitucional, con el presidente actuando como un instrumento del presidente del Gobierno, es triste. Es triste que Griñán y Chaves sean amnistiados y que en esa trama de los ERE no se haya producido delito de ninguna clase. Todo se evapora en función del grado de amistad y del interés que pueda tener el presidente Sánchez con los delincuentes en cuestión”.

Tamames muestra su preocupación por la amnistía y sus efectos; ve un problema en la colonización de las instituciones, donde el Gobierno coloca a peones afines a sus intereses. Ahora se habla de que el candidato para presidir el Banco de España es el actual Ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que ya estuvo en la cartera de Seguridad Social y antes en el regulador público Airef.

Para Tamames, “eso es un disparate. Este nombramiento habla de un personal que ha demostrado su lealtad a Sánchez en otros nombramientos públicos anteriores. En su etapa en la Seguridad Social se ha generado el problema de la cita previa, que no hay forma de resolver y que genera muchos problemas a los ciudadanos. No se ha arreglado con la convocatoria de nuevos funcionarios y sigue sin resolverse ese problema”.

En su opinión, “la reforma de pensiones aún está por validar por la UE. La dependencia de los créditos del Estado es cercana al 25%, y ya no es suficiente solo con la contribución de los trabajadores. Es necesario un crecimiento muy fuerte del censo laboral, que ahora está en 21.4 millones, o no podrá soportarse. Sobre el fondo de capitalización de las pensiones, se ha llegado a decir por parte de algunos expertos que se debería invertir en bolsa. Está claro que la inmigración va a ser un elemento clave para sostener el sistema de pensiones actual y su viabilidad”

Necesidad de diálogo social

En cuanto al otro gran debate, como es la reducción de la jornada de trabajo, en la que llevan meses debatiendo el gobierno con los interlocutores sociales, CEOE y CEPYME, a nivel empresarial y las organizaciones sindicales, parece que la intervención del Gobierno ha hecho que la ministra Yolanda Díaz haya frenado sus pretensiones de aprobarla de forma inminente.

“Es un tema de calado en el que se debe buscar el consenso. Se habla de 12.000 millones de euros como el coste para las empresas de adaptarse a este nuevo entorno. Es otra medida similar a la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que también supone un coste importante para las empresas españolas, o al posible aumento de la indemnización por despido improcedente, que parece que se avecina una vez conozcamos el fallo de la Carta Social Europea a la reclamación que interpuso UGT hace meses”.

Tamames le pide a la ministra Díaz que busque el diálogo social con empresarios y sindicatos para reformar la jornada laboral. (Imagen: E&J)

A su juicio, “estas medidas no están del todo bien pensadas. Yolanda Díaz quiere dar muchas ventajas a los trabajadores sin conquistas sociales ni aumento de productividad. El impacto que puede generar en las pymes españolas, empresas agrícolas y otras muchas en situación difícil es considerable, porque los costes laborales se van a elevar de forma notable y podemos asistir al cierre de negocios y de autónomos en un escenario no muy lejano”.

Para Tamames, “hay que darse cuenta de que la mitad de las cosas que plantea Yolanda Díaz luego no se pueden llevar a cabo. No es lógico que volvamos a la indemnización por despido improcedente de los 45 días por año de los años setenta y ochenta; eso se acabó con la reforma laboral de la ministra Fátima Báñez. En estos momentos de recesión, hay que ayudar a la empresa y no crear más trabas y costes sociales que eviten su crecimiento”.

A su juicio, “la ministra Díaz debe potenciar el diálogo social de verdad para que muchos de estos temas laborales de calado se consensúen entre los operadores sociales y pervivan en el tiempo. Es fundamental que en este tipo de acuerdos de calado, como es la reducción de jornada o la futura modificación de la indemnización por despido improcedente, funcione el diálogo social y se escuche también la voz de los empresarios”.

En el plano fiscal, el profesor Tamames también ve problemas que pueden surgir a corto y medio plazo. En este escenario, observa con atención el deseo del gobierno central de crear una singularidad fiscal catalana. “Ya lo ha dicho Salvador Illa del PSC, que esta iniciativa no rompe la estabilidad del marco estatal de igualdad. La verdad es que da la sensación de que la idea que tienen es introducir en el Estatuto de Cataluña algo parecido al Pacto Vasco Navarro que conocemos desde hace años”.