Ribón: “Estamos padeciendo un desmantelamiento progresivo de la Administración de Justicia”

El Colegio de la Abogacía de Madrid alerta de un colapso inmediato de la justicia en Madrid si no se toman medidas contra la parálisis. Su decano, Eugenio Ribón, denunciado que el ministerio de Justicia ha denegado uno de cada tres refuerzos reclamados por los juzgados en la Comunidad de Madrid. Concretamente, ocho de las 28 solicitudes referidas a sedes judiciales madrileñas que se cursaron el pasado mes de abril por parte del Consejo General del Poder Judicial han sido rechazadas “por razones de disponibilidad presupuestaria”. El decano de los abogados, Eugenio Ribón ha pedido al Gobierno que revierta estas decisiones.

“Que desaparezcan los refuerzos nos conduce a una situación de colapso. La parálisis de la justicia es insostenible”, ha señalado Ribón. A los efectos de la pandemia se han sumado los de la huelga de letrados judiciales y ahora la de los funcionarios judiciales. Esto se traduce en que, en Madrid, a fecha de ayer “hay más de 4.702 procedimientos colgados sine die”, lo que representa de media casi el 20% del total. En los juzgados de Plaza Castilla las suspensiones han afectado al 51,5% de los señalamientos. En marzo, tras el fin de la huelga de los letrados judiciales, se suspendieron un 35% de los juicios programados, ha señalado. El panorama es especialmente grave en Familia y Civil.

La situación, han comentado, ha llevado al ciudadano a tener que esperar de un año y medio a tres años y medio para obtener una sentencia en primera instancia y a cinco años o más para  obtener sentencia en Audiencia Provincial. En el ámbito social, subrayan, no se están señalando juicios que no sean de despidos. En el caso de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, cuando se resuelven determinados recursos, a veces el solicitante puede solicitar la residencia por arraigo porque ya ha pasado el plazo. La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, especialista en familia, ha detallado que en la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid, de cinco titulares, solo quedan dos porque tres están de baja y a fecha de 31 de marzo tenía 1115 asuntos pendientes de resolver. La situación afirman, es extrapolable a los diferentes partidos judiciales y al resto de España.

Ribón ha lamentado que «esto es insólito» porque “no han recibido una sola respuesta a pesar de las reiteradas comunicaciones. Es algo anómalo que no ha sucedido en toda la historia” ha dicho el decano, que ha calificado a Justicia de ministerio fantasma.

El ICAM descarta adoptar ninguna medida de presión en este momento porque “sería incoherente echar leña al fuego en un momento como este”, en el que estamos pidiendo flexibilidad a otros colectivos (en referencia a los funcionarios de la Administración judiciales) y en el que la negociación ya se hará con el Gobierno que salga de las elecciones del próximo 23 de julio. “Habrá que esperar a tener una interlocución con capacidad de refuerzo”, ha dicho. Lo que si puede hacer el Gobierno es suprimir las medidas que ya se han adoptado.”Que el Gobierno suspenda las medidas de supresión que ya han adoptado, que eso si está en su mano”.

Además, Ribón ha criticado, que las suspensiones se están produciendo “sin el más mínimo respeto a la ciudadanía y a la abogacía, sin comunicarlo previamente”, lo que supone “un coste de millones de euros y una sensación de absoluta frustración”, ha subrayado Ribón, que ha detallado que, en los últimos días han registrado 148 incidencias en juicios por la huelga de funcionarios.

Todo esto se traduce, dicen, en un “deterioro agravado de la Administración de Justicia”, en un momento especialmente “sonrojante” tras la sentencia del TEDH, que condena a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de seis magistrados en la que se señala que la parálisis en la elección de los miembros del CGPJ supone una disfuncionalidad de consecuencias muy importantes. “Tenemos uno de los tres pilares del Estado con una enfermedad a la que no se está poniendo solución”, lamenta Ribón. Por eso, desde el ICAM llaman a un pacto de Estado y a que la clase política tenga altura de miras. “Los justiciables no se merecen esto”.