Sahara Occidental: la descolonización inacabada de España

La comunidad internacional conoció el pasado viernes el apoyo por parte del gobierno español a la postura marroquí sobre la autonomía del Sahara Occidental.

España, que ha mantenido un carácter conciliador y algo distante con respecto a esta cuestión territorial, ha roto con su “neutralidad” y ha validado la versión de Rabat, que no es otra que conceder un estatuto de autonomía al pueblo saharaui, siempre y cuando este territorio sea controlado por el gobierno marroquí, que se reserva el derecho de explotación -y exportación- de sus recursos naturales.

Esta decisión diplomática fue confirmada a través de la Casa Real marroquí, que publicó la carta enviada por el presidente español, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI.

Rey Mohamed VI de Marruecos. (Foto: Middle East Institute)

Este reconocimiento no ha sido acogido con agrado en Argelia, vecino y país enemistado con Marruecos, cuyo gobierno ha calificado esta acción de “traición”. Actualmente, este país norafricano suministra un 25% de la demanda de gas en España.

Tampoco el ministro de exteriores chino, Wang Yi, se ha mostrado favorable sobre esta cuestión y ha considerado apropiado llegar a una “solución justa y duradera basada en el derecho internacional”, cumpliendo así con las “resoluciones de la ONU”.

Bruselas, en cambio, saluda “los desarrollos positivos” mantenidos entre España y Marruecos y aplaude esta última decisión.

España emprende una nueva ruta en las relaciones con su vecino africano y desvela definitivamente su opinión sobre el contencioso albergado en el Sahara Occidental.

Sin embargo, ¿qué dice el derecho internacional de la postura mantenida por Moncloa desde que abandonó este territorio?

El Sahara Español

El Sahara Occidental, tal y como lo conocemos en la actualidad, formó parte del protectorado de España a partir de 1884 y fue en 1963 cuando se incluyó a esta región en la lista de Territorios no autónomos de la ONU, de acuerdo con el Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, España se comprometió por aquel entonces a descolonizar esta región.

Mapa del Sahara Español. (Foto: El Reto Histórico)

El 16 de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) determinó que el territorio del Sahara no se podía considerar como terra nullius en el momento de la toma española, ya que estaba habitada por poblaciones nómadas con cierta autonomía de gobierno.

A su vez, el tribunal internacional concluyó que, a pesar de existir vínculos entre las tribus y el sultán marroquí, este territorio no pertenecía a Rabat y que se había de garantizar el ejercicio del principio de autodeterminación a quienes residían en esta área geográfica.

En la misma jornada del dictamen, el monarca marroquí Hassan II afirmó que el TIJ les concedió la soberanía territorial del Sahara y organizó una marcha de civiles que ocuparon diferentes poblaciones ubicadas dentro del protectorado español. Este hecho fue conocido como la Marcha Verde y fue apoyado por Arabia Saudí y Estados Unidos.

Para ese entonces, el Sahara Español se cargó de tensión y silvaron amenazas de guerra. La salud de Francisco Franco, Jefe del Estado, estaba muy debilitada y desde Moncloa no querían sumergir al país en una crisis internacional. La tesis de Madrid pasaba por solucionar cualquier controversia a través de la negociación, actuando conforme al artículo 33 de la Carta.

Acuerdo de Madrid

Cuando concluyó la Marcha Verde, España se reunió con Marruecos y Mauritania en Madrid el 11 de noviembre de 1975 con el fin de negociar pacíficamente el traspaso del dominio en el Sahara Occidental.

Días después, las tres naciones hicieron público el llamado “Acuerdo de Madrid”, una Declaración de Principios por las que España ponía fin a “las responsabilidades y poderes” que tenía sobre el Sahara Occidental como “Potencia administradora” y en el que prometío “instituir una administración temporal en el territorio, en el que participarán Marruecos y Mauritania”.

Por medio de este texto, que no fue publicado en el BOE ni sometido a votación en las cortes franquistas, se respetaría la “opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa (que viene a ser un consejo de ancianos del pueblo saharaui)”.

El 10 de diciembre de ese mismo año, y semanas después de la muerte de Franco, la Asamblea de la ONU adopta dos resoluciones diferentes sobre la cuestión del Sahara Occidental: 3458A y 3458B.

La primera no hace alusión a los Acuerdos de Madrid y afirma el derecho de libre determinación del pueblo saharaui, mientras que la segunda resolución sí menciona dicho acuerdo, así como que reafirma la libre determinación de los saharauis. España votó a favor de esta última.

Por medio de ambas resoluciones, España ostentaba el deber de adoptar las “medidas necesarias” para ayudar a los ciudadanos originarios del Sahara Occidental a ejercer plena y libremente su derecho de determinación.

Obligaciones incumplidas

De acuerdo con el artículo 73 de la Carta, España, como administradora de un territorio no autónomo, tenía un listado de obligaciones que cumplir para con los saharauis. Destacamos las siguientes:

• Asegurar el adelanto político, económico, social y educativo.
• Desarrollar el gobierno propio de dicho territorio.
• Promover la paz y seguridad internacionales.
• Promover medidas constructivas de desarrollo.

Lejos de la realidad, el gobierno español prometió a la ONU convocar un referéndum para la determinación de la soberanía en el Sahara Occidental, nunca realizado. España tampoco ha sido capaz de ayudar a desarrollar un gobierno propio en este territorio, ni tampoco ha promovido la paz, dejando que tropas marroquíes y mauritanas se repartieran el territorio sin consultar previamente a las tribus saharauis (aunque Mauritania abandonó el territorio en 1979).

España se retiró de la Administración Tripartita, conformada junto con Marruecos y Mauritania, renunciando a sus responsabilidades como Potencia administradora.

Como consecuencia de ello, el 26 de febrero de 1976, los legionarios españoles, último contingente en abandonar el territorio, arriaron la bandera rojigualda en la base de El Aaiún.

La carta de Hans Corell

El 29 de enero de 2002, el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell, envió una carta al Presidente del Consejo de Seguridad, analizando la legalidad de las explotaciones realizadas sobre suelo del Sahara Occidental.

Hans Corell. (Foto: Brandeis University)

Entre sus líneas, Corell afirmó que, por medio del Acuerdo de Madrid, no se entregó la “soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente”.

De este modo, el funcionario de la ONU consideró que Marruecos “no figura como la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos” de la ONU y, por lo tanto, no cumplió –ni tenía obligación de hacerlo– con las responsabilidades expuestas en el mencionado artículo 73 de la Carta.

De acuerdo con la tesis expuesta por Corell, quien verdaderamente se auspicia en el articulado de la Carta de las Naciones Unidas, España seguiría siendo Potencia administradora de iure – que no de facto– del Sahara Occidental, y tiene como “encargo sagrado” la obligación de promover el bienestar de los habitantes de este territorio.

En la actualidad, Marruecos explota y vende los recursos naturales de la costa y de los yacimientos de esta porción del Sahara, donde conviven originariamente saharauis, un pueblo al que se le ha privado durante décadas de su derecho de autodeterminación.