Salvador González adelanta que el CGAE debatirá en su próximo Pleno fijar unos criterios orientativos de honorarios y costas

La abogacía institucional, de la mano de su actual presidente, Salvador González, quiere recobrar el protagonismo que merece ser la voz de 150.000 abogados en toda España. En un encuentro organizado con ACIJUR, el presidente del CGAE pasó revista a los grandes temas de la abogacía y avanzó que en el próximo pleno del 22 de noviembre se abordará la cuestión de fijar criterios orientativos en horarios y costas de abogados.

La nueva Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, que según ha podido saber Economist & Jurist mañana jueves podría estar en el BOE, con lo cual entraría en vigor 20 días después y regulará cuestiones esenciales para el abogado, como el amparo colegial, en caso de problemas para ejercer su trabajo, y para reforzar la confidencialidad de las comunicaciones.

Otro de los temas clave que la ley avala es que clarificará  de los honorarios de los abogados, con lo cual es previsible que la inseguridad jurídica generada por esta situación ayudará a que el justiciable conozca el coste de su pleito.

Preguntado por Economist & Jurist sobre esta cuestión, Salvador González ha anunciado que ante la posibilidad de que cada Colegio establezca sus criterios orientativos o se haga desde el CGAE, en el próximo Pleno de la entidad, que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, éste será uno de los temas que se aborde en profundidad para ver qué hace la abogacía institucional en este asunto.

Para el presidente del CGAE, la suspensión del Pleno del Congreso hace algo más de un mes ha hecho que las enmiendas presentadas para mejorar la futura norma no se hayan tenido en consideración. “Sin embargo, pese a ello, como hemos comentado en alguna otra ocasión con esta Ley Orgánica se fija un marco que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano y garantiza el derecho a la defensa: En este escenario, la norma señala que los Colegios de Abogados gestionaremos la deontología  el trabajo de nuestros colegiados”, explica.

El presidente del CGAE quiere que la abogacía sea protagonista de los cambios importantes en la Justicia de nuestro país. (Imagen: CGAE)

Justicia Gratuita y sus mejoras

Sobre la Justicia Gratuita, el presidente del CGAE ha mostrado su preocupación por la falta de respuesta del Ministerio de Justicia en relación a la mejora de los baremos del Turno de Oficio. González mantuvo hace unas semanas un encuentro con Manuel Olmedo, y con la secretaria general para la Innovación del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, para avanzar en el diálogo sobre cómo mejorar la eficiencia del funcionamiento de juzgados y tribunales, así como las retribuciones del Turno de oficio.

Salvador González ha vuelto a incidir ante los periodistas en la urgencia de avanzar en la actualización de los baremos de Justicia Gratuita, independientemente de la tramitación de los presupuestos de 2025 y de la nueva Ley de Justicia Gratuita. “Sería ideal poder firmar un acuerdo similar en su estructura al que la Comunidad de Madrid ha hecho con los Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid”, declara.

Para este jurista, “resulta absolutamente inaplazable esa nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita resuelva, de una vez por todas, los muchos déficits que existen y que están ya perfectamente identificados, incluido, naturalmente, la cobertura por dicha ley de los servicios de asistencia y orientación jurídica penitenciaria”.

“Como igual de importante es, en línea de lo que venimos reclamando jornada tras jornada, la preceptividad de la asistencia letrada en cualquier trámite –judicial o administrativo– de vigilancia penitenciaria, y que dicha asistencia sea obligatoria en la legislación del procedimiento penitenciario”, añadió.

Pensiones justas

Otro tema que está subrayado en rojo en la agenda de Salvador González es poder lograr la pasarela al RETA para los miles de mutualistas abogados que temen quedarse con una pensión exigua de 400 euros si siguen en la Mutualidad de la Abogacía. González espera poder tener una próxima reunión con la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Sáiz.

El Consejo General de la Abogacía Española «quiere que el Parlamento Europeo se involucre a fondo en la tarea de resolver el problema de los mutualistas españoles».

“Así, a través de la petición que hemos registrado en la sede del Parlamento en Bruselas, la Abogacía Española reclama a la Comisión de Peticiones que el Parlamento de la UE realice un pronunciamiento claro instando al Gobierno de España a solucionar el problema de todos los mutualistas”, apunta.

Salvador González e Ignacio Gally, en el Parlamento Europeo. (Imagen: CGAE)

Al mismo tiempo, ha explicado que desde el CGAE se considera importante que la Comisión de Peticiones delegue en una misión la tarea de desplazarse a España para entrevistarse con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; con las plataformas y colectivos de afectados, con el Consejo General de la Abogacía y con las mutualidades para disponer de toda la información sobre el problema.

Cabe recordar que hace unos días el propio Salvador González, y el presidente de su Comisión de Previsión Social, Ignacio Gally, registraron esta petición y la explicaron a diferentes eurodiputados españoles. Tanto a Juan Fernando López Aguilar (PSOE), como a Elena Nevado (PP) les han expuesto sus demandas y la necesidad de que se pueda obtener una solución satisfactoria frente a los derechos reclamados por todos los mutualistas afectados en un plazo razonable.

Para la abogacía institucional, la única propuesta del Gobierno hecha pública hasta ahora era absolutamente insuficiente, por lo que fue rechazada hace unos días por la Comisión de Justicia del Congreso que aprobó el dictamen de la ley de eficiencia procesal.

Desde su punto de vista, «el Estado tiene que asumir la responsabilidad y responder». «De lo que no podemos hablar es de falta de cotización de los compañeros, sino de un sistema que no ha sido hábil. Los mínimos de cotización estaban en manos de la Seguridad Social», señala.

Además, destaca que actualmente, «el mínimo está en el 80% de la cuota del autónomo». «Se podía haber puesto desde el principio. Lo que quiero es trasladar cuanto antes al Ministerio que las bases de la solución tienen que ser lógicas, fundadas y respetuosas con los derechos constitucionales que tienen nuestros compañeros», sentencia.

Según ha explicado, sobre la solución al problema, el Gobierno nos habla de soluciones incompletas y no para todos. Pero a los mutualistas se les exigieron unos pagos y los mutualistas han cumplido. Para el CGAE, es de justicia que lo que reciban sea la misma cantidad que la de quienes hicieron sus aportaciones a través de la Seguridad Social.

“Tratarlos de forma diferente y derivar la solución al terreno de lo asistencial no solo iría contra la lógica de los derechos constitucionales, sino que supondría una quiebra en la confianza de que el Estado asume sus compromisos independientemente de quiénes gestionen los departamentos ministeriales”, manifiesta.

Además, considera que tomar esa opción supondría un cierre en falso que perpetuará el problema y que obligará a la abogacía a continuar reclamando una solución justa para quienes han cumplido con las exigencias que les impusieron.