Salvador González (CGAE): «Trabajaremos para que prevalezca el sentido de la Justicia con los mutualistas»

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, reclamó ayer al Gobierno que «acelere la respuesta al problema de los mutualistas alternativos que recibirán pensiones incompatibles con una jubilación digna», de forma que pueda formar parte del acuerdo alcanzado este miércoles con patronal y sindicatos para mejorar el acceso a las pensiones a determinados colectivos. 

Y destacó que cualquier solución tiene que incluir «a la totalidad de los mutualistas, que estén o en algún momento hayan estado en el régimen alternativo».

Salvador González hizo este llamamiento en una reunión que mantuvo con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un encuentro al que el presidente del CGAE convocó a las organizaciones de abogados para negociar la regulación de la pasarela al RETA de los mutualistas, como había reivindicado el Sindicato Venia.

González acudió a la reunión con la secretaria general del Consejo, Encarna Orduna, y por parte de las organizaciones participaron María José Almodóvar, representante de la Plataforma Pasarela al Reta; Nuria Cachafeiro, de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA); y María Teresa Vera, portavoz del Movimiento #J2 en Granada. 

Preguntado por Economist & Jurist sobre su valoración del encuentro, el presidente del CGAE señala que «poder intercambiar puntos de vista con el Gobierno es un primer paso», aunque reconoce que «las posturas están muy alejadas». «Vamos a seguir trabajando con ellos y con los partidos políticos para que prevalezca el sentido de la Justicia con los mutualistas», destaca.

El presidente del CGAE indica a este diario que «lo que el Ministerio pretende supondría un cierre en falso que generaría más problemas de los que solucionaría».

Salvador González confía «en que se imponga el sentido común y el respeto a derechos constitucionales, que es lo que la abogacía plantea». «Se está haciendo con otros colectivos y no tendría sentido dejar a la abogacía fuera», manifiesta.

Salvador González también se reunió la semana pasada con expertos, asociaciones, plataformas, colectivos de mutualistas e instituciones de la Abogacía para abordar la situación de los mutualistas alternativos. En la mesa, Encarnación Orduna, secretaria general del CGAE, Borja Vargues, secretario general técnico, y José Antonio Perales, director general. (Imagen: CGAE)

González sostiene que el Gobierno «no puede dejar pasar la oportunidad de incorporar la solución de este problema al acuerdo alcanzado el miércoles con patronales y sindicatos para facilitar el acceso a la jubilación». Tal y como informó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, “el acuerdo incluye mejoras en las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos que recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación”. 

Para el presidente de la Abogacía, «el espíritu de esa parte del acuerdo, así como de otras reformas recientes en el funcionamiento de la Seguridad Social está en plena sintonía con la reclamación de los mutualistas, a quienes no se está teniendo en consideración en la misma medida que otros colectivos».

Un derecho reconocido y protegido por la Constitución

Tras constatar con el secretario de Estado que «el Gobierno trabaja para poner en marcha una propuesta en los próximos meses», el presidente del CGAE hizo hincapié en la reunión en «la importancia de abordar la cuestión en términos de derechos constitucionales, pues el derecho a una pensión digna está recogido y protegido por los artículos 41 y 50 de la Constitución».

González informó al secretario de Estado que «el enfoque constitucional de esta cuestión no parte sólo de la demanda de los afectados, sino que es la conclusión coincidente de los diferentes informes técnicos elaborados por distintos catedráticos, magistrados eméritos y consultores, realizados a instancias de diferentes instituciones y colectivos».

PSOE, Sumar y Podemos piden fijar un plazo para la solución a los mutualistas con pensiones bajas

Como ha informado este diario, PSOE, Sumar y Podemos han pedido fijar un plazo para la solución a los mutualistas con pensiones bajas y han presentado enmiendas para forzar una respuesta legislativa en tres meses desde que se apruebe la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Por su parte, desde el PP consideran que estas enmiendas se incluyen en una ley que nada tiene que ver con el tema, «solamente entretienen, y no conducen a nada», y que es «imprescindible» que el Gobierno ultime la propuesta normativa sobre la pasarela al RETA, según ha señalado a Economist & Jurist la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro. 

Fachada del Congreso de los Diputados. (Imagen: RTVE)

Desde la Plataforma Pasarela al RETA han publicado un comunicado en el que informan que el presidente del CGAE planteó al secretario de Estado «la necesidad de solucionar la situación de los mutualistas alternativos, manifestando expresamente que hay que tratarles igual que a los autónomos, con derecho, como mínimo, a la cuantía de la pensión contributiva. Y planteó la necesidad de constituir una mesa entre las partes afectadas, la abogacía institucional –CGAE– y el Ministerio, una propuesta que fue rechazada por el secretario de Estado».

«Se ha debatido sobre el alcance del artículo 41 de la Constitución Española, aspecto que Borja Suárez parece focalizarlo en el estado de necesidad», y los asistentes a la reunión «le han recordado que otros extremos, tal y como reflejan los informes que se han entregado en otras ocasiones, inciden en una mayor amplitud del referido precepto, que debería proteger a todos los ciudadanos tal y como textualmente se prevé en el artículo».

Piden que se reconozca el 1×1

María José Almodóvar afirma que «lamentablemente, parece que el Ministerio no se ha movido en el planteamiento de la pasarela que pretende legislar y ya había comunicado a la Plataforma en su reunión anterior, que es el que hemos oído de la ministra, habiendo escuchado, no obstante, atentamente las observaciones de las abogadas asistentes, y cómo éstas, de forma unánime, han insistido en la necesidad de que sea para todos y reconozca el 1×1, un punto irrenunciable que el propio Salvador González ha apoyado».

«La pasarela al RETA sólo será válida si se reconocen todos los años cotizados. Es decir, el denominado 1×1″, según ha declarado también a Economist & Jurist la secretaria general del Sindicato Venia, Belén García García, el único sindicato de abogados, el resto de organizaciones son asociaciones.

A juicio de este sindicato, que «se compute año por año es la única salida digna para los mutualistas» y así se lo plantearon la semana pasada a Salvador González en la reunión que el presidente del CGAE mantuvo el 24 de julio con organizaciones de la abogacía y la procura, entre ellas la Plataforma Pasarela al RETA, en la que se encuentra integrada Venia.

«Desde el Gobierno y los partidos políticos se preguntan cómo los abogados nos se dieron cuenta de la verdadera situación en la que se encontraban como alternativos al RETA en Mutualidad. Dan a entender que nosotros queremos aprovecharnos de las arcas del Gobierno tras haber pagado poco en el sistema de Mutualidad, pero esa no es la realidad, porque no se tiene en cuenta la carencia de derechos durante toda la vida del mutualista y otros pagos complementarios que han tenido que hacer para poder acceder a un sistema de salud», señala a este diario Belén García.

«Recordar que fueron los Colegios los que nos empujaron a adscribirnos a ese sistema, que los abogados no tenemos por qué saber de todo y que confiamos en aquellos que nos representaban. Salvador Gonzalez parece haber entendido cuál es el problema y cuál es la solución que urge adoptar cuanto antes», concluye.

Belén García, secretaria general del sindicato Venia, en el plató de Economist & Jurist durante una entrevista con el director general de Economist & Jurist Group, Pablo Capel Dorado. (Imagen: E&J)