Salvador Viada (APIF): «Resulta incompatible ser fiscal general del Estado y al mismo tiempo estar imputado por el Supremo»

«El fiscal general del Estado debe dimitir. Resulta incompatible ser fiscal general del Estado y al mismo tiempo estar imputado por el Supremo». Así lo señala a Economist & Jurist Salvador Viada Bardají, vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal, quien lamenta el «deterioro objetivo» de la imagen de la Fiscalía que supone tener a su jefe investigado en el Tribunal Supremo (TS).

«Dice que lo mejor para la institución es quedarse, pero será para él, ya que desde la Fiscalía puede actuar en el proceso de una manera ventajosa para sus intereses, desde dentro», apunta Viada.

«Procesalmente, quedarse, aunque él no quiera, significa utilizar a la institución para defenderse él», y esto es un conflicto de intereses absolutamente inaceptable», sentencia este fiscal del Supremo, que denuncia que «la Fiscalía, desde hace ya mucho tiempo, tiene un problema de politización», y «cuando toca un fiscal general malo que trabaja para el Gobierno, afecta a toda la institución».

«Con un Ministerio Fiscal politizado es imposible avanzar en nada porque entonces se deja en manos del Gobierno la investigación de los delitos», señala Viada

Para Viada, «actualmente, se ha llegado ya a un punto en el que no hay ni la menor duda de que se está trabajando para el Gobierno desde la Fiscalía», y esa «sintonía» que hay entre el Ejecutivo y el fiscal general del Estado «hace un daño tremendo a la institución, que tiene que actuar con imparcialidad y no puede ejecutar políticas criminales de nadie». A su juicio, «lo que han hecho con el caso Tsunami, la pareja de Ayuso y el tema del procés es un atropello». 

El vocal de la APIF subraya que hay que separar a la institución del investigado, y que la Fiscalía General del Estado no puede servir para defender a Álvaro García Ortiz, sino que tiene que defenderse él mismo.

«García Ortiz tiene, como investigado, una serie de derechos de índole procesal, como son guardar silencio, ocultar aquellos datos que le puedan perjudicar procesalmente, actuar en todo caso en defensa de sus intereses, pero el fiscal general no, ya que tiene que velar porque la legalidad se cumpla. Por tanto, es imposible separar en un asunto de esta naturaleza la actuación de Álvaro García Ortiz con la actuación del fiscal general, la única manera es que se vaya y se defienda desde fuera de la institución», insiste Viada.

El Supremo ha abrierto causa contra el fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. En la imagen, García Ortiz junto al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, el pasado mes de septiembre en el acto de apertura del año judicial. (Imagen: Poder Judicial)

También señala que «la UPF, con García Ortiz al frente, reclamaba la dimisión y la cabeza de Manuel Maza, cuando el entonces fiscal general del Estado, por hechos que siendo muy graves eran menos que los de ahora, pero, sin embargo, actualmente con un fiscal general investigado defienden que lo que hay que hacer es sostener al jefe de la institución».

Ello, evidencia, para Viada, que «no tienen un criterio único con independencia de dónde venga el fiscal general del Estado, sino que es variable, dependiendo de la ideología, la procedencia o el nombramiento del fiscal general», y hace hincapié en que eso no puede ser. 

«El gran problema de la politización del Ministerio Fiscal es ese, que para ciertos sectores de la Fiscalía las cosas se ven de manera distinta según afecten a unos o a otros», lamenta Viada, recordando que el criterio de los fiscales ha de ser «la imparcialidad y la ley, y eso no puede estar condicionado por la identidad del afectado». 

Subraya que «es necesario blindar al fiscal del caso, incluso de la jerarquía de la propia institución»

Medidas para «despolitizar» la Fiscalía

Este fiscal del Tribunal Supremo, con 41 años de ejercicio en la Carrera Fiscal, afirma que para intentar despolitizar la Fiscalía de España lo primero que hay que hacer es que Álvaro García Ortiz deje de ser el máximo representante, permitiendo que se abra una nueva época.

Y no lo dice sólo por el hecho de estar ahora investigado, ya que «esta situación se suma a otros comportamientos del fiscal general, como haber sido condenado por desviación de poder». A su juicio, todo ello conlleva que no pueda ser considerado idóneo para ese cargo. 

De hecho, la APIF presentó el pasado mes de abril una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo impugnando su nombramiento. Con ello, fue la primera vez que se recurrió su designación por «no ser idóneo», la anterior fue por «no cumplir 15 años de ejercicio profesional», en referencia al magistrado emérito y exfiscal general del Estado Elicio Hernández, a quien el Gobierno de Felipe González le computó como ejercicio efectivo en la Carrera Judicial los ocho años como cargo político, y el Alto Tribunal lo tumbó.

Insta a regular un sistema baremado de promoción profesional que evite «la arbitrariedad que se está produciendo en los nombramientos desde hace un tiempo»

El fundamento de la demanda radicó precisamente en la «falta de idoneidad», «acreditada por la reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos, omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo, culminado con la condena del Tribunal Supremo por desviación de poder, relativa al nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, exministra de Justicia», según informó en su día a Economist & Jurist su presidente, Miguel Pallarés Rodríguez. 

Salvador Viada, tiene a sus espaldas 41 años de ejercicio en la Carrera Fiscal, se jubilará el próximo mes de abril. (Imagen: E&J)

Para Viada, «para despolitizar la Fiscalía es necesario buscar un sistema de elección del fiscal general del Estado que no dependa exclusivamente del Gobierno: Que el Ejecutivo tenga que elegir entre unos candidatos propuestos por una mayoría muy amplia del Parlamento». «De esa manera, el nombramiento no depende sólo del Gobierno, sino que lo elige una terna muy amplia con mucho consenso», precisa.

Y destaca que «sin un presupuesto propio e independiente del Ministerio de Justicia, la Fiscalía nunca dejará de ser un apéndice supeditado al Gobierno de turno».

También ve esencial que se revise internamente el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «para evitar que los atropellos que se están produciendo, se puedan volver a repetir». «Esto está ligado a los avances que requiere el sistema procesal: que sea el fiscal quien lleve la investigación. Y con un Ministerio Fiscal politizado es imposible avanzar en nada porque entonces se deja en manos del Gobierno la investigación de los delitos», advierte.

Asimismo, asevera que hay que regular internamente las garantías de los fiscales. «Una de ellas, la más importantes, es respetar al fiscal al que le toca el asunto y que el fiscal general no pueda saltarse al encargado del caso porque no comparta su criterio o porque le da órdenes que no obedece, algo que es completamente ajeno a un sentido elemental de Justicia o de imparcialidad», explica. 

En otras palabras, «es necesario blindar al fiscal del caso, incluso de la jerarquía de la propia institución», precisa.

Además, afirma que hay que establecer mayores garantías internas, contrapesos, a la actuación del fiscal general del Estado, «para que determinadas decisiones no se pueden adoptar exclusivamente por voluntad suya sin atender a razones». Igualmente, reclama que haya algún tipo de responsabilidad para el fiscal general. 

Asimismo, considera que hay que regular un sistema baremado de promoción profesional que evite «la arbitrariedad que se está produciendo en los nombramientos desde hace algún tiempo, y que ha obligado al Tribunal Supremo a revocar varios. «Con ello, se limitaría la facultad del fiscal general del Estado de imponer candidatos por criterios de afinidad política y/o ideológica».

Salvador Viada afirma que con todas estas medidas «poco a poco, la institución iría recobrando criterios de mérito en la promoción a los principales puestos». «De esta forma, nos acercaríamos a lo que dispone nuestra Constitución, que es la promoción profesional por mérito y capacidad, evitando así lo que está pasando en la actualidad. Como indicaba el anterior presidente de la APIF, Juan Antonio Frago, «los fiscales veteranos siempre serán postergados si no están en la línea de quien gobierna la carrera».

El presidente de la APIF, Miguel Pallarés (Granada, 1964). (Imagen: E&J)

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