“Sánchez reprocha a Rubiales su comportamiento, pero aún no ha aprobado el protocolo contra el acoso sexual en la Administración”

Este sábado, en un mitin en Málaga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvía a insistir en la apuesta por la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres de su Ejecutivo, reprochando el comportamiento del presidente del fútbol español, Luis Rubiales. Sin embargo, CSIF denuncia que, en la práctica, la realidad es otra.

El sindicato sostiene que los profesionales que sufren acoso sexual en el ámbito laboral en la Administración General del Estado están en una desprotección total por no existir un protocolo establecido que proteja a estas personas.

Nueve meses después de su programada firma, la Administración General del Estado sigue sin contar con un protocolo contra el acoso sexual en el ámbito laboral. Asi lo denuncia Eva Fernández, responsable de Igualdad del sindicato mayoritario CSIF, quien revela a Economist & Jurist que situaciones de abuso como la de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso podrían darse en la Administración.

Desde su punto de vista, parece que “al Gobierno los asuntos de igualdad no le importan mucho y se están equivocando. Todo lo concerniente a la igualdad es clave para construir una sociedad plural donde se respete a todo el mundo”, apunta.

Según comenta Fernández, se ha negociado en la pasada legislatura entre los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT, CSIF y el ministerio de Función Pública. “En noviembre del 2022, llegamos a un acuerdo sobre el contenido del protocolo. Su firma estaba prevista para el pasado 25 de noviembre. Pero el día anterior a la firma nos llamó la Administración para anular la reunión por motivos de agenda y nunca hemos vuelto a saber del tema”.

Pedro Sánchez en una reunión hablando de los derechos de la mujer (Imagen: PSOE)

Al mismo tiempo el III Plan de Igualdad para de Genero en la Administración General del Estado suscrito por la que era en aquel momento ministra de Función Publica y los sindicatos mayoritarios aún no se ha implementado a nivel práctico. Ese plan de igualdad, con medidas interesantes, sigue en un cajón de dicho ministerio sin desarrollarse.

Este tipo de Plan no está tampoco implantado en todas las comunidades Autónomas de nuestro país. Así, esta experta nos señala que “se ha firmado recientemente en Andalucía y Comunidad de Madrid, en Extremadura no hay plan de igualdad ni se ha negociado, en Castilla Leon se negoció, pero no esta en marcha. Estamos luchando para que se cumpla la ley, pero parece que las CCAA no están por la labor”.

Un protocolo necesario

Desde CSIF, sindicato mayoritario, se ha alzado la voz sobre esta carencia. “Este protocolo afectaría a más de 230.000 personas, teniendo en cuenta que son las que dependen directamente de la Administración General del Estado y que además, hay empresas que trabajan con la Administración, que también estarían afectadas por esto”, apunta su responsable de Igualdad.

De ese total señala que “más de 120.000 serian mujeres que son a quienes les afecta más el acoso sexual en el ámbito laboral. Es una situación muy grave que la empresa mas grande de nuestro pais no de ejemplo, cuando debería ser pionera y marcar el camino para el resto de administraciones de nuestro pais y para el resto de empresas privadas de nuestra economía”:

Esta experta subraya que “cuando alguien sufre acoso sexual o por razón de sexo, lo primero que necesita es saber y conocer que hay un mecanismo que va ayudarle. Si no existe ese mecanismo claro y confidencial con unos plazos en los que se va a proteger cuando denuncies, mucha gente lo que hace es tener miedo y no denunciar. Al final se generan situaciones dramáticas para muchas de estas personas acosadas”.

En este contexto, “la única solución que se plantea es cambiar a esa persona de centro de su trabajo para huir de su acosador, pero realmente no es la mejor solución para este tipo de asuntos. Acoso sexual o por razón de sexo hay porque recibimos esas quejas en nuestro sindicato. Nos cuentan lo que les están pasando, pero no hay mecanismos internos para que puedan denunciarlo. Sin ese protocolo, no podemos tener estadísticas de personas acosadas”.

Eva Fernández, Secretaria Nacional de CSIF (Imagen: CSIF)

Eva Fernández constata el sentir de CSIF de que “estamos ante un problema muy grave. Llevamos años denunciándolo con la gran frustración que estábamos a punto de firmarlo y no se firmó. Es un mecanismo que tiene que ser rápido, sencillo, eficaz y confidencial. Este protocolo negociado establecía un plazo de 30 días para resolver estas denuncias”.

Sin embargo, “en la actualidad, tu le cuentas a alguien el problema que tienes y no sabes si va a tardar seis meses, si te van a proteger o no. Situaciones como la Rubiales y su beso son sinónimos de abuso de autoridad y refleja que queda mucho por avanzar en materia de igualdad en nuestro país».

En qué consiste el protocolo

Una vez que se firme, el protocolo se elevará al Consejo de Ministros para darle rango de Real Decreto y contemplará un mecanismo de actuación y protección a las víctimas, que deberá ser resuelto en un plazo no superior a los 30 días desde que se produce la denuncia.

Estos expedientes serán paralelos a la actuación judicial (en la actualidad se suspenden cuando hay una denuncia en los tribunales) y se establece la figura del ‘asesor confidencial’, un compañero o compañera debidamente formada en cada departamento ministerial u organismo público que acompañará a la víctima en todo momento.

Se contempla un listado de conductas de acoso sexual. El Protocolo recoge varias categorías: “Conductas verbales” (supuestos de insinuaciones sexuales, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, sugerentes o desagradables, llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados, bromas o comentarios sobre apariencia sexual, entre otras).

Otros comportamientos tipificados son “conductas no verbales” (exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas impúdicas y gestos, cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales de carácter ofensivo o con claro contenido sexual), y “Comportamientos físicos” (contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico excesivo e innecesario y gestos obscenos).

Evento sobre igualdad de la Fundacion Womans Week, donde participa Eva Fernandez, Secretaria Nacional de Igualdad de CSIF, tercera por la izquierda (Imagen: Fundación Womans Week )

Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo: el demérito de la valía profesional por el hecho de la maternidad o paternidad, conductas hostiles hacia quienes ejerciten sus derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona, su puesto de trabajo y su implicación, por razón de género, ejecutar conductas discriminatorias por ser hombre o mujer, utilizar formas denigrantes de dirigirse a personas de un sexo determinado o ignorar aportaciones, comentarios o acciones (excluir, no tomar en serio).

Conductas constitutivas por orientación sexual o identidad o expresión de género: ignorar aportaciones, realizar comentarios o acciones que afecten a la dignidad de la persona, dirigirse con maneras ofensivas o llevar a cabo conductas que denoten una falta de respeto por la diversidad sexual y de género, ridiculizar a la persona o utilizar humor de forma despectiva, menospreciar el trabajo o utilizar humor sexista y vejatorio de manera reiterada y con intención de vejar.

Administraciones y violencia de género

Desde CSIF se insiste en que las administraciones públicas deben jugar un papel fundamental reforzando la prevención en ámbitos como la sanidad y la educación

Esta organizacon sindical, la más representativa en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, considera que el conjunto de la sociedad (partidos, administraciones, agentes de la sociedad civil y en líneas generales el conjunto de la ciudadanía) debe renovar su compromiso contra la violencia de género, especialmente tras las cifras de asesinatos registrados en lo que va de año y en particular, el repunte de este verano, el peor de los últimos años.

El área de Igualdad en CSIF es una Secretaria Nacional dentro del Comité Ejecutivo de este sindicato donde, junto al presidente, Miguel Borra y a los vicepresidentes hay varias secretarias, una de ellas Igualdad. Hay una persona responsable en cada CCAA y otra en cada provincia con la propia Fernández como Secretaria Nacional.

Eva Fernández es Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF, (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato desde 2019. Lleva quince años trabajando por los derechos de la mujer y la igualdad de género como sindicalista y, en 2021, fue elegida Presidenta de la Comisión horizontal estatutaria de Empleo y Asuntos Sociales de la CES

Al mismo tiempo, todas las sedes de CSIF son Puntos Violeta contra la Violencia Machista. “Eso significa que podemos dar asesoramiento a cualquier persona que tenga problemas de este tipo. Nuestro trabajo es este además de dar formación, desarrollar planes de igualdad y otras cuestiones afines”.

Mañana lunes, 4 de septiembre, se reúne de nuevo el Comité de Crisis del Pacto contra la Violencia de Género. En este sentido, CSIF pide que se implanten mejoras en la coordinación de los diferentes ámbitos y administraciones (policiales, judiciales, sociales, etc.) y aumentar los recursos públicos. “Confiamos en que la reunión del Comité de Crisis del Pacto contra la Violencia de Género –que se celebra el próximo lunes, 4 de septiembre- sea un primer paso”, apunta.

María Jesús Montero. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Para Fernández, las administraciones públicas deben jugar un papel fundamental desde todos sus ámbitos en la lucha contra esta lacra: la Educación, la Sanidad, la Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Servicios Sociales… son la columna vertebral de nuestro sistema de protección y el engranaje de todas las medidas que contempla la Ley Integral.

Por tanto, deben de estar dotadas de personal, medios y financiación suficiente si realmente queremos ser efectivos dando apoyo a las mujeres maltratadas y poniendo cerco al maltratador. También es necesario reforzar la prevención y actuación en el ámbito laboral mediante la negociación y puesta en práctica de protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo (aún pendientes de implantar en muchos centros de trabajo). Desde CSIF se reclama poner en marcha otras iniciativas para reforzar esta lucha contra la violencia de genero

Faltan especialistas en Viogen

“La primera de ellas es el desarrollo de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la Violencia de Género como parte de una nueva estrategia para detectar y ayudar dentro del ámbito laboral, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas, a las posibles víctimas de violencia de género” apunta Fernández

A su juicio, “hay ciertas figuras dentro del ámbito laboral que son claves. Esta figura nueva que planteamos es similar al Delegado de Prevención en Riesgos Laborales para temas de igualdad y contra la violencia de genero. Un profesional que este especializado en estos temas y que pueda ayudar en el ámbito laboral a cualquier persona que lo necesite”, señala.

“Habria que crear esta figura para que pudiera dedicarse a estas cuestiones. No podemos olvidar que una mujer que sufre violencia de género tiene una serie de derechos laborales, pero hay mujeres que no los conocen. Lo que hacen es cambiar de trabajo y de ciudad. Seria bueno que existiera esta figura como orientadora a estas otras que sufren esta problemática “.

Otra cuestión que se reclama desde CSIF es la puesta en marcha de programas específicos en toda la Administración Pública en materia de formación en asistencia a las víctimas y especialización de los perfiles. “Es importante la formación para poder detectar situaciones de acoso que nadie debe sufrir, pero para ello hay que tener la formación adecuada para conocer los comportamientos que se deben desterrar”, apunta Fernández

También se subraya la necesidad de aplicar un Protocolo de Movilidad para mujeres víctimas de violencia de género, sin menoscabo de sueldo ni de la promoción profesional en todas las administraciones públicas, así como incorporar a la estadística nacional los datos de movilidad. “Se está implementado progresivamente y ayuda a la persona víctima de violencia a cambiar de lugar de trabajo pero no hay datos oficiales reales de quién lo utiliza. No se sabe las mujeres que realmente lo están utilizando en la actualidad “. Por ultimo, CSIF reclama que se impulse la negociación de los convenios colectivos y planes de igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas de la violencia machista.