Sanitas y Generali, en el punto de mira de la CNMC: el regulador abre una investigación por posibles prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a Sanitas, S. A. de Seguros (Sanitas) y a Generali España, S. A. de Seguros y Reaseguros (Generali) por supuestas conductas contrarias al artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) (S/0008/25).

En octubre de 2022, ambas firmaron un acuerdo por el que Sanitas asumió la gestión de los servicios asistenciales de los clientes de Generali y su pago a los centros hospitalarios. El acuerdo, de 10 años, entró en vigor el 1 de enero de 2023.

La CNMC investiga si las aseguradoras fijaron los precios y las condiciones comerciales o de servicio de las pólizas de todos los clientes actuales y futuros de Generali afectados por el acuerdo.

Además, analiza si existen cláusulas que podrían limitar la competencia entre ambas aseguradoras, ya sea en relación con ciertos clientes o en otros mercados ajenos al acuerdo.

Tras analizar la información recopilada en la fase de información reservada, la CNMC ha identificado indicios racionales de una posible infracción del artículo 1 de la LDC por parte de ambas compañías.

A los cinco meses de la entrada en vigor de este acuerdo, ASPE denunció que esta alianza vulneraba la normativa sobre defensa de la competencia, alegando que reducía unilateralmente un 20 % las tarifas previamente pactadas, haciendo uso abusivo de una posición de dominio por parte de las aseguradoras. Por ello, ASPE informó que iba a iniciar sendos procedimientos ante la CNMC y los tribunales.

En julio de 2023, ASPE dio un paso más y envió un comunicado en el que indicaba que se había «visto obligada a acudir a instancias judiciales y administrativas por la práctica anticompetitiva implementada por Sanitas, S. A., y Generali España, tras frustrarse los intentos de dialogar con ambas aseguradoras de salud desde hace meses como entidad de representación del sector».

Para un experto en derecho de la competencia, como Andoni de la Llosa, socio director de Redi Abogados, en el sector seguros ya hubo investigaciones años atrás. En este sentido, recuerda el cártel del seguro decenal «que, aunque parece no tener nada que ver con esto, sí apuntaba algunas prácticas anticompetitivas».

Santiago Villa, consejero delegado de Generali; e Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica.  Foto SANITAS

Desde su punto de vista, estamos ante un contrato de reaseguro habitual de los muchos que se hacen en el sector. «Al parecer, suelen hacer algún tipo de acuerdo similar, pero eso no significa nada».

Supuestamente, este expediente parte de una denuncia presentada por ASPE, grupo privado de sanidad privada. Al mismo tiempo, han interpuesto unas diligencias preliminares ante un juzgado mercantil de Madrid por el mismo asunto. «Por lo que sabemos, parece que la CNMC intuye que este acuerdo puede ser anticompetitivo», expresa De la Llosa.

Según se ha sabido, los hospitales tenían unas tarifas cerradas con Generali. «Si tenías un seguro de salud e ibas a un hospital, Generali abonaba la tarifa que hubiera pactado con ese hospital», rememora.

Por lo que comenta este experto, según señala ASPE, lo que ha hecho Generali ha sido rescindir todos los acuerdos con estos hospitales y adscribirse al cuadro médico de Sanitas, que, al ser más grande, paga menos a los hospitales. «Se habla de la bajada del 20 % de las tarifas. Al final, lo que denuncian es que, si esa alianza se consolida, no tengo más remedio que firmar sus condiciones, pongan el precio que pongan».

En ese sentido, hay que recordar que la unión de Sanitas y Generali supone el 21,5 % del sector. «Eso hace que muchos de los establecimientos de ASPE tengan que aceptar dichas tarifas. A raíz de la alianza, el pago de Generali es más bajo con esta nueva alianza, y eso es lo que denuncian», prosigue.

Sobre el acuerdo, De la Llosa indica que «podría haber más perjudicados, según la información de la CNMC, porque podría suponer una fijación de precios de pólizas a futuro. Quizá este acuerdo pueda perjudicar a los asegurados de Generali, no solo a los actuales, sino también a los futuros».

Desde su punto de vista, un acuerdo entre competidores ya hace sonar las alarmas de la CNMC. «Si también se habla de la fijación de precios y de condiciones comerciales, no solo actuales, sino futuras, podríamos estar ante una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, lo que supondría una infracción muy grave y conllevaría una sanción», critica.

Habitualmente, los acuerdos de concentración deben comunicarse al regulador. «En este caso, ellos lo han calificado de prestación de servicios. Quizá por eso no lo han notificado, de ahí la denuncia. Lo que sí sorprende del asunto es la rapidez con la que actúa la CNMC en relación con otros casos. Aquí han incoado muy rápido, lo que es bastante atípico», reflexiona.

Andoni de la Llosa analiza para E & J este asunto que ha conmocionado al sector seguros tras entrar la CNMC a investigarlo   (Redi Abogados)

Sobre el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, indica que es el que «prohíbe que haya cárteles entre compañías o acuerdos entre dos o más sujetos que puedan, de alguna manera, perjudicar a la competencia. Esta denuncia de ASPE es un paso previo al cártel. Para calificarlo como tal, debería cumplir una serie de requisitos adicionales. Habrá que ver la investigación. Hablamos de dos competidores directos que, con este acuerdo, dejan de competir entre ellos, por lo que se aprecia».

El camino que espera a este asunto es una investigación de hasta 24 meses. «Podrían acabar antes, pero no es lo habitual. Habrá una resolución para luego acabar en la vía judicial: primero la Audiencia Nacional y, después, el Tribunal Supremo. Hasta que el asunto sea firme, pueden pasar siete u ocho años. Este tipo de casos siempre suelen acabar en los tribunales. También se podría sancionar a directivos, como en otro tipo de asuntos», puntualiza.

Desde su punto de vista, «lo interesante es que, de forma paralela, habrá un procedimiento en la jurisdicción mercantil que ha interpuesto el propio ASPE como colectivo afectado. Vamos a ver cómo avanza. Que los asuntos de la CNMC tarden siete u ocho años en resolverse anima a las empresas a interponer, de forma paralela, demandas en estos juzgados de lo mercantil».

Las empresas están tranquilas

Generali y Sanitas han manifestado, tras conocerse la investigación abierta por la CNMC, que el acuerdo entre ambas aseguradoras cumple con la legalidad «en términos de competencia».

Ambas compañías se han puesto a disposición de la CNMC para facilitarle toda la información necesaria y demostrar que su acuerdo de reaseguro por prestación de servicios cumple con la legalidad vigente.

Según han explicado, se trata de un acuerdo de reaseguro de prestación de servicios habitual en el sector. Han indicado que, gracias a él, los 140.000 asegurados de salud de Generali se están beneficiando de los servicios médicos de Sanitas, con su red de médicos y hospitales.

Las aseguradoras han explicado que, tras el acuerdo, los clientes de Generali, que están siendo los grandes beneficiados, ampliaron en más de un 43% el cuadro médico a su disposición.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su resolución.