Sergio Oliva, juez y portavoz de AJFV: «Lo que vende hoy en día es el político que critica sin criterio jurídico»

«La sentencia que absuelve a Dani Alves, desde el punto de vista jurídico, es una gran sentencia. Su ponente, además, es una mujer feminista muy valorada en la carrera judicial, que aparte de ejercer como magistrada, da cursos de perspectiva de género en la carrera judicial». Así lo considera Sergio Oliva, juez y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), quien en una entrevista en el plató de Economist & Jurist profundiza acerca del complejo momento que está atravesando el Poder Judicial en la actualidad.

En conversación con Pablo Capel, director general del Grupo, Oliva también reflexiona sobre la Ley del Solo Sí es Sí, cuya aprobación —en su opinión— fue un completo error, pues no tuvo en cuenta la integración de una disposición transitoria que evitase la salida de miles de violadores de la cárcel. «En aquella época escuché que se decía que los jueces estaban contentos con dejar fuera a estos criminales. Pero, ¿en qué cabeza cabe criticar que el juez aplique una Ley? Hacerlo implica no conocer las preocupaciones que tienen los jueces en su día a día», comenta en esta primera parte de la entrevista, cuya segunda parte estará disponible para suscriptores a partir de este jueves, 10 de abril.

Respecto a la aprobación de esta Ley, este profesional también recuerda que desde la asociación judicial AJFV, conscientes del polémico devenir que podía producirse con su publicación, no tardaron en advertir que había «un riesgo evidente de que se rebajaran las penas». Sin embargo, reconoce que cuando lo hicieron se les tildó rápidamente de fascistas, de incompetentes y de machistas, lo que, no obstante, quedó desmentido en cuanto «los hechos les dieron la razón».

Ahora bien, preguntado acerca de las recientes declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, quien la pasada semana expresó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que absolvía al futbolista Dani Alves de un delito de agresión sexual, suponían un retroceso en materia de igualdad, el portavoz de AJFV reitera que uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático es la presunción de inocencia. «El problema está en que, si se traslada a la sociedad la idea de que la presunción de inocencia no tiene valor primordial en un Estado de Derecho, se está confundiendo a la ciudadanía», reprocha.

Opinión igual de crítica es la que tiene sobre el resto de políticos, quien considera que están forzando un proceso de «deslegitimación del Poder Judicial mediante la búsqueda de la debilitación del único Poder verdaderamente independiente». Se refiere al poder que tienen los juzgados y tribunales, que llevan años siendo atacados por el Poder Ejecutivo y Legislativo a fin de quedar sometido en manos de unos pocos políticos. En este sentido, señala que declaraciones como las de Montero reflejan la evidente necesidad de control por parte del Gobierno de turno, motivando un escenario «de trinchera, de crítica sin razón», falto de un debate cometido.

«Hay una desconfianza absoluta hacia el Poder Judicial y lo que vende hoy en día es el político que critica sin razón y sin criterio jurídico las resoluciones. Yo quiero remarcar que es importante que se critiquen, que es importante que haya una discusión pública, pero con argumentos jurídicos. El tema está en que, como las palabras empleadas en las sentencias nos suenan a todos y son entendibles, la gente cree que sabe de todo. Nadie pondría en duda un dictamen médico sobre un oncólogo que está tratando un cáncer con terminología médica de las enfermedades, porque parte de la base de que no tiene ni idea de eso. Esa misma razón no se aplica al Derecho. Pero no podemos opinar de todo», cavila mostrando cierta indignación.

La confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial es otro de los grandes retos de nuestro tiempo, y recuperar ese vínculo pasa necesariamente por una revisión crítica tanto del lenguaje como de las formas. Así lo sostiene Oliva, quien para él existe una asimetría en el nivel discursivo entre los juristas y el ámbito político, donde el primero se mueve en un terreno técnico-jurídico y el segundo en uno persuasivo y ciudadano. Esta diferencia, sostiene, ha llevado a que parte de la población perciba al Poder Judicial como un actor subordinado, alejado y, en ocasiones, molesto para el poder político.

En este sentido, Oliva reconoce que el lenguaje técnico de las resoluciones judiciales muchas veces actúa como una barrera de comprensión para la ciudadanía. Aunque la función del juez no es divulgar, admite que sería deseable que el Consejo General del Poder Judicial contara con portavoces especializados que pudieran explicar las decisiones judiciales más mediáticas con un lenguaje accesible. Ejemplos como el caso de Dani Alves o la controvertida Ley del Solo Sí es Sí ponen de manifiesto la necesidad de contar con figuras que acerquen la justicia al ciudadano.

Asimismo, hace autocrítica sobre la percepción de independencia del propio Poder Judicial. «Somos independientes, pero también debemos parecerlo», sostiene. El modo en que se elige al Consejo General del Poder Judicial genera dudas entre la población sobre la posible politización del sistema judicial. A esto se suma el peso del discurso político, que muchas veces desacredita públicamente a jueces y resoluciones, lo que incide negativamente en la legitimidad del sistema.

Durante la conversación, también se abordaron temas de fondo como el derecho penal de autor o la discriminación positiva en el ámbito jurídico. Aunque Oliva se mostró prudente al valorar este tipo de cuestiones desde su rol institucional, sí reconoció que algunos discursos políticos parecen querer dirigir el derecho penal hacia terrenos peligrosamente selectivos, lo que enciende alarmas sobre el respeto a los principios universales del Derecho. «Estamos en un mundo tan politizado que da miedo lo que pueda pasar si se eleva aún más el nivel de crispación», advierte.

Finalmente, se planteó un escenario hipotético: ¿qué haría un juez si tuviera que aplicar una Ley injusta, discriminatoria, pero aprobada conforme al principio de legalidad? La respuesta de Oliva fue clara: el juez tiene que aplicar la Ley. «Puede acudir al Tribunal Constitucional o a instancias europeas, pero no puede dejar de aplicar una norma vigente, por muy injusta que le parezca. Si lo hiciera, el juez dejaría de ser juez», concluye sin miramientos, incluso a sabiendas de que esta Ley podría contradecir su ética personal.