Telefónica cambia de rumbo: nombra un nuevo presidente y genera dudas sobre su independencia

Telefónica ha dado un giro de 180 grados al anunciar, el pasado sábado, 18 de enero, el cese de José María Álvarez-Pallete como presidente de la compañía, cargo que venía ocupando desde hacía casi nueve años. Horas después de que se conociera esta decisión, que sorpresivamente fue ejecutada desde La Moncloa, se hizo público el nombre de su sucesor: Marc Murtra.

Murtra, cuyo nombre no es ajeno en el sector —ya que en 2021 fue nombrado presidente de Indra— ha dado ahora el salto a la mayor empresa de telecomunicaciones española. Sin embargo, su toma de posesión no ha estado exenta de polémica, pues nuevamente adquiere el cargo bajo la propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), empresa pública que actualmente dispone del 10% de las acciones de Telefónica.

Independiente o no, lo cierto es que Murta —ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña— durante varios años fue director general de la empresa pública Red.es y jefe de gabinete del ministro de Industria, Joan Clos, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A esto se suma el hecho de que posteriormente, en mayo de 2021, fue nombrado presidente de Indra, también gracias a un impulso por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Pero, ¿qué es realmente el SEPI y cuál es su papel en todo esto? Pues bien, Enrique Ferández-Sordo Llaneza, doctor en derecho mercantil y societario por la Universidad CEU San Pablo y abogado asociado en Krino Abogados y Asesores Tributarios, ha abordado tal cuestión explicando a este medio de comunicación que «la SEPI fue creada en 1995 para canalizar la participación estatal en lo que entonces eran entidades de titularidad pública, que sirve —según sus palabras— como un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. En esencia, constituye el brazo inversor del Gobierno que tiene entre sus teóricas funciones rentabilizar una participación empresarial en atención al interés público».

En este sentido, Fernández-Sordo considera que «en el caso de la entrada del Estado en el capital social de Telefónica, el interés público se justifica en el carácter estratégico de la compañía, toda vez que su actividad de telecomunicaciones es un sector regulado, amén de ser proveedora de servicios a la propia administración pública incluso en aspectos de defensa y seguridad nacional según informó la propia SEPI, y una entidad cuyo valor y relevancia nacional e internacional justifica, a mi juicio, una especial protección».

José María Álvarez-Pallete. (Imagen: Telefónica)

¿Un interés político detrás?

La posición estratégica de Telefónica es incuestionable. Así lo deja claro este experto y así lo confirman el resto. No obstante, que el Gobierno haya decidido —en acuerdo con el resto de accionistas— colocar a Marc Murtra al frente de la compañía en base (o no) a un interés político, ya es otra cuestión. Lo cierto, y así lo valora Fernández-Sordo, es que cuando el año pasado el SEPI compró el 10% del accionariado de Telefónica, el Gobierno sí tuvo en cuenta cuáles podían ser los mejores intereses para el país, pues dicha decisión «fue la respuesta del Gobierno a la previa adquisición por el grupo saudí STC del 9,9%».

No obstante, aunque en aquél entonces muchos expertos aprobaron la decisión del PSOE como una supuesta táctica «de proteger el interés público de la empresa», el cambio de presidencia anunciado el pasado sábado está generando ciertas dudas entre la ciudadanía. Y en este mismo sentido lo ha expresado nuestro interlocutor, quien aunque no quiere adelantarse a los acontecimientos, sí observa que puede haber ciertos intereses «más de índole político que práctico».

«Si a esto se le añade que la persona nombrada pudiera ser cercana al partido del Gobierno y que viene de una entidad, como es Indra, todo ello sumado sumado a algunas investigaciones judiciales mediáticas que se están produciendo en estos momentos, es entendible que se generen dudas y cierto escepticismo entre la opinión pública, lo que no quita que aún sea demasiado pronto para sacar conclusiones o valoraciones precipitadas», opina.

Opinión similar es la que tiene Alba Orche, experta en derecho fiscal, quien aunque sí cree que la decisión «tiene dos partes muy diferenciadas: por un lado, la empresarial, y por otro, la política», descarta que haya «ningún tipo de teoría de la conspiración». En concreto, señala que «si esto se ha hecho por beneficio personal del presidente de Gobierno, no lo creo, y menos con una multinacional tan cotizada en el mercado como es Telefónica».

Para ella, el cambio de presidente tiene más un trasfondo de estrategia en temas de ciberseguridad y de alineación con la normativa europea sobre cómo proteger los datos y las empresas estratégicas, pensando especialmente en cuestiones de defensa. De hecho, recuerda que «durante los últimos nueve años de presidencia de Álvarez-Pallete, los números de Telefónica no han sido favorables. Si mal no recuerdo, Telefónica ha perdido un 60% de valor en bolsa. Unos 7.700 millones de euros en términos de ingresos, que es como un 46% menos».

Aunque reconoce que estas cifras pueden no ser atribuibles exclusivamente a Pallete, señala que la compañía sigue muy condicionada por su pasado como monopolio estatal, lo que implica una serie de obligaciones. En este sentido, explica que Telefónica debe alquilar sus infraestructuras a competidores y obtener autorización de la CNMV para ciertos paquetes comerciales, lo que limita su capacidad competitiva frente a empresas más pequeñas y ágiles».

Marc Murtra, nuevo presidente de Telefónica. (Imagen: Telefónica)

Habrá que esperar un poco más

Respecto a la decisión de reemplazar a Pallete por Murtra, Orche también subraya que, más allá de cualquier consideración política, «la decisión ha sido avalada por accionistas relevantes, como CaixaBank. Esto sugiere que, además de posibles motivaciones políticas, existe un peso empresarial y económico detrás del nuevo nombramiento. Personalmente, creo que la decisión está en la línea de hacer una serie de cambios estratégicos para hacer que Telefónica no sea solo propiedad de empresas, sino que también sea activo, estratégico del Estado».

Según su interpretación, este movimiento no solo tiene como objetivo reforzar la sostenibilidad financiera de la compañía, sino también consolidarla «como un activo estratégico» para el Estado. En su opinión, esta transformación pretende garantizar que Telefónica, además de operar como una empresa privada, cumpla con un papel más relevante en la esfera pública, especialmente en sectores clave como las telecomunicaciones, la ciberseguridad y la defensa, «ámbitos de gran importancia para la estabilidad y competitividad del país».

Ya si el papel de Murtra responde a una cuestión política, de pérdida de independencia de la entidad o de un aumento del control empresarial por parte del Gobierno, esta experta sugiere que hay que esperar. «A medida que avance la presidencia en Murtra se verá si prevalece el interés privado de Telefónica por encima de un posible intervencionismo del Estado. Ahora mismo es muy pronto para decirlo, y que creo que dudar, a priori y sin más información de por qué se toman decisiones de estas características, es echarle leña al fuego. El nuevo presidente aún está a tiempo de demostrar que es una persona solvente e independiente», indica.

Pese a la recomendación de esperar exteriorizada por estos dos expertos, desde las formaciones políticas de la oposición ya han sacado conclusiones al respecto. Destaca el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, quien ha manifestado que «ningún Gobierno puede cesar» al presidente de una compañía (cotizada o no cotizada) en el palacio de La Moncloa. Del mismo modo, ha señalado que el PSOE no puede obligar «a hacer un consejo de administración un sábado para una empresa cotizada, y un domingo para otra».

Finalmente, ha señalado que se debería activar «la alerta antidemocrática», ya que el Gobierno «no está respetando los principios de igualdad, libertad y separación de poderes, pues lo está intentando controlar todo. Primero fue el CIS, después la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, más tarde Radiotelevisión Española, la Agencia EFE, el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, ahora, empresas privadas como Telefónica».