Teletrabajo, contratación de interinos y creación de una Agencia Estatal, claves del acuerdo entre Seguridad Social y sindicatos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIG han llegado a un acuerdo este martes para desarrollar un plan estratégico para la Seguridad Social y evitar las jornadas de paros todos los viernes desde el 26 de mayo y la huelga del 7 de septiembre anunciadas por algunas de las centrales sindicales.

El problema ahora se mantiene en el cuerpo de letrados de la Seguridad Social, al margen de esta negociación y que ha visto reducida su plantilla a cuatrocientos profesionales, que tienen que lidiar con los cientos de juicios en los que están presentes, tanto de grandes empresas como de revisión de prestaciones en la propia Seguridad Social.

Desde la Asociación de Letrados de la Seguridad Social, entidad que engloba al 80% de los letrados que trabajan en las oficinas de esta entidad en toda España, ven necesario una nueva organización del servicio jurídico y han estimado el coste de resolver dicha reorganización con nuevos complementos específicos y de destino en dos millones de euros.

El acuerdo contempla la incorporación de 3.525 nuevos efectivos. En concreto, 2.500 lo harán mediante Oferta Pública de Empleo (OPE). Las 1.025 plazas restantes, cuyos efectivos, que fueron contratados para reforzar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se convertirán en plazas estructurales. Además, el Ministerio se ha comprometido a elaborar un plan de recursos humanos para el conjunto del sistema de la Seguridad Social.

Y es que la pérdida de efectivos en la Seguridad Social ha sido notable. Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la Seguridad Social ha perdido el 24% de sus efectivos en la última década.

Sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Cádiz. (Foto: INSS)

En 2012, al inicio del grueso de los recortes y las políticas de austeridad, había en la tesorería general y los entes vinculados un total de 30.217 trabajadores públicos. Hoy, 10 años después, quedan 22.979 empleados, es decir, casi 8.000 efectivos menos y una carga de trabajo mayor.

Otro compromiso adquirido por la Seguridad Social para atacar esa falta de efectivos es convocar cada año un concurso para traslados y promoción interna hacia plazas «de mayor necesidad».

En dicho acuerdo se plantea que los empleados públicos de las oficinas de la Seguridad Social podrán teletrabajar un día a la semana a partir del 1 de julio y dos días a partir del 1 de enero del 2024.

El principio de acuerdo alcanzado con los sindicatos también contempla tener cerrado antes de julio un nuevo complemento de productividad para reformular el sistema de incentivos para los funcionarios y con los que las centrales ambicionan aumentar sus remuneraciones.

Necesaria de crear la Agencia Estatal

Este acuerdo contiene, entre otros, el compromiso de tramitación con carácter inmediato del proyecto de creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, dando así cumplimiento a la ley 21/21, cuyo mandato a este efecto venció el pasado 30 de junio del 2022, explican CCOO y CSIF.

La creación de dicha Agencia es una demanda tanto de sindicatos como de los propios letrados de la Seguridad Social, que ven en esta entidad autónoma, con recursos propios, similar a la Agencia Tributaria, la solución para hacer estable los distintos servicios públicos que presta a los ciudadanos.

Asimismo, el acuerdo incluye medidas para unificar y homogeneizar las políticas de personal, “así como para racionalizar la organización de sus recursos con objeto de lograr una mayor eficacia y avanzar en el cumplimiento de las expectativas profesionales de todos los empleados y empleadas de la Seguridad Social», señalan las organizaciones sindicales.

La Agencia de la Seguridad Social es un mandato recogido en la recomendación octava del Pacto de Toledo, el único compromiso relevante que queda pendiente, recuerda el texto.

Este acuerdo pretende vertebrar una seria de medidas para resolver el problema de personal que arrastra la Seguridad Social y que se traduce en una atención deficiente, cuando no inexistente, a la ciudadanía. Ayer mismo, la página de la Seguridad Social estuvo colapsada, como en otras ocasiones y el lograr una cita previa es casi cuestión imposible.

La nueva propuesta del Ministerio incluye un calendario de reuniones del 25 de mayo al 30 de junio, para cerrar aspectos como la provisión de puestos de trabajo, la oferta de empleo público, la promoción interna, el teletrabajo o la formación.

“Los letrados, al borde del colapso

Por su parte, en un comunicado que explica su situación, los Letrados de la Administración de la Seguridad Social consideran la posibilidad de convocar una huelga en protesta por las condiciones de la Administración de la Seguridad Social, así lo explica Jose Luis López, presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, colectivo que la actualidad lo conforman una plantilla de unos 420 letrados.

Representantes de de los funcionarios de la Seguridad Social. (Foto: Sindicatos)

“Desconocemos los términos del acuerdo, y si existe previsión alguna sobre el Servicio jurídico de la seguridad social, lo que no nos permite realizar pronunciamiento alguno. No obstante, por experiencias pasadas la incidencia de los pacot alcanzados con los sindicatos antaño, nunca tiene reflejo en nuestras reclamaciones. No existimos para ellos”, advierte López.

Según comenta, estos profesionales en los próximos días enviarán una carta a Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social firmada por todo el colectivo, recordándole que la situación desde la última vez que se reunieron con él, hace seis meses, ha empeorado notablemente “necesitamos un servicio jurídico organizado como una empresa del IBEX, la estructura actual es del siglo pasado”.

A su juicio, es una cuestión de reconocimiento a nuestra función a la responsabilidad que implica y la complejidad de la misma. El incremento de la gestión se traslada inexorablemente a los tribunales y a quienes defendemos a esta administración.

“Solamente, a título de ejemplo y en un cálculo aproximado, la capitalización solo de las pensiones discutidas en juicio ascendería a diez mil millones de euros”, destaca

En ese comunicado señalan que “la solución pasaría por que la Administración de la Seguridad Social debería dotarse del mismo nivel de medios, organización y estructura que la Administración Tributaria. Es importante que se haga y que se encuentre el lugar adecuado los servicios jurídicos que representamos”.

En dicha nota destacan las exigencias y la complejidad y trascendencia de su gestión; su volumen presupuestario, financiero y de recaudación; la protección social de millones de familias, pensionistas y trabajadores, con una nómina mensual que, solo en pensiones contributivas, alcanza los 10.000 millones de euros; y, en definitiva, la gestión del sistema de Seguridad Social como instrumento básico y pilar fundamental de nuestro estado de bienestar.

Los letrados de la Seguridad Social consideran que esta situación “es el resultado, tanto de las nefastas políticas de personal de los últimos años, con medidas parcheadas y meramente coyunturales, como de la ausencia de un verdadero plan estratégico que hubiera abordado, con voluntad y rigor, la necesaria racionalización de su plantilla, organización y estructura”.

En este comunicado subrayan que las críticas más recientes de dos organizaciones sindicales se centran en un específico ámbito de la Administración de la Seguridad Social, el de la gestión; pero ignoran otro igualmente esencial, el de la asistencia jurídica, con la función de asesoramiento y defensa en juicio de los Servicios Comunes y Entidades Gestoras de la Seguridad Social que desempeñan los letrados del Servicio Jurídico de la Seguridad Social.

Para el presidente de los letrados, “la sostenibilidad, suficiencia y garantía del sistema no sólo se articula en el ámbito de la gestión sino también en los miles de procedimientos judiciales que se celebran en materia de prestaciones, de lucha contra el fraude y el empleo irregular, o en las macro causas como las de las plataformas de reparto de comida a domicilio GLOVO”.

“Es en sede judicial donde, además, se conjugan los derechos de los beneficiarios a la tutela judicial efectiva y el interés público defendido por los Letrados de la Administración de la Seguridad Social”, advierte

Este letrado subraya que “la precaria estructura y dotación de los Servicios Jurídicos supone una manifestación más de la desorganización que afecta a toda la Administración de la Seguridad Social, pero con el agravante de que implica el incumplimiento, por parte de la Administración, de su propia normativa reglamentaria”.

Desde este colectivo se explica que sigue sin elaborarse una relación de puestos de trabajo del Servicio Juridico de la Administración de la Seguridad Social, primero se intentó en el 2021 y luego más tarde en el 2020 con el RD 497/2020, pero “este plazo se ha vuelto a incumplir y, nuevamente, sin ningún tipo de explicación”.

Los abogados sufren el colapso de sus clientes

Para Pilar Cascón, socia y responsable del Área de Derecho Laboral y Seguridad Social en Estudio Jurídico Almagro, y secretaria general de ASNALA, afirma que la Seguridad Social está colapsada, pese a lo que diga el ministro José Luis Escrivá.

Esta abogada recuerda que en oficinas emblemáticas “se ha jubilado mucha gente y no se ha repuesto a esos profesionales que realizaban trabajo en el INSS, Tesorería de la Seguridad Social. Las plantillas son muy reducidas y prestaciones nuevas como el Ingreso Mínimo Vital han llegado a muy pocos beneficiarios por la complejidad del sistema. Se piden unos datos que no son fáciles de conseguir”-”.

El atasco según, Cascón, viene de la pandemia. “Desde 2020 no se ha resuelto el atasco que hay de gestión de prestaciones y afecta también a los letrados del INSS que están también en cuadro. Esto genera que muchas sentencias que se ganan a la Seguridad Social se tenga que pedir su ejecución, pasan dos meses que dicta la ley y hay que pedir esa ejecución. No pagan porque sus propios letrados no dan abasto y no les da tiempo a presentar sus recursos”.

Pilar Cascón. (Foto: EJA)

Al mismo tiempo, resalta que “la Seguridad Social está denegando cualquier prestación que se pide y revisando algunas incapacidades, eso genera más litigiosidad. En algunos casos se revisan a los dos años y les obligan a ir a trabajar, aunque no puedan”.

“Lo que hacen con eso es crear un problema al trabajador y a la empresa. La empresa no puede adaptar el puesto de trabajo y se acoge a la figura de incapacidad sobrevenida. Se extingue el contrato de trabajo con una indemnización de 20 días por ello. Así, mucha gente acaba en la calle. La Seguridad Social deja de pagar y le pasa el problema a la empresa. Una situación cada vez más frecuente”.

En cuanto a los pleitos, señala que hay una demora importante. “Ese pleito no se señala hasta dentro de año o año y medio. El trabajador está esperando ese tiempo a que le den la razón, pero el asunto se judicializa de forma notable. Luego, cuando tienes la sentencia no se puede ejecutar y hay que pedir dicha ejecución contra la Seguridad Social, lo que nunca había pasado hasta ahora”.

Los problemas se focalizan cuando se piden las pensiones de viudedad y otras prestaciones similares. Se obliga a la gente a pagar un gestor y hacer un desembolso económico extraordinario. “Acuden a las oficinas de la Seguridad Social, pero nadie les atiende. Tampoco se manejan vía internet porque nadie les ha dado la formación adecuada”.

Desde su punto de vista, “una Agencia Estatal de la Seguridad Social, como viene reflejado en alguna normativa y recomendado por el Pacto de Toledo, podría ser la solución si se le dotara de medios”.