UGT critica a la ministra de Sanidad que su propuesta de la autobaja no haya pasado antes por la mesa de diálogo social

El anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, de que su departamento estudia que se puede «autojustificar» una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad a fin de no burocratizar más la atención primaria y no colapsar a sus profesionales, ha levantado la crítica de Fernando Lujan, vicesecretario general de política sindical de UGT, que lamenta que la ministra no haya consultado esta medida a la mesa del diálogo social.

Luján, que está de lleno en la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con CCOO y las patronales CEOE y CEPYME, ha reconocido que no sabía nada de esta medida y que lo lógico es que antes de hacerla pública se hubiera hablado con empresarios y sindicatos: «Debería haber consultado con quien está con el día a día de estos temas. La propuesta viene de Sanidad, cuando quien tiene la competencia sobre ITS es el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social».

Para este dirigente sindical «un tema tan sensible que necesita matizaciones y su adaptación en su caso al sistema español requiere un pase previo por este diálogo social y haber conversado con patronales y organizaciones sindicales. Hubiera sido lógico que antes del anuncio hubiera hablado con nosotros. Este asunto tiene muchas derivadas y en muchos colectivos es causa de despido el faltar tres días al trabajo».

Desde su punto de vista, «más allá de la autodeclaración responsable que surgió en el momento del Covid-19, la medida requiere cierto reposo. Hay que darse cuenta que los tres primeros días no están cubiertos por la prestación de la Seguridad Social, que muchos convenios lo cubren, otros lo cubren la primera vez y otros no completamente. Esta prestación o no se da y si se da es a cargo de la empresa».

Desde UGT se cree que el anuncio hecho por la ministra de Sanidad ha sido prematuro: “Debería haber hablado antes de la reunión autonómica con nosotros. Además, no hay ningún papel que corrobore realmente lo que quieren hacer desde Sanidad, con lo cual no se puede calibrar el impacto real de la medida”.  Un portavoz de CEOE opina lo mismo y señala que no hará valoraciones hasta que no haya un documento sobre este tema.

Esta medida funciona ya en países de nuestro entorno. Sanidad piensa que así no se colapsaría los centros de salud, el problema es el coste de la misma que en muchos casos va a las empresas.

Fernando Lujan, vicesecretario de política sindical de UGT, cree que la ministra García debería haber consultado a la mesa de diálogo social (Imagen: Isabel Permuy/ UGT)

Mejor las videoconsultas

Por su parte, Fernando Ruiz, socio de laboral de Deloitte Legal y experto en Seguridad Social de ASNALA, afirma que «es posible que nuestro sistema público de Sanidad en determinados picos de contagio pueda estar al borde del colapso. En dichas situaciones, puede ser recomendable utilizar medidas extraordinarias para situaciones coyunturales, pero la autodeclaración que plantea la ministra de Sanidad probablemente no funcione en nuestro país».

Desde su punto de vista «sería deseable una mayor digitalización de los servicios públicos de empleo para que el médico conceda la baja al trabajador de manera más ágil, así como una mayor cooperación de nuestro sistema de salud con la sanidad privada y las mutuas». A su juicio «este tipo de situaciones mejoraría con un mayor uso de las videoconsultas, que empiezan a desarrollarse de forma más habitual».

Fernando Ruiz es más partidario del uso de la videollamada: «Cualquier baja debe darla un médico» (Imagen: Deloitte Legal)

Para Estela Martin, abogada, directora de comunicación y RSC en la consultora SincroGo, «hay que esperar realmente a la letra pequeña de la medida si se aprueba este miércoles. Sería recuperar aquella baja que ya se utilizó en lo peor del Covid-19, aunque no estamos en la misma situación tan grave de repunte por el momento. Es importante estudiar bien si se pone en marcha porque puede haber bolsas de fraude luego«.

En su opinión «esta medida de declaración responsable solo se justificaría con un elevado índice contagios que hiciera necesario su puesta en marcha. Debe ser una acción temporal restringida, en un país como el nuestro en el que los datos de absentismo son elevados por otros motivos. Es una medida sanitaria que tiene impacto en el ámbito laboral en el que estos tres primeros días los paga la empresa. Los tres primeros días de baja, salvo que se considere asimilada la situación asimilada a accidente, se pueden descontar al trabajador, salvo que el convenio obligue expresamente a abonarlos o cuando se haya creado un derecho adquirido».

Respecto al diseño de esta iniciativa, advierte que «es imposible evitar que se genere algún tipo de fraude realmente en su implementación. De hecho hemos tenido en la jurisdicción social alguna sentencia de despido procedente que supuestamente estando de baja por Covid, los empleados fueron pillados por un detective de la empresa realizando alguna otra actividad, consultando las redes sociales de ese trabajador o trabajadora».

Desde su punto de vista, con este tipo de medidas «hay que hacer un balance entre lo sanitario y lo empresarial. La parte sanitaria es importante si realmente estuviéramos en un riesgo que se disparasen los contagios, pero al final el riesgo cero laboral no existe. En el caso del uso fraudulento de este tipo de medidas, como ya hemos visto, puede generar incluso un despido procedente según sentencias de juzgado y TSJ por trasgresión de la buena fe contractual».

Para esta jurista «estos tres días que no se trabajan se suelen descontar al trabajador, salvo que el convenio obligue a complementarlos. Hay convenios que obligan a las empresas a pagarlos. En el caso de una baja por Covid habría que ver cómo queda la medida, por el momento todos son conjeturas de la medida. Luego habría que barajar la opción que la empresa facilitara el teletrabajo si puede trabajar. Pero hay que ver la medida sobre el papel».

En su opinión «también podría barajarse de manera excepcional el considerar estas bajas especiales como situación asimilada a accidente de trabajo y cubrir los tres primeros días de baja, pero en todo caso habrá que esperar a ver si se aprueba finalmente y en qué términos la medida».

Estela Martín advierte que este tipo de medidas sanitarias conllevan un amplio fraude laboral (Imagen: SincroGo)

Las mutuas pueden actuar

Para Jose Luis López-Tarazona, presidente de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, «el control de los procesos de IT merece un análisis en profundidad y se deben evitar ‘propuestas en caliente’, pues el problema no se limita a los procesos cortos que ahora se quieren afrontar si no a todos los procesos».

En su opinión, «no es inusual que una lumbalgia, que debería resolverse en cuatro semanas dé lugar a una incapacidad temporal de doce meses. Es cierto que los servicios públicos de salud pueden estar saturados, pero no lo es menos que nunca han sentido el control de la incapacidad temporal como algo propio. De hecho, los facultativos emiten los partes médicos, pero quien paga la prestación es una entidad distinta, INSS o Mutua».

El Ministerio de Sanidad vuelve a recomendar el uso de mascarillas ante la incidencia elevada de Covid19 y gripe (Imagen: Ministerio de Sanidad)

A su juicio, «una solución podría estar en que los facultativos de las mutuas, que hacen frente a más del cincuenta por ciento de los procesos, puedan emitir los partes médicos de baja y alta en los procesos de IT derivados de enfermedad común o accidente no laboral, posibilidad que ahora tienen vedada».

En nuestro entorno, el último país en sumarse ha sido Portugal, la medida parte del programa Trabaja Digno y busca facilitar la vida a los trabajadores y también reducir la cifra de 750.000 consultas anuales de carácter leve. Para tramitarla basta llamar a un número de atención telefónica y solicita la baja de tres días, con un límite de dos veces al año.

Por su parte, en Alemania, la baja funcionó en los momentos más críticos de la pandemia y se retomó el pasado mes de diciembre de forma definitiva. Puede pedirse como máximo por cinco días si los síntomas no son graves y el médico considera predecible el desarrollo de la enfermedad. Se trata de evitar contagios y consultas en la sala de espera.

En Francia, la baja por enfermedad siempre la tiene que prescribir un médico, pero en el caso de gripe leve se puede conseguir por teleconsulta, con lo que evita tener de desplazase y colapsar los servicios sanitarios, siempre y cuando esas bajas a distancia no pueden exceder de tres días porque se han constatado abusos.

La ministra García explicaba ante distintos medios informativos que Sanidad ha planteado esta medida a las comunidades autónomas en la reunión que mantendrá con ellas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario que se celebra con el fin de «unificar criterios» para el abordaje de «los picos de virus respiratorios» que se ha producido en los últimos días en España.

La ministra ha asegurado que se trataría de una autodeclaración responsable, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Social. Asimismo ha explicado que esta iniciativa ya es estructural en muchos países, se adoptó en España durante la pandemia y tiene el apoyo de los profesionales sanitarios.

A su juicio, en esta situación inicial de enfermedad, «no es necesario que se vaya al médico y, sin embargo, les estamos de alguna manera obligando a que vayan a por un parte. Esto supondría el ahorro potencial de cientos de miles de consultas al año y recogería una petición histórica de los profesionales de Atención Primaria: no usarles para rellenar burocracia y dejar que puedan atender a quien lo necesita», ha señalado.

Sin unanimidad en las CCAA

Para el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, es una «ocurrencia» la propuesta del Ministerio de Sanidad de autojustificar bajas de tres días para una enfermedad leve como la gripe. Así se ha pronunciado López Miras en declaraciones a los periodistas: «Yo no quiero negar que haya buena intención detrás de esa ocurrencia, pero es una ocurrencia. Las bajas tienen que ir refrendadas por prescripción medida, por la decisión de un facultativo, por la decisión de un profesional sanitario. No podemos autodarnos de baja cada uno porque así lo entienden o así lo crean».

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de «ocurrencias» las propuestas de Sanidad, y ha criticado la inacción del Ministerio que dirige Mónica García para «minimizar» la situación provocada por los virus respiratorios, y que ahora trate de «llamar la atención» con «ocurrencias» para demostrar «quién manda».

El Consejo Interterritorial en el que participa Sanidad con las comunidades autónomas, que tienen todas transferidas en esta materia, ha dado un plazo de 48 horas para reunirse este miércoles ante la falta de acuerdo sobre la obligatoriedad de de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios y farmacias, pues la ministra defendía que se habéis demostrado como la medida «más eficaz», además de la ventilación.

Con la imposición de la mascarilla en centros sanitarios se habría recuperado una medida que decayó hace seis meses, el 5 de julio de 2023, cuando se publicó en el BOE el acuerdo del Consejo de Ministros por el que su uso dejaba de ser obligatorio en centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y farmacias.

Aunque durante la pandemia de la COVID-19 el Gobierno recurrió a decretos leyes para regular el uso de las mascarillas, la decisión de implantar o no su uso obligatorio es «responsabilidad» de las comunidades autónomas, como ha admitido García, que ha brindado el apoyo de su Ministerio para «coordinar» la medida, pero respetando el ejercicio de las competencias autonómicas.