UGT presiona al Gobierno y denuncia la política de vivienda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján; y la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Ana Isabel Gracia, han presentado acciones del sindicato en materia de vivienda y han anunciado que UGT ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para que el derecho a la vivienda se pueda ejercer en España.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que el sindicato ha puesto en marcha iniciativas jurídicas porque “el derecho a la vivienda se encuentra claramente amenazado en España, uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos vivienda social”, y ha explicado que “la reclamación, que es muy extensa, hace un repaso de la situación jurídica y de hecho del mercado de la vivienda, para llegar al convencimiento de que España incumple lo establecido en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada”.

“Con esta reclamación queremos cambiar el paradigma del derecho a la vivienda, y que deje de ser solo una política de vivienda para convertirse en un verdadero derecho a la vivienda. Ese es el objetivo principal de nuestra reclamación y, si como esperamos, la reclamación tiene un resultado favorable, las personas podrán ejercitarlo ante los tribunales de justicia si se les deniega o no obtienen este derecho ante las distintas administraciones públicas. Este es un derecho humano básico y fundamental, recogido en el artículo 31 de la Carta Social Europea, pero también en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ha añadido.

Según explicaba Economist & Jurist, la actual Ley de Vivienda podría haber sacado del mercado casi 100.000 viviendas. El informe de la cátedra Grupo Tecnocasa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que se ha convertido en un referente para el seguimiento del mercado inmobiliario residencial en un contexto de falta de estadísticas fiables sobre el sector, fue presentado recientemente por el director de la institución, José García-Montalvo.

La nueva Ley de Vivienda ha retirado más de 100.000 viviendas del mercado de alquiler. (Imagen: E&J)

Una demanda necesaria

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recalcado que “se trata de una demanda contra el Reino de España y, por tanto, implica a todas y cada una de las administraciones competentes en la materia: tanto el Gobierno, como las comunidades autónomas (CC. AA.) y los Ayuntamientos”.

“Hasta ahora el artículo 47 de la Constitución es más declarativo que efectivo, y ese es el cambio que queremos efectuar a través de esta demanda. Queremos que esto se convierta en un derecho que se pueda ejercer y reclamar ante las administraciones públicas, y creemos que hay que dar este paso en un momento en que la imposibilidad de acceder a la vivienda requiere medidas y decisiones urgentes”, ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que “hace seis años, UGT ya organizó unas jornadas exigiendo que las administraciones tomaran cartas en el asunto y empezaran a desarrollar políticas para abordar la gravedad de este problema. Estas políticas deben mantenerse en el largo plazo, y eso es algo que interpela a toda la sociedad, especialmente a las organizaciones sindicales de clase, que hemos hecho un gran esfuerzo para aumentar los salarios y mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, un esfuerzo que se va por el sumidero con el desborde de los precios de la vivienda”.

Así, ha incidido en que “España necesita un acuerdo entre las administraciones competentes para entrar en el fondo del debate, porque si no, esto va a suponer un problema para el desarrollo económico del país; pero para ello necesitamos medidas a corto, medio y largo plazo”.

“El Estado tiene la obligación de intervenir en el mercado de vivienda a corto plazo, especialmente en los precios de los alquileres. Hay que intervenir el parque de viviendas vacías en nuestro país, respetando los derechos de los pequeños tenedores de vivienda —quienes muchas veces utilizan el alquiler de una vivienda para complementar una pensión o un salario—, pero además, hay que trabajar a medio y largo plazo, previendo un parque público de vivienda”, ha destacado.

Luján también ha subrayado que “el derecho a la vivienda origina tanta preocupación en el seno del sindicato que se ha recogido en el programa de acción que se aprobará en el próximo Congreso Confederal. Estamos tremendamente preocupados por el hecho de que el 66% de las personas entre 18 y 34 años vivan con sus padres, que solo el 16,3% de las personas entre 16 y 29 años se haya podido independizar, que la media de edad de emancipación supere los 31 años, y que el alquiler mediano en España ascienda a 950 euros mensuales, con un SMI de 1.134 euros. El Estado tiene que intervenir para resolver esta situación”.

Para UGT, es necesario vincular el precio de la vivienda a la cuantía e incrementos de los salarios, corrigiendo la situación actual en nuestro país, que genera personas trabajadoras pobres. “La Ley de Vivienda pretende llegar al 20% de tasa de vivienda social en un plazo de 20 años, pero la sociedad española no puede esperar 20 años. Además, el Estado tiene que garantizar que los salarios permitan, como exige la Carta Social Europea y nuestra propia Constitución, una vida digna. Si no se interviene en el mercado de la vivienda, hay riesgos extraordinarios de pobreza”, ha advertido Luján.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el ojo de la polémica, ha sido ampliamente criticada por su gestión. (Imagen: Congreso de los Diputados)

La ministra de Vivienda, cuestionada

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que es necesario blindar el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre. Ha lamentado que la descalificación de viviendas durante los años del «boom» haya provocado que hoy no se pueda contar con un parque público.

Al respecto, ha asegurado que las comunidades autónomas tienen mucho que decir y espera que se alcance un acuerdo unánime con ellas, aunque ha subrayado que el Gobierno tiene otros instrumentos para hacerlo viable. Esto lo ha señalado en el marco de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar sobre las acciones del Gobierno en materia de vivienda, una comparecencia solicitada por el grupo parlamentario republicano, EH Bildu, y el Grupo Mixto.

La ministra ha añadido que el objetivo es, al finalizar esta legislatura, haber sentado las bases para resolver este problema estructural de forma definitiva, a pesar de las complejidades. Asimismo, ha destacado el refuerzo de los recursos públicos destinados a estas políticas y ha subrayado que, desde que Pedro Sánchez es presidente, se han movilizado 20.400 millones de euros para políticas de vivienda.

Un día antes, en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, expertos como Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, expuso a los diputados su visión sobre el problema de la vivienda. En Economist & Jurist, Nasarre abordó este tema de manera acertada, señalando en una ocasión la posible crisis que supondría un impago masivo de alquileres.

El balance de gestión presentado por la ministra de Vivienda no ha convencido ni a los partidos que apoyan al Gobierno ni a su socio de coalición, que ha insinuado la posibilidad de pedir su dimisión. «Si no está del lado correcto, no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista», le ha advertido el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez.

Ibáñez ha sostenido que la ministra “tiene que elegir” si está del lado de los «fondos buitre», las empresas gestoras de alquiler y los «rentistas», o del lado de la gente que sufre el problema de acceso a la vivienda.

Tras defender que el Gobierno de coalición no puede «fallar» a esa gente, Ibáñez ha subrayado que el problema de la vivienda es un «conflicto de clase» y ha remarcado que en el hemiciclo hay diputados que poseen hasta diecinueve propiedades y que en él “hay el triple de rentistas que en la calle”.

Sergio Nasarre comparece ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados para explicar cómo podría cambiar la actual política de vivienda. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Cerrar un Pacto de Estado

Al respecto, ha llamado a la ministra a que «escuche a la calle» y a las manifestaciones masivas que reclaman la intervención en el mercado y la bajada de los precios del alquiler.

Ha subrayado, además, que para Sumar un «gran pacto de Estado» debería incluir medidas como: intervenir los precios para reducir los alquileres; limitar la compra especulativa de vivienda; hacer que el alquiler sea indefinido; ampliar el parque público destinando el 1% del PIB a la compra de viviendas ya existentes, y llevar a cabo una reforma fiscal «para que no se paguen más impuestos por trabajar que por recibir rentas del piso heredado del abuelo».

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha reprochado a Rodríguez que no tome medidas «valientes», como crear un grupo de trabajo para regular el alquiler de temporada. También le ha criticado por decir cosas que dan «vergüenza» y que generan la «sensación sistemática de que está del lado de los propietarios».

En la misma línea, el representante de EH Bildu, Oskar Matute, ha urgido a la ministra a «pasar de las palabras a los hechos». Así, ha planteado una serie de medidas, como establecer un límite a los precios, regular los alquileres de temporada y los pisos turísticos, ceder suelo público para la construcción de vivienda, y gravar los pisos vacíos con un canon del 150% sobre el IBI, algo que, según ha asegurado, ya están implementando muchos municipios donde gobierna su partido.