Un 49% de los empresarios cree que su imagen social es mala, según Funcas

Urge una reacción de los poderes públicos ante la situación de los empresarios en nuestro país. Se trata de mejorar su imagen y credibilidad, denostada. Así se expresan varios expertos en relaciones laborales tras conocer que los propios empresarios perciben esa falta de empatía de la sociedad hacia su trabajo.

Los empresarios y directivos españoles no se consideran reconocidos socialmente y piensan que su imagen ha empeorado en los últimos años. Es una de las conclusiones del libro Ante una década crítica: percepciones y perspectivas del empresariado español sobre su entorno, imagen y responsabilidad social, editado por el centro de análisis Funcas, que recoge y analiza voces de empresarios sobre cuestiones por las que no se les suele preguntar ni de las que acostumbran a hablar.

Lo hace cinco años después de que Funcas publicara Más allá de los negocios. Miradas y visiones de empresarios sobre la economía, la sociedad y la política; cinco años decisivos que han marcado el comienzo de una «década crítica», la tercera del siglo XXI.

Basado en una encuesta a 400 empresarios y directivos y en 60 entrevistas personales, el libro traza un panorama marcado por preocupaciones. Así, dos terceras partes de los encuestados creen que su imagen en la sociedad es negativa (10%, muy negativa; 56%, bastante negativa), mientras que solo un 14% la califica como positiva. La mitad, el 49%, percibe que esta ha empeorado en el último lustro.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, durante una de sus comparecencias. (Imagen: Archivo)

El empresariado español identifica la sobrerregulación y la burocratización como las mayores debilidades estructurales del entorno empresarial español, con la consiguiente saturación de unas administraciones públicas superpuestas y, a menudo, descoordinadas, y su ineficiente funcionamiento.

La percepción de inseguridad jurídica y de mal aprovechamiento de la presión fiscal —considerada desproporcionadamente alta en relación con la calidad de los bienes y servicios que provee el Estado— completa una visión poco estimulante para la actividad empresarial que afecta más a España que a otros países europeos. En ese sentido, casi seis de cada diez encuestados creen que España no es un buen país para poner en marcha una empresa.

En cuanto a los ámbitos de actuación pública más necesitados de reforma, los encuestados señalan, sobre todo, la administración y la función pública (48%), la fiscalidad (41%) y el sistema educativo (40%). A las críticas sobre el contexto institucional y político, suman la ausencia de articulación entre el sistema educativo y el productivo, la incongruente planificación y gestión de la inmigración y el debilitamiento de los valores de esfuerzo y laboriosidad, intrínsecos a cualquier acción de emprendimiento.

«Las normas restrictivas no ayudan»

Ignacio Hidalgo, socio responsable del área laboral de RSM, explica a Economist & Jurist que «el informe de Funcas nos tiene que hacer reflexionar. No parece lógico que cale en los empresarios que su gestión no es valorada por la sociedad a nivel general, cuando ellos generan empleo y riqueza. Desde las instancias gubernamentales y desde la voz de muchos políticos se da una visión del empresariado que no es positiva. Eso es uno de los grande errores de nuestro poderes públicos que se puede revertir».

Para este jurista, «habitualmente cuando se aprueba una norma y escuchas a la ministra de Trabajo hablar de esa nueva Ley, tienes la sensación que los empresarios son los malos de la película, sorprendentemente. A veces da la sensación que dicha normativa se aprueba para corregir algún comportamiento equivocado del propio empresario. Eso al final cala en la sociedad. Son normas restrictivas para la flexibilidad del empresario. Eso genera que la imagen del colectivo sea de profesionales tramposos, que no cumple con la normativa y que sus trabajadores serían esclavos. Nada más lejos de la realidad».

Ignacio Hidalgo señala que «en lugar de tener un Estado que fomente la actividad del empresario y le ayude a emprender, tenemos un Estado que le pone trabas y aprueba normas restrictivas». (Imagen: RSM España)

A juicio de este experto en relaciones laborales, «el problema es la imagen del empresario que se da de cara a la sociedad. Las normas laborales tienden a restringir determinados comportamientos suyos y su capacidad de actuar en beneficio de las personas que trabajan en la empresa. En lugar de tener un Estado que fomente la actividad del empresario y le ayude a emprender, tenemos un Estado que le pone trabas y aprueba normas que no le ayudan a desarrollar su negocio. No me extraña la percepción que tienen los empresarios sobre su papel en la sociedad».

En este contexto, Ignacio Hidalgo, como muchos otros profesionales, cree que ha llegado el momento en que el Gobierno cambie de talante: «Es fundamental que la normativa laboral no se haga para reprender al empresario partiendo de una base equivocada donde se piensa que este colectivo va a incumplir este tipo de normas. Este tipo de prejuicios hay que eliminarlos. La normativa laboral se hace a veces en el que incumple, y no en el que cumple. Hay que facilitar la gestión empresaria desde un marco laboral más flexible y estable del que hay ahora mismo, que asfixia en obligaciones al empresario».

Al final, para este jurista, «con todos estos cabios normativos restrictivos se tiene una visión equivocada del empresario, alejada de cualquier imagen moderna, en profesionales que generan riqueza y negocios en nuestro país. El Gobierno, cuando aprueba medidas de calado sin contar con el empresario, siempre lo justifica desde el lado de que ellos no han querido participar, pero como en el caso de la reforma de la reducción de jornada o el nuevo salario mínimo interprofesional no se ha contado con ellos ni se les ha escuchado. Se aprueban medidas que no ayudan a que la empresa esté operativa».

La sobrerregulación es importante

Para Ana Gómez, presidenta de Asnala y socia de laboral de Ceca Magán Abogados, «la situación ha ido empeorando en los últimos años. Desde el Covid este contexto es peor, pero estoy de acuerdo con ellos en que la sobrerregulación es un problema grave porque les asfixia financieramente, con obligaciones laborales y fiscales excesivas. Las ultimas reformas, reducción de jornada y mejora del salario mínimo interprofesional (SMI) se han hecho sin el empresario y eso este Gobierno lo señala como negativo».

Desde su punto de vista, la actitud de este Gobierno está siendo regular pues, con o sin consenso, «en el estudio de Funcas se habla de una década crítica esta última, donde se criminaliza al empresario sin ningún motivo. Junto a ello también detectan —fruto de la misma— una notable inseguridad jurídica, lo que hace que sean los tribunales en muchas ocasiones quienes resuelvan esta cuestión, unida a una elevada fiscalidad, que lo que está haciendo es reducir las oportunidades que pudiera haber de inversión o de creación de empleo. Los impuestos son altos, se han vuelto a subir las cotizaciones sociales y eso se nota de forma importante».

Ana Gómez, presidenta de Asnala y socia de Ceca Magán Abogados, advierte que la sobrerregulación normativa genera problemas e inseguridad en los empresarios. (Imagen: Asnala)

En su opinión, «el problema es que muchas de esas normas que se aprueban en el Parlamento son fruto de pactos políticos, lo que hace que su redacción y calidad legislativa no sea la mejor. Ya hemos visto cómo hace unos meses el legislador cometió un error y eliminó dos causas de despido en la reforma de la Ley de Paridad. La reforma que se ha hecho a dicha errata no entrará en vigor hasta abril de este año. Vivimos con inseguridad jurídica fruto de estas iniciativas y esto no es bueno para nadie. A la hora de regular hay que escuchar a todo el mundo, a la patronal también, y buscar el consenso desde la mesa del diálogo social».

A juicio de esta jurista, «en muchos casos se desprestigia a la patronal dejándola de lado en este tipo de reformas de calado. Eso hace que al final informes como el de Funcas, que ha encuestado a cientos de empresarios, nos dé la clave de cómo se sienten ellos en nuestra sociedad. Al final, como el estudio indica, no resulta sencillo crear negocios en un país como el nuestro o fomentar el emprendimiento. En este contexto, es bueno que los poderes públicos cambien de talante y dejen de generar presión en los empresarios de forma artificial y de forma injustificada».

Ana Gómez, como otros juristas con los que habitualmente consulta este medio de comunicación, vuelve a insistir en la necesidad de desarrollar una legislación específica para pymes, señalando que «no puede ser que una empresa del Ibex 35 tenga el mismo marco normativo y obligaciones que una pyme de veinte trabajadores. No parece lógico ni normal. Esa doble legislación sería muy útil para tener en cuenta la idiosincrasia de las pymes y autónomos frente a las necesidades de las grandes empresas. Este es otro elemento que genera inseguridad jurídica con el problema agravante que tenemos de la Justicia con juzgados colapsados desde hace dos o tres años».

«El Gobierno criminaliza al empresario»

Para Juan Suanzes, abogado, empresario dedicado en su negocio a la recolocación de directivos y empleados, y miembro de la Junta directiva de ADiReLab, «este es uno de los grandes problemas del país, que los empresarios estamos muy mal valorados. Nadie habla bien de los empresarios y este Gobierno parece que los odia. Se aprueban cuestiones importantes como el nuevo salario mínimo o la reforma de la reducción de jornada sin contar con nosotros. Y luego eso se nos echa en cara en medio de la opinión pública».

A su juicio, el problema tiene un trasfondo importante desde hace años, pues en «la propia educación básica de los colegios no se habla bien del empresariado. No se entiende cómo se cuestionan las figuras de Amancio Ortega o Juan Roig, empresarios que generan riqueza y muchos puestos de trabajo. Ellos luchan por un país mejor y arriesgan su capital, pero pese a eso las críticas arrecian de algunos sectores de la opinión pública y de este Gobierno. Su trabajo —como el de otros empresarios anónimos— es admirable, pero se sigue demonizando su actividad de forma injusta en distintos medios de opinión».

Juan Suanzes, abogado y empresario, advierte que el Gobierno criminaliza a los empresarios con normas restrictivas. (Imagen: Cesión propia)

Este profesional confiesa que «esa percepción positiva del empresariado como colectivo no la hemos visto nunca en nuestro país. Este informe de Funcas deja claro cuál es la situación actual y qué es lo que piensa el propio colectivo que es consciente que no empatiza con la sociedad, pese a que se juegue su dinero a diario. Este Gobierno es el que habla de forma más negativa del empresario en los últimos años. Incluso ha habido ministros que han criticado que algunos empresarios hagan donaciones a la sanidad pública. Se han puesto en la diana algunos empresarios sin ninguna justificación».

Desde su punto de vista, «esta demonización del empresario debe cambiar y dar un giro de 180 grados en nuestro país. Deben ser los propios gobernantes quienes bajen la tensión con sus desafortunadas declaraciones y valoren realmente lo que están haciendo que es mucho por este país. El problema del absentismo es muy grave en nuestro país, parece que los trabajadores solo tienen derechos y no obligaciones. La inseguridad jurídica es notable a nivel empresarial por las leyes que se aprueban, muy deficientes a veces en cuanto a su técnica legislativa».

Para Suanzes, «este cambio de talante debe ir acompañado de un fomento real del emprendimiento, sin tantas trabas burocráticas. Lo único bueno que podemos resaltar en estos años es la apuesta que han hecho los últimos Gobiernos por la formación profesional (FP), pero los empresarios estamos hartos de estar bajo sospecha. En ADiReLab tenemos un porcentaje elevado de empresarios cuya facturación depende de la Administración Pública. Eso hace que muchos de ellos sean reservados en sus declaraciones ante las administraciones públicas».