Un 80% de las denuncias que reciben las Agencias Antifraude son anónimas

Las denuncias por corrupción están creciendo de forma notable en los últimos dos años. La aprobación de la ley 2/2023 de protección al informante en nuestro país y la obligatoriedad de que las organizaciones y entidades cuenten con canales internos de denuncia lo facilitan, como se puede ver en un primer análisis de las principales Agencias Antifraude autonómicas.

Las previsiones señalan que seguirán creciendo porque cada vez hay un mayor conocimiento de la actividad de estas entidades por parte de la población. Esto supone un reto para estas entidades que tendrán que mejorar su gestión para dar curso a las denuncias y expedientes que se deriven de las mismas y establecer medidas de protección a los denunciantes que lo reclamen.

Todavía queda por ver cómo va a afectar a esta actividad el último fallo del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso que retiraba la protección a un denunciante de corrupción, funcionario de un ayuntamiento de Alicante, porque la Agencia Valenciana Antifraude le dio la protección antes de que estuviera traspuesta dicha directiva.

Valencia supera las 400 denuncias

Durante el primer semestre de 2023, la Agencia Valenciana Antifraude ha recibido un total de 295 denuncias, lo que representa una media de 49 denuncias al mes. Así mismo, esto supone un incremento del 30% con respecto a las denuncias presentadas en el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra de denuncias fue de 226.

El número de denuncias presentadas ante la Agencia sigue en aumento, así en el año 2020 se presentaron 226 denuncias; en el año 2021 se alcanzaron las 359 denuncias y en el año 2022 fueron 453. Por lo tanto, en este primer semestre de 2023 ya se han presentado más denuncias en la Agencia que en todo el año 2020.

Joan Linares, director de la Agencia Valenciana Antifraude. (Foto: AVA)

Con respecto a las materias de las que son objeto las denuncias presentadas, nuevamente la relacionadas con la gestión de recursos humanos son las más numerosas ya que representan un total del 44% (131 denuncias). En segundo lugar, están las que hacen referencia a la contratación pública que representan un 11% de los casos (33 denuncias) y en tercer lugar el urbanismo con un 9% de los casos (28 denuncias).

De la materia de denuncias más numerosa, la gestión de recursos humanos, de las 131 denuncias presentadas, 97 de ellas (33%), hacen referencia a procedimientos de selección y provisión de personal.

El canal más utilizado por las personas denunciantes de nuevo ha sido el buzón de denuncias de la Agencia, que representa el 88% de los casos, es decir, 261 de las 295 denuncias presentadas lo ha hecho por esta vía. El correo electrónico, con 19 denuncias (6%), ha sido el segundo canal más utilizado.

En lo que respecta a la gestión de los expedientes abiertos por la Agencia hasta el 30 de junio se habían resuelto 244 expedientes y se han publicado 31 resoluciones finales de investigación que se pueden consultar en la página web de la Agencia.

También hay que destacar que durante este primer semestre de 2023 la Agencia ha recibido cinco nuevos encargos de informes periciales de distintos órganos judiciales y fiscalías, mientras que durante este mismo periodo se han finalizado seis informes periciales.

En total, la Agencia ha recibido el encargo de realizar 29 informes periciales en procesos penales, lo que demuestra la estrecha colaboración que se mantiene con los órganos judiciales.

Como ejemplo de esta estrecha colaboración, hay que destacar que el pasado 19 de junio la Agencia firmó un convenio con la Fiscalía General del Estado que tiene como objetivo reforzar las funciones y fines comunes que existen entre ambas instituciones.

Para Joan Linares, director de esta entidad, este crecimiento viene dado por un mayor conocimiento del trabajo de esta entidad. “Publicamos los resultados de nuestras investigaciones en la web y eso genera certidumbre y seguridad en los potenciales denunciantes. Al final, el conocimiento se ha ido ampliado de nuestras actividades como entidad. No creemos que haya más corrupción ahora que hace seis años que se puso en marcha esta entidad”.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude revela que la última encuesta que se hizo del conocimiento de las actividades de entidad hablaba de un conocimiento del 16% de la población valenciana “lo que significa que el marco de crecimiento es notable y que otras personas pueden comunicar estas irregularidades.

“En los dos últimos años lo que más se ha denunciado son cuestiones de gente que no cumple la ley de incompatibilidades, favoritismos en procesos de selección, incumplimientos relacionados con los procesos de gestión de personas, como elementos que destacan a la hora de denunciar ante la propia Agencia”.

Primer año de actividad en Andalucía

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, también llamada Oficina Andaluza Antifraude, ha registrado un total de 188 denuncias, de las que 76 se han presentado de forma anónima, a lo largo del más de un año de actividad que acumula tras su creación al amparo de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

Según la propia entidad, en 2021 hubo dos denuncias, que se convirtieron en 35 en 2022 y que hasta ahora se han disparado a 144 denuncias. De ese total un 76% fueron presentadas de forma anónima.

Un dato importante es que el 89% no solicita protección sólo el 11 por% del total lo reclama. Esto significa que sólo 20 personas han solicitado medidas de protección.

Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza Antifraude Andaluza. (Foto: OAF)

Además, la Oficina no ha admitido 46 denuncias recibidas por diferentes razones y supuestos como por la “falta de fundamentos sólidos de la denuncia presentada, o porque su contenido no se encuentra en el ámbito de competencias” de este organismo “para tramitar las mismas”, según informa la propia entidad en su web.

Por otro lado, el mayor número de denuncias recibidas -88, un 47% del total- afectan a corporaciones locales, y el 36% a la Junta de Andalucía, con un total de 68, de forma que, por entidad denunciada, las corporaciones locales y la Junta de Andalucía concentran el 83% de las denuncias con un total de 156 entre ambas.

Esta Oficina Antifraude, dirigida por el magistrado en excedencia Rafael Puyol, es una entidad de Derecho Público adscrita al Parlamento Andaluz con plena autonomía e independencia, cuyos fines son prevenir y erradicar el fraude, la corrupción o conflictos de intereses que perjudiquen los intereses públicos de Andalucía”.

En cuanto a otras entidades denunciadas, las universidades aparecen con el 8%, y otro grupo encuadrado en el apartado otros donde se incluye las denuncias contra la actividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Fiscalía y denuncias por blanqueo de capitales que asciende al 24% del total.

En cuanto al material objeto de denuncia, con un 41% estarían los asuntos relacionados con la gestión de RRHH, en cuanto a procesos de selección y otras cuestiones parecidas, denuncias por responsabilidad patrimonial, contra la Guardia Civil, Ministerio Fiscal, blanqueo de capitales, obligaciones contables de empresas públicas municipales

Otras cuestiones como autorizaciones y licencias suponen el 14% del total de denuncias, mientras que las concernientes a la contratación serian un 12 %, incompatibilidades un 5% y urbanismo un 2%del total.

Cataluña logra la confianza ciudadana

Por su parte, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el exmagistrado Miguel Ángel Gimeno, presentaba hace unos días la Memoria 2022 de la institución ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya. Ha remarcado que durante 2022 se han recibido 554 denuncias, cifra nuevamente récord desde que se puso en funcionamiento la Oficina.

En este sentido, ha aseverado que “podemos decir que hemos consolidado la confianza ciudadana. Esto lo demuestra el número de denuncias que se presentan, las colaboraciones que nos piden, las medidas adoptadas a raíz de investigaciones y los participantes en las actividades formativas”.

Gimeno destacó que “este ejercicio ha sido el año en el que se han logrado cifras récord en expedientes resueltos, número de denuncias, medidas adoptadas a raíz de investigaciones y participantes en las actividades de formación”.

Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña. (Foto: OAC)

Antifraude registra 554 denuncias y ha concluido 577 actuaciones, de las cuales, casi 500 expedientes en fase de evaluación previa de verosimilitud, las cifras más elevadas desde la puesta en funcionamiento de la institución.

Gimeno ha señalado que «se han adoptado 63 medidas por parte de las entidades afectadas y autoridades competentes a raíz de las actuaciones de investigación». En el marco de la prevención, ha enfatizado que más de 3.500 personas han participado en las acciones formativas organizadas por Antifraude.

El director de Antifraude ha destacado que este año se ha puesto en marcha DialÈtic, un nuevo canal de asesoramiento ético dirigido a los servidores y servidoras de las instituciones públicas de Cataluña.

Respecto a la media de denuncias recibidas en el período 2010-2021 (205), las del año 2022 están muy por encima (170%). De ese total, 338 llegaron al buzón anónimo de denuncias, 103 de particulares 49 de representantes de grupos políticos, 42 de funcionarios o trabajadores públicos, 17 anónimas sin utilizar el buzón tres sindicatos una de otros organismos y una por iniciativa propia.

Respecto a las entidades denunciadas, 258 son ayuntamientos, 140 son entidades o empresas privadas, 99 están relacionadas con la Generalitat, 21 son otras entidades y/o administraciones, 12 son consejos comarcales, 20 son universidades, tres son diputaciones y una fundación

Tras presentar los datos de investigación, Gimeno ha hecho una prospectiva para el año 2023, “A 31 de mayo de 2023 habíamos recibido 315 denuncias, un 39% más que en el mismo período de 2021. Si hacemos una proyección para finales de año recibiremos 770 denuncias».

De las 80 actuaciones de investigación cerradas, 25 han sido archivadas. Del resto, “se ha resuelto emitir 29 informes razonados, 25 de los cuales se han dirigido a entidades locales y entidades vinculadas, tres a la Generalitat de Catalunya y entidades vinculadas y una a universidades. El 28% de las actuaciones de investigación cierran con un informe razonado”, ha sentenciado Gimeno.

Sobre el futuro de la entidad, Miguel Ángel Gimeno señala que «creo que hemos recuperado y consolidado la confianza ciudadana, esto lo demuestra el número de denuncias que se presentan y las colaboraciones que nos piden».

“Todavía nos falta una estructura administrativa interna sólida. Se ha incrementado la actividad, existe un reconocimiento internacional, hemos asumido las competencias de la nueva Ley 2/2023, pero en el futuro necesitamos armonizar las diferentes normativas que otorgan competencias a la Oficina”, apunta.

Gimeno reconoce al Parlament la celeridad con la que ha actuado para que Antifraude tenga las competencias contempladas en la ley de protección a los informantes: «Somos la única institución en el Estado que las tiene. Ahora empezamos a andar en esta línea».

Baleares se estabiliza

La memoria anual constituye la herramienta básica mediante la cual la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears da cumplimiento ordinario al deber de rendir cuentas al Parlamento de las Illes Balears de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, con el fin de dar justificación de forma transparente de la actividad desarrollada a lo largo del ejercicio 2022.

Según explico Cristóbal Milán, director de la Oficina Anticorrupción de Baleares en una intervención ante el Parlament Balear hace unas semanas, esta es la quinta memoria que presenta la Oficina en la que se recoge el ejercicio completo, destinada a trabajar por un cambio cultural en la percepción de la corrupción.

Cristobal Milán, director de la Oficina Antifraude Baleares, y Nicolas Conti, presiente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (Cosital), firman un acuerdo contra la corrupción. (OAIB)

Desde su punto de vista, hay que entender la corrupción como un riesgo al que hay que hacer frente con determinación y estrategias preventivas que impliquen reforzar la conciencia colectiva por una ética pública que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en las administraciones y en el sector público en general.

Los datos revelan que se mantiene el número de denuncias presentadas. En 2021 fueron 125 y en 2022, 124. Des esa cifra, 89 son anónimas, 21 por particulares, tres por políticos, cinco que provienen de funcionarios, dos de entidades ciudadanas o de vecinos, dos de empresas y otras dos de trabajadores.

Sobre estas denuncias sigue habiendo más de las corporaciones locales, que bajan de 65 a 54 en 2022; respecto a entidades públicas crecen al 13 % al situarse en 44; sobre administraciones estatales hay ocho denuncias frente a tres en el 2021 y sobre personas físicas privadas se han interpuesto 14.

En cuanto a los temas que se denuncian, la Oficina Antifraude Balear señala en su memoria que sigue siendo la contratación un elemento clave con 16 denuncias de 124; crece bastante incumplimiento normativo con 10; las relacionadas con función pública se reducen de 25 a 11, sobre prevaricación urbanística hay también reducción de 14 a 9 de denuncias, mientras que emerge la dejación de funciones, nueve denuncias, y se mantienen los delitos contra las personas físicas y usurpación con seis denuncias cada una.

Durante el ejercicio 2022 se han tramitado un total de 107 expedientes en la Oficina. De estos 107 expedientes, dos corresponden a informaciones presentadas en 2019, 30 a informaciones presentadas en 2020, ocho informaciones presentadas en 2021 y 67 informaciones presentadas en 2022.

De las 107 informaciones tramitadas el año pasado, 43 corresponden a informaciones inadmitidas que no cumplen los requisitos establecidos para iniciar actuaciones de investigación de acuerdo con la normativa aplicable. Hay otras 44 que se archivan.

Milán destaco que, a lo largo de este pasado año, las actuaciones de investigación realizadas en el uso de las funciones atribuidas por la normativa reguladora y en cumplimiento de los objetivos que sirvieron para determinar la creación de la Oficina, comprenden diversas diligencias o actividades.

En primer lugar, requerimientos documentales a administraciones públicas autonómicas y locales, personas y entidades públicas o privadas. Al mismo tiempo, entrevistas personales tanto en la dependencia administrativa como en la sede de la Oficina, junto con solicitudes de información y consultas de bases de datos en registros públicos, así como comprobaciones in situ y visitas de inspección.

Según datos de esta Memoria las horas de investigación crecieron un 32% pasando de 5.044 horas en el 2021 a 6,644 en el 2022. Ahora el nuevo gobierno balear presidido por Marga Prohens fruto de la coalición del PP y VOX estudia la viabilidad de dicha Oficina y si seguirá operativa en el futuro.