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Un CGPJ muy dividido avala a Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado

Siete magistrados creen que no es idóneo para el puesto frente a 12 que le han dado su voto

Pleno del CGPJ (Foto: El Mundo)

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Un CGPJ muy dividido avala a Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado

Siete magistrados creen que no es idóneo para el puesto frente a 12 que le han dado su voto

Pleno del CGPJ (Foto: El Mundo)



Álvaro García Ortíz, propuesto el pasado martes por el Consejo de Ministros para ser el nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado, ha pasado el primer trámite para dirigir el Ministerio Público, si bien parece claro que su figura dista mucho de aportar confianza.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha considerado en la reunión mantenida hoy que el ahora fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrado fiscal general. La votación, saldada con 12 votos a favor y siete en contra, muestra a las claras la división que en el órgano de gobierno de los jueces provoca la figura de García Ortiz, que ha sido la mano derecha de Dolores Delgado en la Fiscalía y está considerado próximo al PSOE.



El resultado obtenido por García Ortiz en esta votación es el mismo logrado por Dolores Delgado cuando su nombramiento fue sometido a la consideración del CGPJ: doce magistrados a favor y siete en contra.



“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Álvaro García Ortiz. (Foto: Álvaro García Ortiz)



El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del órgano de gobierno de los jueces y de los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, Wenceslao Olea, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Han votado en contra los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernánez, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart, que han anunciado la formulación de un voto particular.

Álvaro García Ortiz ingresó en la carrea fiscal en 1999. En 2002 se incorporó a la fiscalía de área de Santiago de Compostela y desde 2004 ejerció como fiscal especialista en Medioambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y fiscal coordinador especial de incendios de esa Comunidad Autónoma. Un año más tarde asumió como fiscal el caso del Prestige. Desde 2002 fue fiscal de medio ambiente en Galicia, hasta que en marzo de 2020 fue nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

García Ortiz fue presidente-portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de 2013 a 2017, organización a la que perteneció Dolores Delgado y cuyos miembros se han visto favorecidos por la política de nombramientos llevada a cabo por la ex fiscal general.

García Ortiz, segundo por la derecha, en un acto electoral del PSOE en Galicia. (Foto: ABC)

Considerado la mano derecha de Dolores Delgado, la Asociación de Fiscales (AF) y la asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya han mostrado su oposición a la elección de García Ortiz, del que va tener una línea continuista. Cristina Dexeus estima que desde que fue nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado no ha hecho nada y que, si bien puede haber un cambio en las formas, “en el fondo va a seguir igual”. Salvador Viada, presidente de la APIF, considera “negativo” el nombramiento.

Con la votación celebrada hoy, el órgano de gobierno de los jueces ha cumplido el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Además, el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

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