Un CGPJ roto elige a sus candidatos para el Tribunal Constitucional

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne hoy para intentar llegar a un acuerdo que le permita elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Dada la situación que vive el propio CGPJ -cuyos vocales están en funciones desde hace casi cuatro años-, la división en el órgano de gobierno de los jueces unido al hecho de que ya sin ningún rubor los principales partidos políticos utilizan al Consejo como campo de batalla política, ha creado una expectativa, más que de procedimiento institucional, de refrendo al Gobierno.

En el discurso pronunciado ayer en el acto de Apertura del Año Judicial, Carlos Lesmes instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a sentarse de forma urgente a negociar un pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Incluso dejó entrever la posibilidad de presentar su dimisión o de que se produjeran dimisiones entre los vocales del Consejo si este acuerdo no llegaba pronto.

Estas declaraciones se producían, además, solo unas horas después de que un grupo de ocho vocales del CGPJ del ala conservadora decidieran constituirse en minoría de bloqueo ante los nombramientos de los magistrados del Constitucional. Estos vocales -pertenecientes al bloque conservador- no parecen dispuestos a pactar los nombres de los nuevos miembros del TC hasta que se aclare el procedimiento para designar a los candidatos.

Carlos Lesmes, en la Apertura del Año Judicial. (Foto: CGPJ)

Esta postura puede retrasar el nombramiento de los dos magistrados del tribunal de garantías, que deberían ser nombrados, como muy tarde, el 13 de septiembre.

Pero la rebelión dentro del CGPJ no es el único problema al que se ha enfrentado Lesmes estos días y que ha terminado emponzoñando el proceso de selección dentro de CGPJ. Según una información publicada el pasado lunes por el diario El Mundo, Lesmes habría recibido presiones del para que el CGPJ nombre a los dos vocales del TC a cambio de ser promocionado para ocupar el asiento que el catedrático Alfredo Montoya ha dejado libre en el tribunal de garantías.

Lesmes negó que sus esfuerzos por que el CGPJ cumpla con los plazos impuestos por el Ejecutivo y vote a los dos magistrados correspondientes para acceder al TC escondan intereses personales relacionados con su carrera. Afirmó que su interés en deliberar en el plazo indicado se debe a que no entiende que el órgano de los jueces se ponga «en rebeldía» y a que «debe cumplir la ley aunque no le guste».

Sede del Tribunal Constitucional. (Foto: Tribunal Constitucional)

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Pare entender mejor lo que está pasando parece necesario hacer un repaso de los problemas que ha vivido el CGPJ en los últimos años y a la lucha política que se ha desatado en torno al mismo.

El 4 de diciembre de 2018 venció el mandato del CGPJ. El PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para nombrar a los nuevos miembros, pero la filtración de un mensaje de WhatsApp de un miembro del PP afirmando que los dos partidos habían acordado quién iba a presidir el Consejo -el presidente del CGPJ sale de una votación entre los vocales de la institución- dio al traste con el pacto. Desde entonces no ha sido posible el acuerdo, por lo que el CGPOJ lleva ya casi cuatro años en funciones.

A pesar de esta situación de bloqueo, PSOE y PP llegaron en octubre de 2021 a un acuerdo para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Congreso de los Diputados tras casi dos años en prórroga, pues sus respectivos mandatos terminaron en 2019. Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel fueron nombrados nuevos integrantes del Constitucional el 17 de noviembre de 2021.

El pasado 12 de junio finalizó el mandato de cuatro de los integrantes del TC, aquellos que deben elegir el Gobierno y el CGPJ, dos cada uno. Sin embargo, el Gobierno impulsó una ley por la que se modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial y que imposibilitaba que el CGPJ, de mayoría conservadora, pudiera hacer nombramientos en órganos como el Tribunal Supremo o el Constitucional mientras sus miembros estuvieran en funciones.

Sin embargo, en junio de 2022, el PSOE impulsó una reforma por la que se reformaba la ley aprobada en 2021, de manera que se abría de nuevo la posibilidad de que el CGPJ nombrara a los dos miembros del TC que le corresponden, aunque mantiene el veto al resto de nombramientos.

Una cuestión importante es qué puede pasar si finalmente el CGPJ no llega a un acuerdo para elegir a sus candidatos al tribunal de garantías. Aquí se ha abierto un intenso debate jurídico. El Gobierno cree que puede seleccionar sus candidatos al TC aunque el CGPJ no llegue a un acuerdo en este sentido. Sin embargo, la Constitución Española recoge en su artículo 159.3 que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Esto, a priori, obligaría a que los dos candidatos del Gobierno y los dos del CGPJ entraran al pleno del TC a la vez.

Mientras que algunos jurídicas sostienen que en ningún caso se pueden desligar los candidatos del Ejecutivo y del CGPJ, mientras que otras explican que sí es posible que salgan adelante los nombres propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez aun en caso de que el CGPJ no aporte sus nombres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Foto: Moncloa)

¿Qué está en juego con estos nombramientos?

El trasfondo de este enfrentamiento no es otro que propiciar que la mayoría del tribunal de garantías sea conservadora o progresista. Esta es una cuestión importante tanto para el Gobierno como para la oposición, ya que las decisiones que adopta este tribunal terminan teniendo una gran trascendencia política.

En estos momentos, el TC cuenta con una mayoría de magistrados considerados conservadores. Los magistrados que han cumplido ahora su mandato son Pedro González-Trevijano, presidente del TC, y Antonio Narváez Rodríguez (propuestos por el Ejecutivo de Rajoy) y Santiago Martínez-Vares García y Juan Antonio Xiol Ríos (elegidos por el CGPJ). En total, salen tres jueces conservadores y uno progresista.

El CGPJ tiene como norma nombrar a un magistrado del ala conservadora y a otro progresista. Si a esto se suma el nombramiento de dos progresistas por parte del Gobierno, el tribunal de garantías recibiría a tres magistrados progresistas y uno conservador, lo que daría un vuelco ideológico al TC.

Este cambio es muy importante para el Gobierno y para el PP por los asuntos sobre los que se tiene que pronunciar el tribunal de garantías.

En este listado está el recurso presentado por diputados del PP en 2010 contra la Ley del Aborto impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero; el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia; recurso contra la nueva Ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá. El tribunal de garantías debe resolver en este caso sobre los dos recursos presentados por diputados de Vox y de PP.

Además, el TC deberá resolver sobre los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la condena del Supremo y contra la pérdida del escaño y es muy posible que tenga que pronunciarse sobre la posible paralización de la entrada en prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, mientras que se resuelve su indulto.