Un dictamen de María Emilia Casas para el ICAM ve factible la pasarela al RETA voluntaria para todos los mutualistas  

Una pasarela voluntaria y extraordinaria al RETA abierta a todos los mutualistas para resolver el problemas de aquellos que se encuentran en el trance de recibir pensiones exiguas pese a sus aportaciones a la Mutualidad de la Abogacía es la propuesta del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para resolver este espinoso problema.

Esa es la conclusión del dictamen jurídico que la catedrática del trabajo y Seguridad Social María Emilia Casas ha plasmado por encargo del ICAM, en un informe que ha elaborado en los últimos cinco meses para revolver el problemas de los miles de abogados preocupados por las escasas pensiones que van a recibir.

Estos abogados planean una multitudinaria manifestación el próximo 28 de septiembre en Madrid, en reivindicaciones de pensiones dignas, como ya lo hicieran en otras ocasiones. En esta oportunidad parece que asociaciones de abogados y colegios de abogados irán de la mano.

A la presentación de este informe que ha habido para los medios informativos, le ha sucedido otra posterior por streaming donde Ribón y María Emilia Casas han presentado el informe a los cerca de un millar de abogados que se han inscrito. La presentación va a estar colgada de la web del ICAM durante unos días para que sea visible para el resto de abogados.

Sobre la pasarela, en el informe se insiste en su carácter extraordinario y voluntario: La propuesta de una pasarela al RETA debe ser una medida extraordinaria, limitada en el tiempo y voluntaria. Este carácter se justifica por la insuficiencia prestacional que afecta a muchos mutualistas, cuyas pensiones no alcanzan los niveles mínimos del sistema público, vulnerando el artículo 41 de la Constitución Española.

Además, se asegura la libertad de elección económica de los mutualistas (artículo 33), permitiendo que decidan voluntariamente si desean mantenerse en la Mutualidad o integrarse al RETA.

Otra cuestión que se subraya es la igualdad de Acceso a la Pasarela: La pasarela debe estar disponible para todos los mutualistas, sin restricciones cronológicas o económicas, garantizando la igualdad ante la ley (artículo 14 CE). Cualquier limitación podría generar una discriminación injustificada entre los mutualistas, vulnerando el principio de no discriminación.

También se habla del carácter temporal de la medida temporalidad: La pasarela debe implementarse durante un periodo de seis meses para permitir que los mutualistas puedan tomar una decisión informada, en consonancia con el derecho a la tutela judicial efectiva y a la transparencia (artículo 24 CE). Este plazo es necesario para proporcionar la información adecuada sobre los derechos y obligaciones de los mutualistas, permitiendo una decisión consciente.

El informe de María Emilia Casas (a la derecha) recoge la opción de una pasarela al RETA para todos los mutualistas que lo deseen con carácter voluntario. (Imagen: Luisja Sánchez)

Una solución justa para miles de abogados

Con esta iniciativa se pretende ofrecer «una solución jurídica sólida», que permitirá a los abogados mutualistas acceder al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y así garantizar una jubilación digna y justa. A partir de aquí, el documento se hará llegar al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para que el resto de los colegios de abogados lo hagan suyo y a los propios partidos políticos y gobierno para abrir una negociación necesaria para su implementación en los próximos meses.

En la presentación del estudio, fue el decano del ICAM, Eugenio Ribón, acompañado de la vicedecana Isabel Winkels y la autora del informe, María Emilia Casas, quien hizo alguna aclaración técnica al mismo, quienes explicaron los pormenores de esta propuesta.

Según consta en dicho dictamen, este conflicto afecta a más del 26% de los mutualistas. Estos abogados cotizan a un sistema de capitalización individual que no garantiza pensiones suficientes, lo que genera desigualdades en las prestaciones en comparación con las ofrecidas por el RETA.

Además, no existe un marco legal que permita la transferencia de cotizaciones entre la Mutualidad y el RETA, lo que limita las opciones de los mutualistas para mejorar sus pensiones.  Sobre este respecto el informe de Casas plantea crear una ley especifica nueva o hacer una reforma en la Ley General de la Seguridad Social modificando alguna de las disposiciones finales

Preguntado por Economist & Jurist, el decano Ribón cree que la opción mas sencilla podría ser la modificación de dicha disposición, habida cuenta del escaso consenso que hay en el Parlamento para aprobar cualquier tipo de normativa en este momento.

“Nos encontramos ante una coexistencia de diversas situaciones jurídicas y económicas. Muchos mutualistas reciben pensiones inferiores a los 500 euros mensuales, lo que es incompatible con una jubilación digna, vulnerando el artículo 50 de la Constitución Española, que asegura una cobertura económica suficiente”, explica el decano.

El informe de la catedrática Casas logra dar solución a este complicado escenario en el que, además, se busca que la propuesta “que se articule asegure la sostenibilidad de la Seguridad Social y al mismo tiempo salvaguardar el equilibrio financiero y la solvencia de la Mutualidad de la Abogacía y los derechos de los mutualistas”, según ha destacado el decano del ICAM y se recoge en el informe de Casas.

Propuesta del ICAM

La propuesta de María Emilia Casas destaca en primer lugar una pasarela voluntaria al RETA: La propuesta establece una pasarela voluntaria al RETA con una duración de seis meses, para que los mutualistas alternativos puedan tomar una decisión informada sobre su futuro. No se impondrán limitaciones cronológicas ni criterios económicos para acceder a esta opción.

En segundo lugar, la transferencia de cotizaciones: El capital cotizado a la Mutualidad será transferido íntegramente a la Tesorería General de la Seguridad Social, asegurando transparencia y seguridad jurídica.

Eugenio Ribón explicando los pormenores del informe de María Emilia Casas a los colegiados. (Imagen: ICAM)

Otro elemento importante seria la conversión de cotizaciones: Se plantean dos opciones de conversión: una conversión cuantitativa del capital cotizado o una conversión conceptual, en la que los años cotizados a la Mutualidad se reconozcan como años cotizados en el RETA.

El decano ha indicado que el capital cotizado a la Mutualidad debe ser transferido íntegramente a la Tesorería General de la Seguridad Social (artículo 41 CE), garantizando que los mutualistas que opten por la pasarela al RETA conserven sus derechos adquiridos y reciban una protección económica suficiente en la jubilación.

Al mismo tiempo, se propone que las condiciones de cotización al RETA sean diferenciadas según la edad y el tiempo de cotización de cada mutualista. Esta medida se ajusta a los principios de equidad y proporcionalidad (artículo 9.3 CE), garantizando que aquellos mutualistas con menos años para cotizar no se vean desproporcionadamente perjudicados

“Desde esta institución, defendemos que todos los compañeros que deseen traspasarse al RETA deben contar con una conversión que les reconozca los mismos años cotizados en la Mutualidad. Esto es fundamental, dado que muchos mutualistas alternativos han carecido de la cobertura de salud proporcionada por el sistema público durante gran parte de su carrera profesional”, ha detallado Eugenio Ribón.

Otro elemento a tener en cuenta es que la propuesta también incluye la aplicación de tarifas reducidas o incluso «cuotas cero» para aquellos mutualistas que enfrentan mayores dificultades económicas, de acuerdo con el principio de progresividad fiscal (artículo 31 CE). Esto evitaría que los mutualistas se vean sometidos a cargas contributivas excesivas en su transición al RETA.

La propuesta crea tres tipos de mutualistas, con condiciones específicas para cada uno en función de su edad y los años cotizados. Para aquellos mayores de 49 años que no han cumplido el mínimo de 15 años de cotización, se contemplan condiciones más flexibles para alcanzar ese período.

El decano ha recalcado que en este informe se indica que se creará un sistema de garantías y ayudas transitorias. Para facilitar la transición al RETA, se propone un sistema de ayudas que permita a los mutualistas adaptarse progresivamente, incluyendo la posibilidad de mantener la base mínima de cotización y aplicar tarifas reducidas para aquellos en situaciones económicas más desfavorables.

En cuanto a la situación de los mutualistas pasivos, el dictamen también aboga por consolidar el programa «Ayudas 65+», transformándolo en un derecho subjetivo pleno para garantizar un complemento económico estable para aquellos mutualistas ya jubilados que perciben pensiones insuficientes.

Muchos colegiados se han acercado al ICAM para conocer la propuesta de María Emilia casas y hacer sus preguntas. (Imagen: ICAM)

También se propone la consideración de exenciones fiscales temporales para mutualistas que decidan capitalizar sus prestaciones privadas de jubilación, especialmente en casos donde la longevidad pueda generar necesidades económicas adicionales.

Además, se aboga por la flexibilización de las normas de compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión de jubilación, permitiendo a los mutualistas continuar trabajando y cotizando sin perder los beneficios acumulados.

Necesidad de diálogo institucional

La propuesta del ICAM resalta la importancia de un diálogo institucional continuo entre la Seguridad Social, la Mutualidad y la abogacía para proporcionar a los mutualistas la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas. “Este es un proceso complejo, y solo mediante una colaboración fluida entre las instituciones podremos asegurar que se brinde el apoyo adecuado a los mutualistas”, ha afirmado Ribón.

De momento, por lo que hemos podido saber en las reuniones que la ministra Elma Saenz y su secretario de Estado, Borja Suárez, han mantenido con la abogacía es que el ministerio quiere limitar la pasarela solamente a los mutualistas realmente vulnerables, cuestión que choca por el momento con estos planteamientos.

Sin embargo, hay un consenso político para resolver este tema: “Es importante resaltar que existe un consenso político sobre la necesidad de brindar una protección suficiente ante situaciones de necesidad para los mutualistas alternativos. Este consenso, ahora, debe plasmarse en acciones concretas por parte del legislador”, comentan desde el ICAM.

La llamada al Gobierno y a los grupos parlamentarios es clara: es tiempo de actuar, es tiempo de legislar”, destaca Ribón.

La propuesta contempla la posibilidad de exenciones o deducciones fiscales temporales para mutualistas que capitalicen sus prestaciones privadas de jubilación, asegurando así que no se vean penalizados fiscalmente en situaciones de necesidad vinculadas a la longevidad (artículo 31 de la Constitución).

Otra cuestión destacaba es la compatibilidad entre Trabajo y Pensión. Finalmente, se sugiere flexibilizar las normas de compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión, permitiendo que los mutualistas puedan seguir trabajando mientras perciben una pensión. Esto garantiza una mayor seguridad económica para los mutualistas en su jubilación, acorde al artículo 35 CE.