Un juicio penal señalado para 2026 y tres años con medidas provisionales por un informe psicosocial pospuesto sine die

La saturación de los servicios sociales que trabajan para el juzgado, en Melilla, es tal que un ciudadano lleva más de un año esperando un informe psicosocial y no hay fecha para que este se realice. La justicia ha admitido que los servicios sociales se encuentran totalmente desbordados por falta de personal. El afectado, implicado en un proceso de divorcio, lleva sometido a medidas provisionales desde hace tres años en un caso en el que se encuentra en juego el interés superior del menor.

El caso se remonta a 2019, cuando comienza un proceso de divorcio en el que se dirime la custodia de los hijos. Según el relato de la representación legal del padre, la madre se niega a la custodia compartida que reclama el progenitor, asegurando que él padece problemas mentales y el juzgado acaba adoptando, en 2020, unas medidas provisionales que no incluyen pernocta con el padre. Este reclama en ese momento un informe psicosocial pero, dada la tardanza, se pide que un perito, elegido por insaculación, realice un informe sobre el estado psicológico del padre y la mejor forma de custodia de los menores, a lo que la contraparte no objeta nada. Cuando la perito determina que el régimen deseable para el interés superior del menor es la custodia compartida, el letrado de la madre impugna a la profesional. Según manifiesta el abogado, Jaime Company, el siguiente episodio es el de la vista para la actualización de la situación en la que el juez advierte, una vez que el abogado se ha desplazado más de 660 kilómetros, que no se puede celebrar porque la otra parte ha interpuesto una querella por suplantación de identidad contra su cliente que, según la madre, falsificó los informes de los supuestos problemas de salud mental que ella supuestamente padecía.

El retraso acumulado está directamente relacionada con “la falta de personal del equipo psicosocial

El caso pasa a un juzgado de violencia de género. Entretanto, el hombre sigue sin poder pasar tiempo con los menores y, a pesar de que la madre acepta en 2021 un régimen normalizado de visitas, este no se lleva a la práctica y se mantienen las medidas provisionales de 2020. El abogado del hombre renuncia al informe de la perito que consideraba que la custodia compartida era lo mejor y el de la mujer retira la querella. Company reclama un informe psicosocial por la vía de urgencia. Las medidas provisionales fueron modificadas en 2022, aunque esa actualización tampoco se acercaba a las pretensiones del padre, «ha quedado obsoleta», manifiesta el letrado.

De la petición de ese informe por la vía de urgencia ha pasado más de un año y la situación no se ha resuelto definitivamente, lo que llevó al afectado a presentar una queja ante el decanato sobre el retraso a la hora de emitir ese informe. El Juez Decano de Melilla afirma, en un informe de acuerdo gubernativo, que “si tiene razón el ciudadano con su queja, dado que [han pasado] más de ocho meses [desde que se requirió que se] emitiese un informe psicosocial, cuando las medidas provisionales duran ya tres años”. Concluye que el retraso acumulado está directamente relacionada con “la falta de personal del equipo psicosocial” y a que no ha sido considerado un procedimiento de urgencia. El Decano, Fernando Portillo, archiva la queja presentada aunque anima al ciudadano a elevar la queja, avalada por él mismo, ante la Administración. A juicio del juez, la responsabilidad es del Ministerio de Justicia, que es quien dota de medios a los juzgados y tribunales de Melilla y ante quien, si así lo estima pertinente deberá el ciudadano dirigir su queja”.

Ante la dilación del proceso, la representación del padre apela al interés de los menores y al del propio progenitor, que no puede ver a sus hijos con regularidad. Las trabajadoras sociales tienen sobre la mesa más de 61 procedimientos judiciales sobre los que emitir informe y, según observa en el último escrito presentado por el abogado al juzgado,  “la demora va a resultar sine die y no siendo prioritario el informe sobre el procedimiento de custodia que resulta más favorable a los intereses de unos menores, () la situación aparece ciertamente dramática, donde solo parece apelarse a la paciencia infinita del progenitor”. Por ello suplica al juzgado que un nuevo perito independiente emita informe sobre los menores y sobre el mejor régimen de custodia.

Un juicio señalado para 2026

Otro caso que resulta “sangrante” es el que el abogado sevillano Jesús Domínguez Gómez ha denunciado. Tras una instrucción relativamente rápida, le han señalado el juicio para febrero de 2026. Se trata de una vista penal, un orden en el que los bienes jurídicos en juego son especialmente importantes y han sido gravemente afectados. Esto supone, ha contado, más de tres años para resolver un caso en primera instancia. A esto hay que sumarle lo que puedan demorarse los posibles recursos posteriores. Se trata de un proceso dilatado en el tiempo con consecuencias psicológicas para el justiciable que pueden ser importantes.

Domínguez lleva 16 años ejerciendo y nunca había llegado a esta situación. “Estamos llegando a un punto de no retorno, que se ha asumido” por parte de los abogados. “Estamos desamparados. Ojalá los poderes públicos comprendan de una vez por todas la imperiosa necesidad de dotar a la justicia de medios suficientes (materiales y humanos), por el bien de nuestra sociedad”, concluye este letrado.