Un sargento de la Guardia Civil a un detenido: “Esto lo solucionábamos con dos botellas de vino”
Este miembro de la policía judicial también admite, hablando sobre detenciones, que "a su jefe le gusta que suene"
Carátula informe Guardia Civil. Operación Pantano (Foto: E&J)
Un sargento de la Guardia Civil a un detenido: “Esto lo solucionábamos con dos botellas de vino”
Este miembro de la policía judicial también admite, hablando sobre detenciones, que "a su jefe le gusta que suene"
Carátula informe Guardia Civil. Operación Pantano (Foto: E&J)
El sargento primero de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil en la comandancia de Madrid, Sergio Bravo, aseguró a un investigado de la Operación Pantano, detenido, que “con dos botellas de vino” se hubiese solucionado su problema. Los hechos los relata él mismo en la grabación de una conversación que ha sido aportada a la instrucción de la pieza separada de una causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso, en exclusiva, Economist & Jurist.
En el marco de la citada operación, que no guarda relación alguna con la investigación de la Audiencia Nacional, Bravo cita a un investigado para que comparezca, le detiene y le dice, de forma jocosa, que si hubiese llevado un par de botellas de vino de su bodega el asunto hubiera quedado solucionado. El investigado es Fernando Cornejo, propietario de una bodega y copresidente- junto al ayuntamiento del municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias- de una fundación que posee el Castillo de la Coracera. El equipo de investigación, lo relacionaba con un delito de sustracción de la cosa propia a su utilidad social o cultural.
Según los informes de la Guardia Civil de la Operación Pantano, a los que también ha tenido acceso este medio, “se han puesto de manifiesto suficientes elementos de prueba, documentales, informáticos y financieros que corroboran que la acción del PSOE en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, desde el año 2014 a 2019, ha dispuesto presuntamente de los fondos públicos y los mecanismos de la administración de manera irrespetuosa y esquiva con las normas, en beneficio de unos pocos, según las decisiones arbitrarias o subjetivas de su Administración () De esta manera, se han producido delitos principalmente de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración”. La denuncia que da pie a esta investigación fue interpuesta, en marzo de 2019, por la portavoz del grupo municipal del Partido Popular y alcaldesa del municipio durante los últimos años, Mercedes Zarzalejo.
En este contexto de investigación sobre, a juicio policial, adjudicaciones discrecionales y uso indebido de la contratación menor por parte del Ayuntamiento, el equipo investigador considera que Cornejo se ha podido lucrar indebidamente de eventos celebrados que no corresponden a la utilidad social del Castillo ni se contemplan en los estatutos de la fundación. Consideran igualmente que la Administración se ha lucrado y ha realizado eventos sin la preceptiva autorización y falseando los trámites preceptivos para su celebración. En esta investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero y en la que aún no se ha pronunciado la fiscalía, el patrono de la fundación niega los hechos, asegura que las cuentas están claras y publicadas y señala que todas las actividades realizadas encajan en los estatutos de la fundación, han contado con respaldo político permanente de los partidos con representación municipal y se han venido realizando durante muchos años, revirtiendo todo el dinero en la fundación. Subraya igualmente que la gestión del castillo no tiene ánimo de lucro y que el dinero ingresado en las cuentas de la fundación va a parar, íntegramente, en el mantenimiento, conservación y fomento de ese bien cultural.
En los audios que está publicando Economist & Jurist, el sargento Bravo admite que a Cornejo le atribuyen un delito “que él no había escuchado nunca, un delito rarísimo”. Se trata del delito de Sustracción de la cosa propia a su utilidad social o cultural. La persona que dialoga con Sergio Bravo le pregunta por esta persona y él responde:
-¿Y qué es lo que hace este?
-Vivir, vivir mejor que tú y que yo. Es un viejuno que no hace nada. Tiene un castillo en el pueblo, el tío es multimillonario, no sabe ni lo que tiene. Lo destina a cosas a las que no lo puede destinar y el ayuntamiento no se lucra y él si. (…) Estos les tumbas y salen por la otra puerta por delitos así. Le digo al tío «mira, lo hubiera solucionado contigo de una manera muy sencilla. Tu vienes aquí con dos botellas de vino. ¿Tú ves a esos señores? A todos les gusta el vino. A unos más que a otros menos, pero a todos les gusta el vino. Salimos de aquí como amigos» Es un delito muy raro, yo no conocía ni el delito que le hemos metido.
Y termina: te voy a poner libertad porque me has caído (ininteligible).
Estas manifestaciones sucedieron exactamente cómo las cuenta, según otra fuente presentes en esa diligencia. El trato de los agentes, más allá de eso, tanto con Cornejo como con otros investigados que fueron detenidos por esta causa y con los que ha conversado Economist & Jurist, fue “correcto y muy amable”.
Realmente, el delito que le atribuyen a Cornejo, tipificado en el artículo 289 del Código Penal, contempla una pena máxima de cárcel de cinco meses, por lo que, sin antecedentes de ningún tipo, se antoja realmente complicado que llegase a pisar la cárcel si algún día fuese condenado.
El artículo 419 del Código Penal castiga, por un delito de cohecho, con entre tres y seis años de prisión y con inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre nueve y doce años a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero reciba o solicite dádivas, favor o retribución de cualquier clase para realizar, en el ejercicio de su cargo, un acto contrario a los deberes inherentes al mismo. El 420 establece penas de dos a cuatro años para quien haga lo mismo para realizar un acto propio de su cargo.
Detenciones «porque a mi jefe le gusta que suene»
En otro momento de la conversación, el sargento primero cuenta haber participado en una investigación sobre estafas en alquileres vacacionales, la operación RentScam. Afirma haber detenido a personas sin motivos para ello, porque “a su jefe le gusta que suene”
El 1 de abril de este año, la Guardia Civil informaba sobre esa operación:
“Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación “Rent scam” han logrado desmantelar una organización criminal compuesta por 42 personas y especializa en estafas informáticas relacionadas con alojamientos vacacionales (..) y se ha logrado esclarecer más de 128 estafas por todo el territorio nacional, destacando el esclarecimiento de los mismos en la provincia de Madrid. Las detenciones se llevaron a cabo y de manera simultánea en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Pontevedra, A Coruña, Valencia, Alicante, Castellón, Ibiza, Bilbao, Santander, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Murcia, Barcelona y Tarragona. La operación se inició el pasado mes de septiembre, cuando la Guardia Civil detectó un incremento de denuncias relacionadas con estafas vacacionales en varias plataformas especializadas y páginas web. Con la información aportada por las víctimas se realizó un estudio exhaustivo de las páginas donde se ofertaban los alojamientos, comprobando como los responsables insertaban anuncios en plataformas y páginas legales en los que ofrecían alojamientos a un precio inferior al del mercado para captar la atención de las víctimas y posteriormente cobrarles el dinero por adelantado. Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron comprobar la existencia de una compleja organización criminal que se dividía a su vez en subgrupos y que operaba en todo el territorio nacional, llegando a localizar y relacionarles con más de un centenar hechos delictivos”.
El sargento Sergio Bravo considera “una vergüenza” algunas de las actuaciones que se desarrollaron. Y así lo describe en las conversaciones que constan ya en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
-El otro día montan una historia sobre alquileres vacacionales, que sale mi jefe, ahora te lo enseño por ahí. Lo que ha hecho es una auténtica vergüenza, pues esto es lo que ha hecho el otro día. El que lleva delitos económicos que soy yo, y delitos telemáticos y tecnológicos que es otro chaval muy majete, pero lo que ha hecho el otro día es una puta mierda, yo detuve a gente que (ininteligible). Me dijo: detienes a estos tres
-¿Lo que me contaste de la negrita?
-Pobre negra, la muchacha no ha hecho nada, pero es que el otro día en estos…igual. Había gente que decía: pero si es que a mi me han robado el DNI, es que yo no sé ni de lo que me hablas, llega el punto en que los crees y dices hostias, es que es verdad. Pues a mi jefe le da igual. Mi jefe es buen chaval, es muy buen chaval, pero solo quiere que suene.
De esta forma, Bravo, afirma haber realizado detenciones inmotivadas, siguiendo órdenes de su jefe, Abel Marín Seoane, que actuaba para obtener mayor repercusión.
Esta información pone fin a la primera serie de informaciones de investigación de Economist&Jurist. Este medio ha publicado, a lo largo de esta semana, cómo el sargento primero Sergio Bravo reconocía ser «el más ilegal de los ilegales» y admitía el uso de prácticas de investigación irregulares o cómo, según su propio testimonio, era consciente del pago de mordidas a altos cargos de la Guardia Civil encargados de adjudicar obras en cuarteles.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la veracidad de los audios publicados y llegado el caso, examinar si procede la apertura de un expediente disciplinario.
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Si desea aportar alguna información adicional sobre este caso, puede escribir a investigacion@economistjurist.es