Una iniciativa pretende introducir en campaña el «derecho a entender»

El 97% de los textos para solicitar ayudas, becas y subvenciones resultan incomprensibles, el 83% de las personas no terminan los trámites con las administraciones y se rinden porque no los entienden y el Tribunal Supremo ha tenido que pedir recientemente que se adapten varias sentencias para que su contenido resultase comprensible. Son solo algunos ejemplos que evidencian que gran parte de la sociedad no entiende textos que resultan esenciales en nuestro día a día. Con el objetivo de la que esta situación cambie, ha surgido una iniciativa que reivindica y presiona a los partidos políticos para que defiendan y se comprometan con el derecho a entender.

“Una sociedad que no entiende a sus administraciones, instituciones y empresas es una sociedad que fracasa”, afirman los impulsores de esta iniciativa entre los que se encuentra el escritor y periodista Mario Tascón. Él es el presidente de Prodigioso Volcán, ha sido presidente de la Fundéu y ha formado parte del equipo que ha elaborado las guías que instan a los operadores jurídicos a escribir de forma comprensible, tal y como analizó Economist & Jurist.

En una entrevista con este medio, Tascón sostiene que un lenguaje como el que se emplea en la mayor parte de las resoluciones judiciales o en las bases para optar a una beca o una ayuda de otro tipo genera brechas en la sociedad y contribuye a perpetuar la desigualdad. “Todos somos vulnerables frente a una pantalla y hay quien encuentra verdaderos obstáculos insalvables”, comenta haciendo hincapié en que no solo se trata del lenguaje utilizado sino también de lo accesible que sea la información.

Tascón, que ha escrito y publicado un ensayo sobre la comunicación clara, señala que se están invirtiendo millones en digitalización, pero que la información no llega a todo el mundo, por la forma en que está dispuesta. Advierte que llevamos años hablando de la necesidad de un lenguaje jurídico claro y que, sin embargo, seguimos sin avanzar en ese sentido.

El Derecho Romano, explican, contiene numerosas referencias a la necesaria claridad de los textos y de la comunicación oral. ¿Hemos mejorado desde entonces?, se preguntan. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 399.3, dispone que «Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante». En su artículo 218, apunta a esta necesidad de claridad en relación a las sentencias. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 433, establece que “Los testigos mayores de edad penal prestarán juramento o promesa de decir todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el Juez obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible, de la obligación que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal”. El Tribunal Supremo o la guía del Tribunal Constitucional también redundan en ese sentido.

Las sentencias por falta de claridad en la redacción de las cláusulas de contratos bancarios también son muy frecuentes, considerando abusivas aquellas que no resulten entendibles por el consumidor, atendiendo a sus circunstancias.

Mario Tascón espera que los diferentes partidos entiendan la importancia de este derecho y pongan en marcha planes y normas que lo contemplen.