Ya se están señalando juicios en Juzgados de lo Social para febrero de 2029
Está ocurriendo en el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga
(Imagen: E&J)
Ya se están señalando juicios en Juzgados de lo Social para febrero de 2029
Está ocurriendo en el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga
(Imagen: E&J)
El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga ya está señalando juicios para febrero de 2029, a cinco años vista, como le ha ocurrido al letrado Damián Vázquez Jiménez, de la firma Vázquez Abogados. Es el último profesional del mundo jurídico que ha denunciado en redes sociales la Justicia tardía.
«Justicia tardía no es justicia. Urge solucionar dichos retrasos», ha destacado emplazando a solucionar esta problemática al Colegio de la Abogacía de Málaga, al Consejo General de la Abogacía (CGAE), a la Junta de Andalucía, y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
⚖️ Que barbaridad❗️juzgado social 2 Málaga señalando juicios para FEBRERO DE 2029 Señala a 5 años vista, justicia tardía no es justicia. Urge solucionar dichos retrasos @AbogaciaMalaga @Abogacia_es @AndaluciaJunta @PoderJudicialEs @abogados 😠😳 pic.twitter.com/zdk0iSyBS3
— VAZQUEZ ABOGADOS (@abogados) October 21, 2024
El caso es de un vigilante de seguridad del aeropuerto de Málaga, afiliado al sindicato AUJE, que reclama el reconocimiento de unos pluses y cantidades por realizar funciones de jefe de equipo y, por lo tanto, con más responsabilidad y carga de trabajo. Cantidades que anteriores empresas adjudicatarias sí han pagado.
«Entiendo la sobrecarga de los juzgados y la falta de medios, siendo necesario más jueces y más órganos judiciales en todas las jurisdicciones. Sin embargo, no es de recibo y es una dilación indebida señalar juicios a cinco años vista», declara en Economist & Jurist el abogado afectado, especializado en Derecho Laboral.
«Otros juzgados de lo social de Málaga, con los mismos medios materiales y humanos, no tienen tanto retraso o señalan mucho antes», apuntando así a posibles problemas de organización del juzgado o agenda, o a falta de medios.
El letrado va a recurrir dicho señalamiento tardío, con un recurso de reposición, además de que ya lo ha puesto en conocimiento ante el CGPJ, mediante queja enviada esta mañana, y ante el Colegio de la Abogacía de Málaga.
Damián Vázquez no es la primera vez que reclama por retrasos de juicios en este juzgado. Hace unos meses también reclamó la fecha señalada a tres años vista en un caso de invalidez, que quedaría sin efecto porque el demandante ya estaría jubilado entonces. «Este caso de invalidez es todavía más gravoso, puesto que el justiciable perdería el derecho a cobrar esa posible invalidez en todos estos años y a la fecha del juicio sería imposible cobrar una invalidez por haber llegado a la edad de jubilación», precisa.
Finalmente, tras su recurso se cambió la fecha del juicio del 18 de noviembre de 2026 al 4 de marzo de 2026, pero para el letrado «sigue siendo todavía muy tarde, ya que es un asunto de 2022 y se va a enjuiciar en 2026». En la resolución del propio juzgado se reconoce que había dictado «nuevas instrucciones a implementar para corregir la excesiva dilación de asuntos derivada de una anterior reestructuración de la agenda».
Este abogado hace «un llamamiento y anima a los justiciables y a los letrados a que no se queden callados ante la justicia tardía y reclamen para conseguir entre todos una solución a los retrasos injustificados, que es un mal endémico de la justicia española, con el que se vulneran el artículo 24 de la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva.
«La saturación de los juzgados provoca retrasos inaceptables en los señalamientos y resoluciones, lo cual perjudica gravemente a la ciudadanía y a los profesionales del derecho», ha denunciado el presidente del CGAE, Salvador González, al conocer este caso, y ha subrayado que «urge más inversión en justicia, más jueces, fiscales y tecnología para un sistema eficiente». Según ha informado, el Colegio de la Abogacía de Málaga ya denunció esta situación a la Audiencia Provincial, que abrió expediente gubernativo y dio traslado al TSJA. «Seguimos esperando una respuesta», apunta.
La saturación de los juzgados provoca retrasos inaceptables en los señalamientos y resoluciones, lo cual perjudica gravemente a la ciudadanía y a los profesionales del derecho.
Urge más inversión en justicia, más jueces, fiscales y tecnología para un sistema eficiente. https://t.co/CZEbxaL1Dm— SALVADOR GONZALEZ (@SGMSALVADOR1) October 22, 2024
«Avanzar en calidad y en reducción de los tiempos de respuesta es imprescindible»
El magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar analizó en una entrevista en Economist & Jurist la calidad de la Justicia Española.
«Desde mi experiencia judicial, de ya bastantes años, puedo decir que la Justicia española, como todas las instituciones, necesita mejorar. Pero el avance se ha de producir sin ruptura, y también sin pausa», destacó este magistrado con 40 años de servicio ininterrumpido en la carrera judicial, muchos de ellos dictando sentencias en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
«Tenemos, desde luego, muchos puntos para mejorar. Avanzar en calidad y en reducción de los tiempos de respuesta es imprescindible. Un caso no puede eternizarse, las personas no pueden estar indefinidamente en espera para que su asunto se resuelva», declaró, recordando que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado acerca de las dilaciones indebidas, tachándolas de intolerables.
Asimismo, indicó que «no se puede utilizar un lenguaje demasiado oscuro en las resoluciones». «Los problemas que deben afrontarse en materia de Justicia únicamente pueden resolverse mediante una buena organización de los Tribunales, avanzando por intensificar la independencia de los jueces y magistrados, conseguir que el mecanismo procesal en que consiste el proceso sea cada vez más ágil, que todos tengan acceso a una tutela judicial efectiva de mayor calidad y en tiempos más cortos, pero el modo de conseguirlo es una misión que corresponde exclusivamente al Ejecutivo político», indicó.
La Justicia tardía, ante el TEDH
Esta situación que sufre la Administración de Justicia de España ha sido llevada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, conocido por su lucha contra la justicia tardía, solicitando que condene a España a indemnizar a un cliente suyo por los daños morales que le está causando la dilación de su caso.
La demanda, que ha sido admitida a trámite, imputa al Estado una violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que dispone que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial, y reclama un mínimo de 20.000 euros.
Este letrado denuncia «indignado» que «es una auténtica vergüenza que el justiciable se tenga que ver abocado a acudir al TEDH para hacer valer sus derechos fundamentales a ser oído dentro de un plazo razonable, con el coste económico que ello supone». Y afirma que al igual que el Ministerio Fiscal puede recurrir en súplica las inadmisiones del Tribunal Constitucional, también deberían poder haberlos ciudadanos. De hecho, este abogado aboga por reformar la ley orgánica del TC para que se permita recurrir las inadmisiones a trámite y también para que el órgano de garantías motive por qué no admite el amparo.
El caso es sobre una demanda presentada en mayo de 2021 por un despido que considera, «cuanto menos, improcedente», en el que su cliente no ha recibido siquiera la indemnización mínima legal, y éste tiene hijos a su cargo. La demanda recayó en el Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, que fijó para el 24 de enero de 2024 el acto de conciliación y de no haber avenencia, el mismo día seguidamente el juicio, por lo que tenía que esperar más de tres años, nada menos.
El abogado solicitó que se acordase una medida cautelar para el embargo preventivo porque la empresa iba a entrar en concurso de acreedores, pero no se pudo llevar a cabo porque, como se temía, entró en concurso sin que se hubiera pronunciado el órgano judicial, por lo que la competencia ya no era del Juzgado de lo Social. Posteriormente, la vista fue adelantada para el 20 de junio de 2023, pero este letrado considera que una espera de dos años continúa siendo un señalamiento tardío, y más si cabe, tratándose de «un caso sin complejidad».
A este abogado le parece decepcionante que el Tribunal Constitucional haya cambiado de criterio ante los señalamientos tardíos y ahora no ampare en un caso similar al de la famosa sentencia de 10 de octubre de 2022, de un caso suyo.
Además, apunta que el órgano de garantías ha dicho por activa y por pasiva que el mero hecho de que se haya celebrado el juicio no subsana la violación que se haya producido con anterioridad de un derecho tan fundamental como es a la tutela judicial efectiva.
Daniel Sánchez Bernal espera que el TEDH «ponga cordura a esta pandemia que estamos sufriendo de lentitud de la justicia, agravada el año pasado por las huelgas de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios», y que resarce económicamente a este demandante.