Paralizado el ascenso de Dolores Delgado como fiscal de sala en el Tribunal Supremo por «desviación de poder»

El ascenso de Dolores Delgado García, exfiscal general del Estado y recién designada fiscal de sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, se ha visto detenido después de que el Tribunal Supremo determinara que las declaraciones hechas por el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, -durante el proceso de selección- fueron parte de una propuesta «viciada» para ocupar el cargo. En dichas declaraciones, García Ortiz admitía tener una relación cercana, basada en la amistad y favores mutuos con Delgado. Además, señalaba una laguna en la ley pues quien ha sido fiscal general del Estado, no debería regresar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la fiscal de sala. Esta, sin embargo, es una potestad que, tal y como ha considerado el Supremo, no le corresponde a él enmendar.

El juez Luis Rueda García, quien también había presentado candidatura para cubrir la vacante como fiscal de sala, interpuso el pasado 15 de noviembre de 2022 un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 807/2022, de 4 de octubre, por el que se promovía y nombraba a Dolores Delgado fiscal de sala. En el mismo, el recurrente solicitaba que se ordenase la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta del fiscal general del Estado al Consejo de Ministros, al considerar que esta propuesta incurría en arbitrariedad y desviación de poder y giraba entorno a un asunto del cual el fiscal general debía haberse abstenido.

Como hechos trascendentales, cabe destacar que -a comienzos de julio de 2022- la señora Delgado García remitió al Ministerio de Justicia una propuesta de convocatoria para la cobertura de varias plazas. Entre ellas, tal y como se puede comprobar en el escrito, se encontraba la de fiscal de sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Poco tiempo después de esta propuesta, García presentó su dimisión como Fiscal General del Estado, alegando motivos de salud. La convocatoria fue finalmente aprobada mediante el 29 de agosto de ese mismo año. A ella se presentaron, entre otras personas, la ya exfiscal general del Estado.

Una sesión llena de polémica

Durante la sesión del Consejo Fiscal, un momento crucial para la selección de un nuevo candidato para el puesto en cuestión, Rueda recibió seis votos, mientras que Delgado obtuvo cinco. Del primero se destacó su conocimiento militar, mientras que de ella se resaltó su extensa experiencia en la jurisdicción penal, así como sus méritos como ministra de Justicia y fiscal general del Estado.

Dolores Delgado (Foto: RTVE)

Resulta asimismo relevante mencionar que durante esta sesión, Álvaro García Ortiz, quien recientemente había sucedido a la señora Delgado García como Fiscal General del Estado, insistió en que aquel que ha ocupado ese cargo no debería regresar a la Carrera Fiscal en una categoría inferior a la más alta, es decir, la de fiscal de sala. Aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no contempla una promoción automática en este sentido, él, en su papel de fiscal general del Estado, expresó su disposición a abordar esta situación que consideró como una laguna en la ley.

De igual modo, reiteró en numerosas ocasiones su innegable cercanía con Dolores, a la que recientemente había sustituido, dando a entender un claro interés personal, amistad y cercanía con la candidata, a la que también aseguró deber «muchas deudas». Después de escuchar al Consejo Fiscal -cuya consulta es obligatoria aunque no vinculante- el fiscal general del Estado propuso a la señora Delgado García para cubrir la vacante, con la consiguiente promoción a la categoría de fiscal de sala.

Para Rueda, quien también se había postulado como candidato, estas declaraciones constituyen un caso de «arbitrariedad y desviación de poder». Por un lado, argumentó el recurrente que el fiscal general del Estado debería haberse abstenido en este asunto, ya que concurrirían en él las causas contempladas en los apartados a) (interés personal), c) (amistad íntima) y e) (haber tenido relación de servicio con la persona interesada) del artículo 23.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por otro lado, sostuvo que la propuesta del fiscal general a favor de la señora Delgado García, así como la acción del Consejo de Ministros al respaldarla, incurría en arbitrariedad y desviación de poder por varios motivos. La arbitrariedad la argumentó en el hecho de que la señora Delgado García carecía de conocimiento especializado o experiencia práctica en Derecho Militar. Según el recurrente, para compensar esta deficiencia, la motivación de la propuesta del fiscal general resaltó otros méritos de la aspirante, dándole especial importancia a su desempeño como Ministra de Justicia y como fiscal general del Estado. En cuanto al reproche de desviación de poder, el recurrente argumentó que la verdadera finalidad perseguida por García Ortiz era, a su parecer, «saldar una deuda de gratitud y subsanar una omisión de la ley».

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras estudiar el caso y considerar inválido el motivo por el cuál Rueda cuestionaba la falta de experiencia militar de Delgado -una especialización de «menor importancia» para el Supremo- ha concluido que «la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso». Una declaración que, finalmente, ha terminado estimando el recurso, pues para este órgano judicial «si la propuesta está viciada debe entenderse que el acto también lo está».