1981: ¿y si hubiera triunfado el 23-F?

La muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 abrió paso al establecimiento de un régimen democrático en España. La llegada de la democracia a un país como España, que a lo largo de su historia solo había tenido unas cortas experiencias en el capítulo de desarrollo de las libertades, fue un camino difícil. Tanto que, el 23 de febrero de 1981, cuando solo habían pasado poco más de cinco años desde la muerte del dictador, hubo un intento de golpe de Estado que pudo arruinar los anhelos democráticos de la mayoría de la población.

La intentona golpista se explica, que no justifica, por una serie de circunstancias que se produjeron en España en los primeros años de la Transición y que molestaron a buena parte del ejército y de aquellos que pensaban que había demasiada libertad.

Muchas personas coinciden en señalar que el golpe de Estado del 23-F sirvió para consolidar la democracia. Ahora bien, ¿Qué habría pasado si hubiera triunfado? Antes de contestar esta pregunta, parece lógico explicar el porqué del 23-F y lo que pasó.

Tras la muerte del dictador y la disolución de las Cortes franquistas, la primera tarea que había que acometer era desmontar el entramado legal de la dictadura. Para ello, en julio de 1976 el Rey Juan Carlos encargó a Adolfo Suárez formar Gobierno. En menos de un año hizo aprobar la Ley para la Reforma Política y a partir de ese momento se empezó a trabajar en la redacción de una nueva Constitución democrática.

El 27 de diciembre de 1978, el Rey sancionó la actual Constitución, después de que ésta fuera aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978 y ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

La importancia de acometer la reforma política y de aprobar una nueva Carta Magna hizo que le Gobierno dejara de lado una cuestión muy importante para el país y que estaba provocando una contestación social importante: la crisis económica.

Una economía bajo mínimos

En el período 1973-85 España vivió una profunda crisis económica que se caracterizó por altas tasas de inflación y desempleo, una inversión negativa y un crecimiento muy lento del Producto Interior Bruto. La crisis fue particularmente intensa en el sector secundario, y se reflejó en una notable reducción del peso de la industria en el conjunto de la economía.

Representantes de los partidos firmantes de los Pactos de la Moncloa. (Foto: Público)

Tras ganar las elecciones de 1977, Suárez nombró a Enrique Fuentes Quintana vicepresidente económico. Éste redacto un documento, Programa de saneamiento y reforma de la economía. El Gobierno lo discutió con el resto de las fuerzas parlamentarias y, ante la falta de alternativas, el 25 de octubre de 1977 se firmó lo que se conoce como Los Pactos de la Moncloa.

A cambio de aceptar las medidas de saneamiento propuestas por el Gobierno, la oposición exigió la incorporación de un importante paquete de reformas que pretendían el desmantelamiento de las instituciones corporativas del régimen anterior, introduciendo a los agentes sociales en el proceso de toma de decisiones. Esto, unido al hecho de que la grave crisis provocó una situación de continuos conflictos laborales y huelgas intolerables a ojos de los sectores más conservadores.

Durante los años de la Transición la violencia de ETA estaba desbocada. La banda terrorista cometió casi 200 asesinatos entre el 6 de diciembre de 1978 y el 23 de febrero de 1981. Una parte del Ejército comenzó a manifestar su descontento ante lo que consideraban la inoperancia del Gobierno para acabar con esta lacra.

ETA cometió casi 200 asesinatos entre diciembre de 1978 y febrero de 1981. (Foto: Cadena SER)

La organización territorial de España era otro de los elementos que no podían soportar aquellos que añoraban la dictadura. El Ejecutivo tuvo que afrontar la vertebración de España en Comunidades Autónomas, previstas por la Constitución. Bajo su mando, se celebraron tres referendos de aprobación de Estatutos de Autonomía (en Cataluña, País Vasco y Galicia). La nueva organización administrativa de España encontró críticas, cuando no una abierta oposición en los estamentos militares, que veían en ella una amenaza a la unidad de España.

Suárez ‘el traidor’

Un elemento más de desazón para quienes estaban en contra de los cambios que se estaban produciendo terminó siendo el propio Adolfo Suárez. Un nutrido grupo militares y la élite conservadora partidaria de una democracia con limitaciones vio con disgusto cómo el en un principio obediente Adolfo Suárez había entrado en una especie de desmelene democrático. No solo no era incapaz de solucionar el problema etarra, sino que ponía en peligro la unidad de España y planteaba un Estado social y democrático que amenazaba a sus privilegios. Esta oligarquía quería mantener el sistema impositivo franquista, que se dejaran de monsergas con los derechos laborales y controlar, no solo el proceso de toma de decisiones económicas, sino políticas.

Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue la legalización del Partido Comunista de España (PCE) el 9 de abril de 1977, en la que no se tuvo en cuenta la opinión de la élite militar. De hecho, en una reunión mantenida el 8 de septiembre de 1976 entre el Gobierno y el Ejército se les había prometido que el Partido Comunista no iba a ser legalizado.

Adolfo Suárez charla con Santiago Carrillo, secretario general del PCE. (Foto: El Español)

Transición paralela

Esta situación general fue el caldo de cultivo para el desarrollo del golpe de Estado, pero también de otros movimientos, en este caso procedentes del sector civil, tendentes a cambiar la situación y, por encima de todo, defenestrar a Adolfo Suárez. Desde la primavera de 1977, un grupo de empresarios, banqueros y algún que otro nostálgico del franquismo, así como varios militares articularon lo que se ha llamado la “Transición Paralela”, un modelo de transformación del sistema político vigente alternativo al de Suárez, y cuyo éxito pasaba por la salida del político abulense de la presidencia del Gobierno.

Según el historiador Roberto Muñoz Bolaños, que ha tenido acceso al sumario del juicio por el 23-F, ante la posibilidad de que pudiera haber un golpe militar, este grupo apostó, sin salir de la legalidad, por un Gobierno de concentración nacional, en el que estarían todos los partidos del arco parlamentario –excepto los nacionalistas–, presidido por el general Alfonso Armada, secretario general de la Casa del Rey durante 17 años y miembro de la alta burguesía. Aquel plan recibió el nombre de Solución Armada.

El general Alfonso Armada. (Foto: El Periódico)

Mientras que la trama civil para expulsar a Suárez iba tomando forma, los militares más ultraderechistas y contrarios a la democracia no se quedaron quietos. En noviembre de 1978 fue abortada la Operación Galaxia, un plan de golpe de Estado que pretendía tomar la Moncloa, retener a Adolfo Suárez y hacerse con el control del país. El desmantelamiento de la operación supuso la detención y condena del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, y el capitán de la Policía Armada, Ricardo Sáenz de Inestrillas.

A pesar de los problemas a los que se enfrentaba, la UCD de Suárez se hace con la victoria en las elecciones generales de marzo de 1979, aunque no logra la mayoría absoluta. El primer Gobierno elegido en las urnas de la democracia, y amparado por la Constitución, no llegó a durar dos años, y estuvo marcado por la inestabilidad y el constante movimiento en las carteras ministeriales.

En mayo de 1980, el líder de la oposición, el socialista Felipe González, presenta una moción de censura y, aunque no sale adelante, deja muy tocado a Suárez.

A partir de ese momento comienza a tomar más forma la idea de un Gobierno presidido por un militar. Jaime Milán del Bosh, capitán general de la III Región Militar, convocó una reunión el 18 de enero de 1981 en la que se propone dejar la dirección de la operación en manos del general Armada. Todos los presentes, incluido Tejero, aceptan retrasar los planes para poder sustituir a Suárez sin necesidad de una operación militar.

Dimisión de Suárez

Todo cambio, sin embargo, el 29 de enero de 1981. En un mensaje televisado, Adolfo Suárez presenta su dimisión como presidente del Gobierno y de UCD. En su alocución hace una críptica mención a que la democracia fuese “una vez más, un paréntesis en la historia de España”, aunque a posteriori Suárez aclaró que si en ese momento hubiese sido consciente de la posibilidad de un golpe de Estado no habría dimitido.

Adolfo Suárez anuncia su dimisión como presidente del Gobierno. (Foto: La Vanguardia)

Había que buscar un candidato para suplir a Suárez, y cada vez parecía más claro que esa persona iba a ser el general Armada. El 3 de febrero, el Rey le llama para decirle que le ha nombrado segundo jefe del Estado Mayor y lo trasladan a Madrid. Armada está convencido de que va a dirigir el Gobierno. Pero, días después, el candidato elegido es Calvo-Sotelo. Probablemente al forzar Suárez y Pío Cabanillas la elección de Calvo-Sotelo se cortó la vía para que Armada pudiera ser propuesto como candidato.

En paralelo, el ruido de sables era cada vez mayor. El 1 de febrero de 1981, el Colectivo Almendros, un grupo de militares de extrema derecha, publicó en el periódico El Alcázar un artículo en el que se invocaba un “golpe de timón” que “a corto plazo instauraría la oportunidad para una legítima intervención de las Fuerzas Armadas” para “garantizar la paz y la subsistencia nacional en los momentos de peculiar delicadeza”. El periodista Emilio Romero publicó días antes del golpe un artículo en el diario ABC en el que criticaba duramente al dimitido Adolfo Suárez, defendía la necesidad de “un golpe de timón” y proponía al general Alfonso Armada como posible candidato a presidente del Gobierno.

El 19 de febrero de 1981 empezó la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, donde Calvo-Sotelo presentó su propuesta de Gobierno. En la votación del día 20 no obtuvo la mayoría absoluta necesaria, por lo que la segunda votación se produciría el día 23.

El golpe

El 23 de febrero, a las 18:23 horas, cuando iba a emitir su voto el diputado socialista Manuel Núñez Encabo, se inició la Operación Duque de Ahumada, en referencia al fundador de la Guardia Civil. Según el plan trazado, un grupo de doscientos guardias civiles, subfusil en mano, irrumpió en el hemiciclo del Congreso de los Diputados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. (Foto: La Sexta)

Poco después de la entrada de Tejero al Congreso y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el capitán general de la III región militar, Jaime Milans del Bosch. Éste desplegó la División Motorizada Maestrazgo, con dos millares de hombres y cincuenta carros de combate, en las calles. Hacia las siete de la tarde, las emisoras de radio valencianas comenzaron a emitir un comunicado de Milans del Bosch en el que declaraba el estado de excepción. Milans intentó convencer a otros militares de secundar la acción.

Parecía que el golpe avanzaba. Juan García Carrés, dirigente del Sindicato Vertical, le transmitió un mensaje a Tejero en el que le informaba que la II región militar (Sevilla), la III (Valencia), la IV (Barcelona) y la V (Zaragoza) se habían sublevado y apoyaban el nombramiento de Jaime Milans del Bosch como presidente del Gobierno.

Sin apoyo del Rey

Sin embargo, para que la asonada triunfara, tenía que tener el respaldo del Rey, pero éste se negó a apoyarlo. De hecho, el propio monarca se aseguró mediante gestiones personales y de sus colaboradores la fidelidad de los mandos militares y logró que muchas capitanías generales no siguieran el ejemplo de la de Valencia. En este sentido, fue fundamental la neutralización de Alfonso Armada, que era quien estaba destinado a tomar las riendas del país en caso de que el golpe triunfara.

Tras el asalto de Tejero al Congreso y la ocupación de Valencia de Milans del Bosch, Armada pretendía acercarse al Rey para ofrecerse como solución y reconducir el golpe en supuesto beneficio del país y de la Corona. Pretendía comparecer en el Congreso como enviado del Monarca para proponer un Gobierno de compromiso presidido por él mismo. Sin embargo, su plan se vio truncado cuando el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, no permitió que Armada acudiera al Palacio de la Zarzuela, impidiendo que ejerciera su influencia sobre el monarca.

El Rey Juan Carlos se dirige a la nación para condenar el golpe y defender la Constitución. (Foto: Voz Pópuli)

Fernández Campo mantuvo una conversación telefónica con José Juste, encargado de la División Acorazada Brunete. Durante dicha conversación, Sabino se percata de que Armada está involucrado, y es cuando pronuncia la famosa frase, que no fue literal, de que “ni está, ni se le espera”. Esto hace que Juste llame a su superior, Quintana Lacaci, un franquista que ha obedecido al Rey y no se ha sublevado. Esto conlleva algo esencial en el fracaso del Golpe, que la Acorazada Brunete no salga a las calles de Madrid.

Movimientos de Armada

Ante la imposibilidad de Armada para entrar en la Zarzuela, Milans lo llama hacia las diez de la noche y le propone que acuda al Congreso y negocie el previsto Gobierno de unidad a cambio de la liberación de los diputados y la revocación del estado de excepción de Milans del Bosch. Armada llamó a la Zarzuela para pedir su apoyo al plan. Fernández Campo le prohibió hablar en nombre del rey, pero no le impidió acudir al Congreso.

A las 23:50 horas, Alfonso Armada se presentó en el Congreso con un doble objetivo: convencer a Tejero para que depusiera su actitud y asumir él mismo el papel de jefe del Gobierno a las órdenes del Rey, en actitud claramente anticonstitucional. Sin embargo, Armada hizo algo que terminó de cortar cualquier posibilidad de éxito del golpe.

En lugar de proponer la creación de una junta militar que gobernara el país, llevó una lista con la composición del Gobierno, que cometió el error de enseñar a Tejero, en la que había políticos de casi todos los partidos, incluyendo el PSOE y el PCE. Tras más de una hora de reunión, Tejero monta en cólera y no le deja pasar al Congreso y dirigirse a los diputados.

A la 1:14 de la madrugada del día 24 de febrero, cuando Armada estaba reunido con Tejero, se emitió a través de la primera cadena de TVE un mensaje del Rey, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos. El mensaje había sido grabado una hora antes en su despacho en el Palacio de la Zarzuela. El monarca se dirigió a la nación para situarse contra los golpistas, defender la Constitución, llamar al orden a las fuerzas armadas en su calidad de comandante en jefe y desautorizar a Milans del Bosch. A partir de ese momento, el golpe se da por fracasado.

Hacia la 1:00 de la madrugada, Milans del Bosch recibió la llamada del Rey ordenándole retirar las tropas. Poco después, Milans dio la orden de regresar a sus unidades a los contingentes militares que ocupaban Valencia.

El general Armada en la puerta del Congreso el 24 de febrero. (Foto: El País)

Hacia las 10:00 horas del día 24 se permitió la salida de las diputadas del Congreso. Media hora después, Tejero discutió con el general Armada las condiciones de su rendición, que incluían la salida de Tejero sin la presencia de periodistas y que los guardias de rango inferior hasta teniente no serían juzgados. La Zarzuela dio su conformidad al acuerdo. Este pacto se conoce como el “Pacto del capó”, ya que se firmó sobre el capó de un Land Rover. A mediodía se procedió a desalojar el Congreso de los Diputados y a las 12:15 todo había terminado.

Pocas posibilidades de éxito

Se puede decir que, en realidad, el 23-F no hubo en marcha un golpe, sino al menos dos. Aunque en ese momento el peligro de involución era real, era difícil que ninguna de las dos alternativas triunfara y, de haberlo hecho, no era probable que hubiera podido mantenerse.

Si Tejero hubiese aceptado el golpe blando que proyectaba Armada, se habría formado un Gobierno de concentración presidido por él e impuesto al Rey. Eso no hubiera salido porque el Rey no se habría legado a ese apaño y es posible que muchos de los políticos incluidos en la lista tampoco. Además, la Comunidad Europea no habría reconocido a ese Gobierno, que no tendría ninguna credibilidad por haber sido formado en un momento en el que el Parlamente estaba secuestrado.

El golpe duro que proyectaba Milán del Bosch era imposible de llevar a cabo sin la complicidad del Rey, como quedó de manifiesto a lo largo de aquella noche. Y el Rey nunca hubiera aceptado un directorio militar a la manera del de Primo de Rivera. De hecho, la cerrada negativa del Monarca a secundar aquella aventura fue el elemento que frustró la intentona mientras se estaba produciendo.

¿Y si hubiera triunfado?

El triunfo del golpe habría supuesto una grave involución y la desaparición del recién estrenado sistema democrático, de eso no hay duda. Tampoco hay duda de que, independientemente de que el Gobierno hubiera terminado siendo dirigido por Milán del Bosch o Armada, habrían coincidido a la hora de tomar determinadas medidas, sobre todo en lo que se refiere al estado autonómico, que habría desaparecido o, en el mejor de los casos, reducido a su mínima expresión, o a derechos laborales.

No obstante, a priori, un Gobierno de concentración dirigido por Armada y en el que hipotéticamente hubiera representantes de varios partidos políticos, no habría tomado unas medidas tan duras como lo habría hecho un Gobierno de Milán del Bosch que, muy posiblemente, hubiera estado formado por militares y por los elementos más ultraderechistas de la sociedad.

En el caso del Gobierno de concentración de Armada, lo primero que tendría que haber hecho es dar una patena de legitimidad al nuevo régimen y de presentarse como un salvador de la patria, sobre todo de cara al exterior. Esto no le habría permitido imponer medidas muy duras, al menos en un primer momento. Posiblemente el grueso de sus medidas estaría orientado a cambios en la economía y a evitar la conflictividad laboral posiblemente recortando la libertad sindical. El mayor poder de los militares, que una vez más habrían salvado al país, puede darse también por hecho.

Otro elemento importante de su política tendría que ser la eliminación de leyes que molestaban a la iglesia católica, como era el caso de la Ley de Divorcio. De este modo, buscaría tener de su lado a uno de los principales poderes en la España de esa época. De hecho, la Conferencia Episcopal, que estaba reunida el 23 de febrero, solo condenó el golpe el 24 cuando ya había fracasado.

Para hacernos una idea sobre qué habría pasado de haber gobernado Milán del Bosh, y partiendo de la base de que habría anulado la Constitución, la mejor forma de hacerse una idea es leer el bando publicado por el general la noche del 23 de febrero cuando sacó los tanques en Valencia. En ese bando, compuesto por 11 artículos, desarrollaba una serie de prohibiciones y proscripciones que muy posiblemente habrían terminado alargándose en el tiempo.

El general Jaime Milán del Bosch. (Foto: Diario de Sevilla)

El texto incluía la militarización de los servicios públicos. Además, se sometía a la jurisdicción militar cualquier atisbo de ataque a las fuerzas armadas o a los servicios públicos. Estos hechos serían castigados a través de juicios sumarísimos, “así como los delitos de rebelión, sedición y de atentado o resistencia a los agentes de la autoridad”. También serían juzgados por este procedimiento sumarísimo los delitos de “desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca”.

Asimismo, se prohibían las huelgas, que eran consideradas como actos de sedición, así como la actividad de los sindicatos y de los partidos políticos. Todos los cuerpos de seguridad del Estado se mantendrán bajo la autoridad del general que, además, asumía el Poder Judicial y Administrativo.

Otra cuestión foco de atención serán los medios de comunicación. El control de los mismos y la censura previa se habría impuesto. La experiencia de la dictadura franquista, de la que Milán y Tejeros eran deudores intelectuales, muestra cómo habrían sido controlados los medios de comunicación y el destino que habrían sufrido los periodistas díscolos, a muchos les los cuales se les podría juzgar de manera sumarísima por delitos como el de sedición.

Posiblemente se hubiera producido una fuerte represión después del golpe y el encarcelamiento de líderes de partidos de izquierda, y de algunos de la derecha como el propio Suárez, y de sindicalistas se puede dar por segura.