1983: Rumasa, el mayor holding español, es expropiado

El 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganaba las elecciones generales con mayoría absoluta. En ese momento, la victoria del partido liderado por Felipe González provocó grandes dosis de ilusión en amplias capas de la sociedad española. Sin embargo, desde el primer momento, el nuevo Gobierno tuvo que hacer frente a muchos problemas.

La situación del país era mala. En el aspecto político, el año anterior se había producido un intento de golpe de Estado militar y el terrorismo hacía estragos. Por lo que respecta a la economía, la situación no era mucho mejor. El crecimiento era raquítico, la economía era profundamente dependiente del turismo y del sector servicios, la inflación estaba disparada y muchas de las empresas del país eran obsoletas y poco competitivas.

Para hacer frente a esta situación, Felipe González se rodeó de un equipo económico liderado por Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga como ministro de Industria y Mariano Rubio como gobernador del Banco de España.

Miguel Boyer. (Foto: Google)

El nuevo Ejecutivo no tardó en tomar la primera medida de calado. En diciembre de ese año se decidió la devaluación de la peseta para contrarrestar los efectos de la inflación en la competitividad de las empresas españolas en el exterior. Sin entrar a valorar si esta medida es o no acertada, no cabe discusión sobre que es un paso que han dado muchos gobiernos a lo largo de la historia en varios países. Más sorprendente puede ser, sin embargo, la segunda gran decisión de las autoridades económicas españolas.

Justo dos años después del intento de golpe de Estado, el 23 de febrero de 1983 poco antes de la medianoche, el entonces portavoz del Gobierno de Felipe González, Eduardo Sotillos, apareció en la primera cadena de TVE para leer un comunicado oficial del Gobierno informando de la decisión de expropiar Rumasa, el primer holding privado de España cuyo volumen de negocio equivalía al 1,8% del PIB nacional.

Dadas las urgencias económicas del país, no se entendía muy bien a qué venía la expropiación de un grupo empresarial y bancario tan importante. Claro que, en ese momento, muy pocos sabían que Rumasa era un Titanic a punto de hundirse. Antes de explicar qué estaba pasando y para valorar la importancia de la decisión es necesario explicar qué era Rumasa.

El germen del Grupo Rumasa fue un grupo de bodegas en Jerez. (Foto: Google)

Un conglomerado nacido del vino

La andadura del imperio Rumasa se inició en 1961. Fue fundada por José María Ruiz-Mateos en Jerez de la Frontera con un capital de 300.000 pesetas. Hasta 1964, fecha en que adquirió su primera entidad financiera, el Banco de Jerez, solo lideraba un conjunto de pequeñas empresas dedicadas a la producción y comercialización de vinos de Jerez y marginalmente a negocios financieros e inmobiliarios. Desde 1964 hasta aproximadamente diez años después el grupo experimento una espectacular expansión basada en la adquisición de pequeños bancos en situación difícil. Estas adquisiciones solían ser caras y se realizaban con ayudas oficiales.

En 1974, en plena crisis mundial provocada por el precio del petróleo, Rumasa da un nuevo salto hacia adelante. La crisis se ceba en España y en su sector bancario. Esto es aprovechado por Rumasa, que incorpora a su órbita bancos como el Noroeste, el segundo banco industrial de España. Gracias a las ayudas oficiales el Grupo Rumasa pudo ir expandiéndose. Pero las tornas cambiaron dramáticamente en 1977.

Ese año, tras las primeras elecciones democráticas, comenzó una política económica de ajuste y una política monetaria muy restrictiva. Se acabaron los negocios financieros e inmobiliarios de carácter especulativo. Este entorno hizo que las empresas con excesiva proporción de recursos ajenos no pudieran soportar los costes los costes por intereses. Esto, unido a que la moneda estaba sobrevaluada, lo que dificultaba la exportación, llevó al Grupo Rumasa a una situación muy difícil. La situación se agravó con una serie de problemas en el sector de vinos de Jerez.

En el Grupo Rumasa había 18 bancos. (Foto: Google)

Con todo ello, los tres pilares en los que se asienta el grupo, banca, inmobiliario y vino de Jerez, entran en profunda crisis. Como suele ocurrir en estos casos, en lugar de reestructurar la deuda y vender activos, Ruiz-Mateos tomo el camino de la huida hacia adelante y se dedicó a comprar empresas, como es el caso de Galerías Preciados, Mantequerías Leonesas, Loewe, Tauro, Terry, Hubber… Así hasta 40 y muchas de ellas en muy mala situación. Para realizar estas compras, Ruiz-Mateos pedía créditos a sus propios bancos. De este modo, se multiplicó el grado de concentración de riesgos de los bancos en su matriz y en las restantes filiales no bancarias de ésta.

Los últimos pasos hacia la expropiación

Los manejos empresariales del Grupo Rumasa no pasaron desapercibidos al Banco de España, que exigía al conglomerado, que incluía 18 bancos en el momento de su expropiación, la realización de una auditoría externa. Esta auditoría fue acordada con el Fondo de Garantía de Depósitos, entidad creada en 1977 a imagen de sus homólogas europeas y dependiente del Banco de España, ante el temor de que las operaciones de Rumasa fueran demasiado arriesgadas y pusieran en peligro el sector bancario del conglomerado, que suponía un cuarto del negocio.

La auditora Arthur Andersen comenzó a estudiar las cuentas de Rumasa en 1981. A finales del año siguiente, el Banco de España daba la voz de alarma sobre la fragilidad del entramado de Rumasa. En un informe, la entidad advertía de que era habitual «la utilización del crédito por una sociedad distinta de la que figura como titular del mismo» o de que era «práctica generalizada que el pago de intereses de los créditos se realice mediante la concesión de nuevos créditos», entre otras conductas temerarias.

A finales de enero de 1983, Rumasa rescindió el contrato con la auditora Arthur Andersen. En febrero de ese año se produjo un encuentro entre Miguel Boyer y José María Ruiz-Mateos para buscar una solución, pero las posturas de los dos eran antagónicas y el empresario jerezano no parecía dispuesto a tomar medidas para atajar los problemas de sus empresas. El 23 de febrero, el Consejo de Ministros, después de una reunión de más de 12 horas, decidió la expropiación del grupo.

La decisión del Gobierno se publicó a través de un Real Decreto en el BOE del 24 de febrero, donde se anunciaba la expropiación, «por razones de utilidad pública e interés social». En el Real Decreto sobre la expropiación se argumentaba que la misma estaba justificada por “la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 1978”, “los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo” o “la arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo”.

Las Torres de Jerez, en la Plaza de Colón de Madrid, eran los edificios más emblemáticos de Rumasa. (Foto: Google)

Las auditorías realizadas al grupo después de la expropiación revelaron datos inquietantes. El conglomerado de empresas estaba compuesto por 700 sociedades en lugar de las 200 que se creía inicialmente. Contaba con una plantilla que rondaba las 65.000 personas y una facturación de 350.000 millones de pesetas. Según los peritos judiciales, el déficit del alcanzaba a 31 de diciembre de 1982 un total de 346.000 millones de pesetas. Además, el grupo mantenía una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 10.774 millones de pesetas y una deuda con Hacienda de 19 300 millones de pesetas.

A priori, y a tenor de los datos parecía que la expropiación podía estar justificada. Sin embargo, la premura con que se terminó decretando la misma provocó importantes errores, provocados principalmente porque cuando el Gobierno expropió Rumasa no sabía cuál era la composición del grupo.

En el decreto de expropiación aparecían empresas que pertenecían ya al sector público desde 1969, como Túneles del Tibidabo, propiedad del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona. Lo mismo ocurrió con Roca Radiadores, sin vinculación alguna con Rumasa o con el Atlántico de Comercio, un banco inexistente que también se incluyó en el decreto.

Años después de la expropiación, Miguel Boyer declaró a Televisión Española que la medida no se realizó para sancionar a José María Ruiz-Mateos por sus presuntos delitos dentro de la empresa, sino que fue «una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra«.

La reacción de Ruiz-Mateos

Después de que Ruiz-Mateos se reuniera con Miguel Boyer en el despacho de éste pocos días antes de la expropiación de su grupo de empresas, el empresario jerezano tenía claro que de una forma u otra el Gobierno iba a ir a por él, por lo que preparó su marcha a Londres. Pocos días después de la expropiación, y cuando la policía aún estaba registrando la sede de Rumasa, el empresario se fugó a la capital británica. Tras permanecer unos meses en paradero desconocido, fue encontrado en Fráncfort. El Gobierno español pidió su extradición y la policía germana terminó entregando al prófugo en 1985 y fue detenido.

Ruiz-Mateos fue detenido tras su extradición desde Alemania. (Foto: Google)

Ruiz-Mateos siempre se ha visto como un chivo expiatorio víctima de una conspiración contra él. El empresario acusó al copresidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner, y al presidente de la patronal bancaria AEB, Rafael Termes, ambos numerarios del Opus Dei como el propio Ruiz-Mateos. Según contaba Ruiz Mateos, se trataba de una orden emanada directamente por el Opus Dei. El acuerdo, según su versión, era entregar Rumasa a cambio de no nacionalizar el sector de los seguros ni de la banca por parte del PSOE. En concreto, con esta medida se salvaba de la quema al Banco Popular, ligado al Opus Dei, que atravesaba una penosa situación financiera en el inicio de lo que fue la grave crisis bancaria de los ochenta.

En enero de 1986, Luis Vals Taberner publicó una tribuna en varios periódicos bajo el título La calumnia, en la que justificaba la expropiación de Rumasa. Según el entonces copresidente del Banco Popular, «dándose cuenta, o sin darse cuenta de que un nuevo Gobierno con mayoría parlamentaria tomaba las riendas del poder, Ruiz Mateos le echa un pulso a propósito de las auditorías, en aquel momento recomendadas, pero todavía no obligatorias para la banca… No voy a discutir si la tarjeta roja era justificada o si se trataba de un error político. Lo cierto es que nadie ha demostrado que hubiera conspiración, complicidad o deseos de que Ruiz Mateos no jugara. Él solo se ganó la ida a destiempo a los vestuarios. La única luz que arroja el paso del tiempo es que Ruiz Mateos nunca quiso reconocer ni éste ni ningún otro error propio«.

Privatización polémica

Tras la expropiación, el Grupo Rumasa pasó a ser propiedad del Estado, que lo primero que tuvo que hacer fue ver el estado de las empresas del conglomerado y sanear las que pudieran ser salvadas. Una vez terminado este proceso, intentaron vender el grupo completo, pero no encontraron compradores, por lo que tuvieron que ir reprivatizándolo empresa a empresa. Este proceso fue motivo de una fuerte controversia y de sospechas de amiguismo.

Uno de estos casos fue Loewe. La empresa fue adjudicada al grupo francés Urvois Spínola. La adjudicación se produjo a pesar de existir una oferta del grupo inglés Jaeger Holdings LTD, que ofertó 800 millones de pesetas, 200 millones más que la propuesta francesa. Aunque la Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR) estimó como insuficientes las garantías ofrecidas por Urvois Spínola y se mostraba partidaria de optar por el grupo inglés, el Gobierno de Felipe González no hizo caso a esta recomendación y optó por los franceses.

En la venta apareció el nombre de Isabel Preysler como presunta intermediaria, por cuya gestión se habría llevado al parecer, nunca contrastado, unos 50 millones de pesetas. Precisamente, Miguel Boyer se abstuvo en el Consejo de Ministros en el que se aprobó la venta debido a los rumores y suspicacias que ya se habían suscitado en la prensa en torno a la reprivatización de Loewe y a la supuesta aparición en escena de Isabel Preysler.

Otro de los casos más sonados fue el de Galerías Preciados. La que por aquel entonces era la segunda cadena de grandes almacenes de España, detrás de El Corte Inglés fue vendida en diciembre de 1984 al magnate venezolano Gustavo Cisneros, amigo personal del entonces presidente socialista de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y del también ex presidente Rómulo Betancourt, ambos grandes compañeros de Felipe González en la Internacional Socialista. Cisneros compró Galerías Preciados por 750 millones de pesetas.

Establecimiento de Galerías Preciados en Madrid. (Foto: Google)

La adquisición se realizó a través de una empresa de la organización llamada Elingra Beeleingge Nematschaping B.V., que contaba con un capital mínimo y estaba registrada en la ciudad holandesa de La Haya, entonces bajo régimen fiscal opaco. Tres años después de la compra de Galerías Preciados, Cisneros se la vendió al consorcio inmobiliario inglés Mountleigh Group PLC por 30.000 millones de pesetas. Galerías terminó siendo absorbida por El Corte Inglés.

Otras empresas se vendieron a precios de saldo como Viajes Cristal (10.000 pesetas), Alcoholes y Vinos (9.000 pesetas) y la compañía de vinos Sur-Pérez Barquero (2.700 pesetas). O el Museo de Bebidas de Perico Chicote, un patrimonio histórico artístico, que fue dado por 40 millones al empresario naviero José Manuel Triana Souto, quien luego vendió a precio muy superior alguna de las cotizadas botellas a coleccionistas extranjeros.

Aunque durante muchos años no se ha sabido nada del grupo, Rumasa ha existido hasta que el 13 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobó la extinción de la sociedad mercantil estatal creada tras la intervención para la nacionalización y posterior reprivatización del grupo.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros autorizaba la disolución de la Rumasa pública, medida ya aprobada por el Consejo de Administración de la sociedad a principios de octubre de 2015y por la que las arcas del Estado se embolsaron los 160,4 millones de euros de caja que tenía la sociedad de las inversiones realizadas en deuda pública, la única actividad económica de la compañía desde hacía años, una vez concluya la liquidación.

El Gobierno adoptó la decisión a raíz del auto dictado por el Tribunal Supremo en 2014, que resolvía el interminable proceso judicial instado por la familia Ruiz-Mateos, al desestimar las pretensiones de los antiguos accionistas de retasación de 182 sociedades.

Precisamente, la Rumasa estatal se encargó también de la defensa de los intereses del Estado en los más de 1.500 procedimientos judiciales a los que dio lugar el caso. Todos los fallos obtenidos han sido favorables para la Administración. En total, el proceso, que trataba de evitar una crisis financiera en un momento económicamente delicado, le ha costado el erario público 3.600 millones de euros.

El aluvión de reclamaciones judiciales originadas a raíz de la expropiación y prolongadas a lo largo de estos 32 años ha sido, posiblemente, el más voluminoso de la historia judicial española.