Cómo incide la polarización en el ordenamiento jurídico

La polarización, caracterizada por la división y confrontación de opiniones o actividades en bloques enfrentados, ha alcanzado una prominencia notable en la sociedad contemporánea. Su relevancia se ha visto subrayada al punto de ser elegida como palabra del año 2023 por la FundéuRAE, entidad respaldada por la Real Academia Española y la Agencia EFE, gracias a su presencia constante en los medios de comunicación y a la evolución de su significado.

Este fenómeno no solo se limita a afectar esferas específicas, sino que permea diversos aspectos de la vida social, abarcando desde la política, la economía, la cultura, la religión, el deporte hasta las redes sociales, entre otros. Es crucial comprender cómo esta polarización incide en las distintas etapas del proceso jurídico, desde su producción hasta su aplicación, y cómo afecta la dinámica de la sociedad en su conjunto.

En el ámbito de la producción del Derecho, entendida como la actividad de crear normas jurídicas, la polarización introduce tensiones y complejidades significativas. Los conflictos entre los poderes del Estado, especialmente entre el legislativo y el ejecutivo, pueden surgir como resultado de opiniones irreconciliables, dificultando la aprobación de leyes o la reforma de la Constitución.

La polarización también puede propiciar la fragmentación y radicalización de los partidos políticos, que, al tener visiones opuestas o incompatibles sobre el modelo de Estado, el sistema electoral o los derechos fundamentales, enfrentan obstáculos para llegar a consensos significativos. La aparición de movimientos sociales o populistas también es una consecuencia posible, ya que pueden demandar cambios normativos más profundos o cuestionar la legitimidad del ordenamiento jurídico vigente, añadiendo capas de complejidad a la producción normativa.

Otro impacto de la polarización en la producción del Derecho es la tendencia a la proliferación de normas jurídicas. Esta sobreabundancia normativa puede dar lugar a leyes contradictorias, incoherentes o ambiguas, reflejando la falta de consenso y la atmósfera de confrontación que caracteriza a la sociedad polarizada. Asimismo, existe el riesgo de que estas normativas respondan a intereses particulares o ideológicos en detrimento del interés general o del Estado de Derecho, debilitando así la coherencia y la eficacia del sistema jurídico.

En la interpretación del Derecho, la polarización también desempeña un papel influyente. Los operadores jurídicos, como jueces y abogados, pueden estar susceptibles a la influencia de las tensiones políticas y sociales asociadas a la polarización, lo que puede llevar a interpretaciones sesgadas de las normas existentes. Este sesgo puede afectar la imparcialidad y la equidad en la aplicación del Derecho, generando un entorno en el que las decisiones judiciales pueden favorecer a ciertos grupos o perspectivas en detrimento de otros.

En el ámbito de la aplicación del Derecho, la polarización puede manifestarse en la ejecución de las normas y en la respuesta de las instituciones ante posibles infracciones. La aplicación de las leyes puede volverse selectiva, aplicándose de manera rigurosa o permisiva dependiendo de la afinidad política de las partes involucradas. Además, la percepción pública de la justicia y la legitimidad de las instituciones puede erosionarse si se percibe que las decisiones judiciales están sesgadas por la polarización política, lo que podría minar la confianza en el sistema jurídico.

En definitiva, la polarización se revela como un factor trascendental que afecta la producción, interpretación y aplicación del Derecho en distintos niveles. Desde la creación de normas hasta su ejecución y la resolución de conflictos, la polarización puede debilitar la integridad del sistema jurídico, socavando la confianza en las instituciones y afectando la equidad y la justicia.

Para enfrentar este desafío, es crucial explorar y promover mecanismos que fomenten el diálogo, la cooperación y la construcción de consensos en el ámbito jurídico, con el objetivo de fortalecer un sistema jurídico sólido, equitativo y respetado por la sociedad en su conjunto.