Consejos para abogados altamente efectivos: a veces el objetivo es no perderlo todo

Un representante de un empresario muy importante quería que yo me encargase de su defensa en un proceso penal seguido contra éste por un delito de homicidio imprudente y dos delitos contra la seguridad vial. Las acusaciones solicitaban para él cuatro años de prisión. Sin embargo, respecto a la responsabilidad civil, los acusadores diferían pues el fiscal reclamaba de acuerdo con los baremos establecidos para el fallecimiento de una persona mientras que el acusador particular multiplicaba esa cifra por cinco.

Como los hechos no podían discutirse y las pruebas contra mi defendido eran claras, tenía dos opciones. La primera era celebrar el juicio reconociendo los hechos y defendiendo la concurrencia de tres atenuantes: confesión, dilaciones indebidas y reparación parcial del daño; estas dos últimas, muy cualificadas. De este modo, defendiendo que la pena aplicable sería la mínima de dos años y seis meses en ese concurso de delitos, aplicando las atenuantes resultaría una pena mínima de unos meses de prisión que podrían conmutarse por una multa

Para que pudiésemos argumentar la atenuante de reparación parcial del daño como muy cualificada, aconsejé ingresar en la cuenta de consignaciones del juzgado el doble del importe que contemplaban los baremos vigentes.

La estrategia procesal en la defensa de los intereres de Dani Alves podría tener que ver con la idea mantenida en este artículo por Luis Romero (Foto: Wirelimage)

La segunda opción era llegar a una conformidad con el fiscal y la acusación privada. El problema es que el compañero que defendía a la familia de la víctima en el accidente de tráfico se mantenía en su postura de exigir una cantidad cercana al millón de euros, rebajando un poco este importe después de varias reuniones pero difícil de convencer para que bajase de forma considerable sus pretensiones.

Yo le aconsejaba a mis clientes celebrar el juicio, pues entendía que no había riesgo de que mi defendido fuese condenado a una pena que conllevase el cumplimiento de la pena de prisión, a no ser que la cuantía de la indemnización exigida por los herederos se redujese de modo considerable.

Pero viendo que el ministerio fiscal se había aliado con el abogado de la familia y no estaría dispuesto a una conformidad rebajando la pena de prisión a dos años con suspensión de la misma si no se pagaba a la parte lo que exigía, hube de cambiar mi estrategia. Ante esta tesitura y dada la holgada posición económica de mi cliente, a pesar de mis consejos y debido a su posición pública y temores, éste prefería claudicar con la parte contraria pagando lo que fuese menester.

Yo no me rendía y pocos días antes del juicio en una reunión tripartita, logré que el compañero contrario se aviniese a aceptar la mitad de la indemnización que procuraban. Con ese asentimiento y dejando la pena de prisión en un año y nueve meses, teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes penales de mi patrocinado, ya no habría riesgo de que fuese a la cárcel. Además, en el juicio logramos conmutar esa pena de privación de libertad por una multa, eso sí, de alta cuantía.

La ley anti-SLAPP del Estado de Virginia ha tenido conexión con el caso de Johnny Depp y Amber Heard (Foto: Sky News)

Para conseguir esa transacción con la rebaja del cincuenta por ciento sobre la cantidad exigida inicialmente, tuve que hacerles ver a las acusaciones que íbamos a celebrar el juicio si se mantenían en su posición puesto que estaba seguro de que mis atenuantes serían contempladas. Pero no les dije las ganas que tenía mi cliente de firmar y pagar lo que fuese para no tener que celebrar el juicio.

Una vez que salimos de la sala de vistas con la conformidad suscrita, mi defendido me dijo: “Ahora ya puedo dedicarme a mi carrera profesional con tranquilidad, pues figúrate que el juez me hubiese condenado a más de dos años de prisión y hubiéramos tenido que esperar a la sentencia de la audiencia provincial”.

Muchas veces, los abogados debemos tener claro que es mejor pactar que seguir adelante y arriesgarnos a perderlo todo. Y en la jurisdicción penal, no solamente estamos hablando del riesgo económico sino del trance de la privación de libertad, además del daño a la imagen y el honor.

En estas tesituras, aunque nuestro cliente nos diga que seguirá nuestro consejo hemos de advertirle que será él el que tendrá que tomar la última y trascendental decisión. Nosotros, como abogados, hemos de exponerle todas las posibles consecuencias según escojamos un camino u otro, pero debe ser él quien elija.

No obstante, la realidad es que casi siempre terminamos los abogados recomendando la que entendemos la mejor decisión. Y muchas veces, esta última conclusión podría ser que aceptemos un acuerdo con la parte contraria para evitar el riesgo de perderlo todo.

El dominio del caso que tenemos entre manos, el estudio y nuestra experiencia nos indicarán el mejor rumbo. Pero siempre habremos de informar a nuestro cliente de cuál es la situación real de su caso y de los posibles resultados de tomar una decisión u otra.

He visto muchas veces cómo el abogado que defendía a la parte contraria en un procedimiento penal se ha negado a llegar a un pacto e incluso a hablar tan siquiera conmigo para llegar a un arreglo, siendo la consecuencia que su cliente terminaba afrontando una sentencia mucho más dura de la que se hubiera dictado si hubiese existido una mínima disposición.

Nota

Este artículo es el trigésimo noveno de la serie Consejos para abogados altamente efectivos, del autor Luis Romero Santos. Pueden visitar su perfil clicando en este enlace para conocer el resto de contenido.