Reflexiones sobre los retos de nuestra democracia

Nuestra Constitución cumple cuarenta y seis años de vigencia y, como cada seis de diciembre, procedemos a rememorar y celebrar el hito que supuso nuestra transición, cambiando de forma pacífica de un modelo dictatorial a uno democrático. Con sus luces y sus sombras, ese periodo dio inicio a una de las etapas más meritorias de la historia constitucional española. Celebremos, pues, todo lo bueno, que es mucho, pero reflexionemos también sobre los fallos y desviaciones que en estos casi cincuenta años se han producido o se están produciendo.

No podemos caer en la tentación de considerar que la lucha por la libertad, los derechos fundamentales y la democracia concluyó con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de nuestra Constitución. Debemos cuidar, apuntalar y mejorar constantemente ese modelo, porque los desafíos en contra de los ideales y principios constitucionales no han desaparecido y porque el ser humano tiende a tropezar dos veces en la misma piedra.

Existen datos objetivos que deberían preocuparnos, y que evidencian que, en algunos ámbitos, estamos retrocediendo o alejándonos de camino marcado en su día. Hace algunos meses, la Fundación Hay Derecho publicó un informe sobre la salud de nuestro Estado de Derecho, proporcionando datos objetivos y promoviendo un debate público, riguroso y apartidista. En dicho informe se hace una radiografía de la situación del Poder Judicial por un lado, y del Poder Legislativo y Ejecutivo por otro, reflejando algunas conclusiones ya conocidas y preocupantes.

Por lo que se refiere al Poder Judicial, la crisis vivida en el Consejo General del Poder Judicial, el cual ha estado cinco años con el mandato caducado por la incapacidad de las Cortes Generales de elegir a sus miembros, así como los constantes parches y remiendos a su normativa con un mero objetivo partidista evidencian que la intención del poder político de extender sus tentáculos al órgano de gobierno de los jueces, dañan y desprestigian a esa institución.

(Imagen: Poder Judicial)

La decisión de privar al Consejo de poder hacer nombramientos si no se renovaba, y la posterior maniobra para permitir al Gobierno elegir a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional sin la elección de los dos del Consejo General del Poder Judicial, derivó de uno de los más graves conflictos constitucionales vividos, cuando el Tribunal Constitucional estimó una medida cautelar para evitar la votación en sede parlamentaria del intento de ese cambio legislativo aprovechando una iniciativa legislativa que pretendía reformar en realidad el Código Penal.

Se añade a lo anterior el escaso número de juzgados, los cuales se ven saturados, por no decir colapsados, ante la litigiosidad que existe, así como los déficits en medios materiales y humanos. La Justicia cada vez es más lenta y ya no es extraño que se señalen las vistas y los juicios años después de presentadas las demandas. Eso afecta a la esencia del imperio de la ley y a la calidad del propio Estado de Derecho, reflejándose en una cada vez más desconfianza o recelo de la ciudadanía por el Poder que tiene encomendado la salvaguarda de sus derechos.

Se añade a lo anterior la dantesca situación en instituciones relevantes dentro del Poder Judicial, como es el caso de la Fiscalía General del Estado. Con el Fiscal General del Estado investigado por delitos ante el Tribunal Supremo, reiteradamente recibimos tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea recomendaciones y reprimendas por la falta de independencia de este Cuerpo, esencial en nuestro modelo judicial. El Ministerio Fiscal tiene la misión de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, debiendo para ello gozar y proyectar una imagen de imparcialidad y objetividad de la que carece en estos momentos por la estrecha relación entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno.

En el ámbito del Parlamento y del Gobierno, también procede reflexionar y cambiar el rumbo. El cada vez más abusivo uso del Decreto Ley por los Gobiernos, así como el desmedido uso de la disciplina de partido han desnaturalizado a los Parlamentos. Parece evidente que, en estos momentos, los diputados y senadores representan más a sus formaciones políticas que a los ciudadanos que le san votado, limitándose a obedecer las órdenes que les llegan desde las direcciones de los partidos, vaciando completamente de contenido la previsión constitucional que prohíbe obligar a los parlamentarios a votar en un sentido u otro al margen de su verdadera voluntad. Pese a denominarnos como sistema parlamentario, cada vez más actuamos como un sistema presidencialista, en donde el centro de gravedad del sistema se asienta en el Ejecutivo.

Además, debemos incidir en un aspecto que pocas veces se apunta, y que es la deficiente coordinación entre el ordenamiento jurídico interno español y el de la Unión Europea. Una de las cuestiones pendientes estriba en la mejora de la coordinación entre las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales internos españoles, dentro de la necesaria coordinación entre ambos ordenamientos jurídicos. Esas carencias ya se han visto anteriormente en temas como las denominadas “cláusulas suelo” y la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas de las entidades financieras.

A día de hoy, la cuestión que más desencuentros produce entre la Unión Europea y España es el tema de los interinos o, en general, del personal temporal de las Administraciones Públicas. Existe una incomprensible resistencia por parte de unos pocos tribunales internos españoles a aceptar la figura del “abuso de la contratación temporal” en el sector público, negando categóricamente que se pueda dar en la Función Pública española. Y, en general, existe una obstinada negativa a establecer, como se exige desde la Unión Europea, una compensación y sanción eficaces y proporcionales a esas situaciones de abuso de la contratación temporal que han producido precariedad laboral.

Parlamento Europeo (Imagen: Comisión Europea)

Procede, pues, una profunda reflexión sobre cómo debemos armonizar nuestro encaje en la Unión Europea. Somos uno de los países con mayor número de expedientes abiertos por la Comisión Europea por incumplimiento, de tal manera que se torna ya imprescindible tomarse en serio esta cuestión.

Por último, debemos afrontar el problema de la proliferación de las noticias falsas. En las naciones que pretenden avanzar de la mano de los valores del constitucionalismo, una ciudadanía bien formada e informada resulta pieza clave y esencial para el progreso y mejora de los sistemas democráticos y para el correcto funcionamiento de los Poderes Públicos.

La intoxicación derivada de la desinformación puede dar lugar a la toma de malas decisiones y unas campañas de manipulación efectivas degeneran en la eliminación del espíritu propio de toda comunidad libre. Por ello, numerosas instituciones y organismos se disponen a abordar este reto, siendo la Unión Europea una de las primeras que se ha puesto a la labor, con el fin de contrarrestar los peligros de las denominadas “fake news”. Pese a ello, se debe prescindir de la tentación de dejar en manos de organismos cercanos a los Gobiernos el establecer “verdades oficiales”, dado que ello es el principio del fin de la libertad de expresión en particular y de la libertad a secas en general.

Por todo ello, celebremos la efeméride, pero al mismo tiempo, corrijamos determinados rumbos que nos abocarán a terminar siendo una caricatura de lo que deberíamos ser.