El Algarrobico no será derribado, de momento

El Tribunal Supremo ha rechazado el derribo inminente del hotel Azata de Sol, en el paraje de El Algarrobico, desestimando el recurso interpuesto por Greenpeace y confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía que falló a favor de revisar la licencia de obras del complejo.

El TSJ andaluz falló que le correspondía al Ayuntamiento de Carboneras iniciar un procedimiento de revisión de oficio de la licencia municipal concedida en el año 2003, por la que se levantó el hotel, y la cual seguía en vigor, por lo tanto, solo este puede adoptar esta petición mediante una revisión de oficio. De igual modo, el TSJ también rechazó el derribo del complejo urbanístico ya que, “mientras que no se estableciera lo contrario, el hotel seguía teniendo un título jurídico válido”.

Contra esta sentencia el grupo ecologista Greenpeace presentó un recurso de suplicación pidiendo que se declarase la nulidad de la licencia urbanística y que la responsabilidad sobre qué hacer con el hotel recaiga en los tribunales y no en el Ayuntamiento andaluz. El propio Ayuntamiento de Carboneras también recurrió el fallo del TSJ de Andalucía.

«Greenpeace recurrirá ante el Tribunal Constitucional e incluso, llegará hasta el Tribunal de Estrasburgo si fuera necesario» (Foto: EFE/ Greenpeace)

En la búsqueda de la formación de jurisprudencia

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado ambos recursos y ratificado la decisión tomada por el TSJ al concluir que existe interés casacional para la formación de jurisprudencia sobre este asunto. La decisión se ha comunicado a los medios este martes, aunque se desconocen los fundamentos jurídicos sobre los que se apoyan para dicha decisión ya que, por el momento, el Alto Tribunal no ha distribuido la resolución.

El Supremo ha indicado que se adoptaría la decisión «tomando en consideración» que la construcción del hotel se llevó a cabo en suelo no urbanizable y de especial protección el parque natural de Cabo de Gata- Nijar, invadiendo la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre con vulneración de la Ley de Costas y sustentada en un planeamiento urbanístico que ha sido declarado nulo. Además, acordó que fijará si dicha nulidad puede declararse con todas las consecuencias inherentes a dicha declaración.

Cabe recordar que la búsqueda de una resolución sobre este conflicto se inició hace ya casi 17 años, siendo los propios tribunales los cuales paralizaron las obras y han confirmado en varias ocasiones que no se puede construir un edificio con esas dimensiones a menos de cien metros de la línea de playa y, por supuesto, aun menos cuando está ubicado en el pleno parque natural de Cabo de Gata. Sin embargo, son los propios tribunales quienes, al mismo tiempo, continúan sin poner fin a este caso.

«Tribunal Supremo reitera el fallo del Tribunal andaluz, confirmando que el hotel seguirá teniendo título jurídico válido, hasta que no se establezca lo contrario» (Foto: Economist & Jurist)

Greenpeace no cesará en su lucha

Greenpeace ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicitando la ejecución inmediata de la sentencia 2956/2021 de 22 de julio, la cual obliga al Ayuntamiento de Carboneras a anular la licencia de obras. El grupo ecologista también continuará pidiendo al Tribunal que sancione al alcalde por el incumplimiento reiterados de las resoluciones judiciales.

Al mismo tiempo, pedirá que la Fiscalía investigue si se ha cometido un presunto delito de desobediencia al no cumplir la sentencia de julio de 2021, del propio TSJA. “El Ayuntamiento de Carboneras se niega desde hace años a acatar las sentencias que demuestran que el hotel es ilegal. Es una situación desesperante”, ha declarado Luis Berraquero, portavoz de Greenpeace en Andalucía.

El grupo ecologista ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional e incluso, que llegará hasta el Tribunal de Estrasburgo si fuera necesario. Mientras tanto, la organización anuncia que ejercerá presión hacia el ayuntamiento de Carboneras para que haga efectiva la sentencia del TSJ de Andalucía que le obliga a la anulación de la licencia de obras.