El riesgo grave para la salud no es motivo para denegar una orden de detención europea

El riesgo grave para la salud de la persona reclamada puede justificar la suspensión de una orden de detención europea (ODE), pero no la denegación, sin más, de su ejecución. Así lo ha señalado el abogado general del Tribunal de Justica de la Unión Europea (TJUE) Manuel Campos Sánchez-Bordona en unas conclusiones que ha hecho públicas hoy.

Su dictamen está relacionado con una orden de detención europea dictada por un tribunal de Croacia en septiembre de 2019. La corte pretendía iniciar acciones penales contra un ciudadano croata residente en Italia por delito de posesión de sustancias estupefacientes para su venta y distribución, cometido en territorio croata en 2014. Según un informe pericial, el individuo reclamado padece un trastorno psicótico que necesita de terapia. Además, existe un grave riesgo de suicidio vinculado a su posible encarcelación.

El tribunal italiano de ejecución de la ODE cuestionó ante el Tribunal Constitucional del país la constitucionalidad de la ley de transposición de la Decisión marco 2002/584/JAI, por cuanto podría ser contraria al derecho a la salud, garantizado por la Carta Magna italiana. El Tribunal Constitucional se ha dirigido con carácter prejudicial al TJUE pidiéndole que interprete la Decisión marco.

El Tribunal Constitucional italiano pregunta si podría aplicarse análogamente la doctrina jurisprudencial iniciada con la sentencia Aranyosi y Căldăraru, en la que el TJUE afirmó que, ante circunstancias excepcionales, cabe denegar la ejecución de una ODE si concurre el riesgo de que, como consecuencia de deficiencias sistémicas y generalizadas en el Estado miembro emisor, la persona reclamada pueda verse expuesta a condiciones de reclusión inhumanas o degradantes (en contra del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), o a un proceso que no respete su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales).

El Tribunal de Justicia viene exigiendo un examen en dos etapas para determinar la plausibilidad de aquel riesgo. En primer lugar, ha de comprobarse la existencia en el Estado miembro emisor de deficiencias sistémicas y generalizadas que comprometan la protección de los derechos fundamentales de la persona reclamada; en segundo lugar, ha de verificarse si hay razones serias y fundadas para considerar que existe un riesgo real de que los derechos fundamentales de esa persona, en concreto, serán vulnerados como consecuencia de su entrega.

Tribunal Constitucional italiano. (Foto: Wikipedia)

En sus conclusiones presentadas hoy, Manuel Campos considera que, en este caso, cabe prescindir de la primera de las dos etapas mencionadas, pues el riesgo para la salud de la persona reclamada no está asociado a posibles deficiencias generalizadas, sanitarias o de reclusión, en el Estado miembro emisor, que nadie ha denunciado, sino a la eventual ausencia de tratamiento adecuado del trastorno que padece dicha persona en particular. Bastaría, por lo tanto, comprobar si la persona reclamada tendrá asegurada en el Estado emisor de la ODE, en este caso Croacia la asistencia médica que pueda precisar.

Además, reitera una vez más que “las piedras angulares del sistema articulado en la Decisión marco son la confianza y el reconocimiento mutuos, y que la denegación de la ejecución de una ODE debe ser una excepción a la regla”, por lo que aconseja que, “en vez de ampliar por la vía jurisprudencial los motivos de denegación de la ejecución, se haga uso de los medios que pone a disposición de los Estados miembros la propia Decisión marco, cuando prevé la posibilidad de suspender la entrega de la persona reclamada, con carácter excepcional y por motivos humanitarios graves, tales como el peligro para la vida o la salud de la persona reclamada”.

El abogado general, como alternativa a la creación de un nuevo motivo de inejecución de la ODE, sugiere atenerse a la vía ofrecida por el apartado 4 del artículo 23 de la Decisión marco. El mismo prevé un cauce de comunicación entre las autoridades judiciales de emisión y de ejecución. Esa comunicación, por un lado, permitiría a esta última obtener de la primera explicaciones en lo que atañe a los tratamientos sanitarios disponibles en los centros de detención o de reclusión, ajustados a las necesidades médicas de la persona reclamada, y, por otro, brindaría a la autoridad de emisión información útil para ponderar el riesgo para la salud de la persona reclamada y, en su caso, decidir si retira temporal o definitivamente la ODE. “El riesgo grave para la salud se convierte así en un motivo que presupone la autorización de la ejecución de la ODE y justifica la decisión de suspenderla”, afirma el abogado general.

El abogado general señala que la suspensión ha de ser provisional, pues la ODE deberá ejecutarse en cuanto dejen de existir los motivos humanitarios que la motivaron. “Si tuviera que prolongarse, las autoridades judiciales implicadas deberán buscar soluciones particulares y únicamente podría dejarse la entrega sin efecto si se superase un plazo razonable”, aclara Sánchez-Bordona.

Por ello propone al Tribunal de Justicia responder al Tribunal Constitucional italiano que, si la autoridad judicial de ejecución considera que la entrega de una persona reclamada que sufre graves patologías de carácter crónico y potencialmente irreversibles puede exponerla al riesgo de sufrir un grave perjuicio para su salud, debe solicitar a la autoridad judicial de emisión información que permita descartar ese riesgo y, en su caso, suspender, de manera excepcional y con carácter provisional, la entrega de esa persona en tanto se mantenga dicho riesgo grave.