Martín Godino: “El despido no hay que tocarlo, sí el marco normativo laboral actual, que debe simplificarse”

La ciudad de Santiago de Compostela celebró hace unos días el XXIII Congreso de ASNALA, asociación de laboralistas que puso sobre la mesa la actualidad de estos profesionales y de las preocupaciones que interesan a las empresas.

De nuevo la fórmula de combinar en las mesas redondas la presencia de magistrados del Tribunal Supremo, como Sebastian Moralo e Ignacio García-Perrote, y algunos de Tribunal Superior de Justicia, como Sara Pose del tribunal de Cataluña o Carlos Villarino del tribunal de Galicia, con las intervenciones de distintos abogados como Alberto Novoa, socio de Roca Junyent, o Martín Godino, junto con catedráticos del Derecho del Trabajo, como Jesús Lahera o Maria Emilia Casas, sirvieron para abordar los temas de actualidad.

Martín Godino, presidente honorífico de ASNALA y socio director de Sagardoy Abogados, ha explicado a Economist & Jurist el momento por el que pasa la materia laboral en nuestro país, una actividad estratégica para las empresas, y como sería necesario reducir el marco normativo actual, ya que existen “demasiadas obligaciones que evitan que las empresas crezcan”, asegura Gonido.

Para esta jurista es el momento de simplificar el marco normativo laboral existente, donde las intervenciones de los jueces ayudan a clarificar las lagunas legales de estas normas y a unificar el Estatuto de los Trabajadores ante la dispersión normativa que genera que muchas de esas normas estén fuera de dicho Estatuto, antes que elevar las indemnizaciones por despido.

“Hay que crear un Código Laboral único, como se ha hecho en Francia. El intervencionismo público es notable, como antes de nuestra transición democrática, y urge esta simplificación normativa que daña la competitividad empresarial. Al final eso da transparencia y seguridad jurídica a las empresas. En los últimos años hemos tenido cientos de normas relevantes que no están dentro del Estatuto de los Trabajadores”, apunta.

Desde su punto de vista “las normas que se dictan deben ayudar a solucionar un problema y no crear uno nuevo. Normativas como es la del teletrabajo han demostrado la falta de flexibilidad y su litigiosidad por ser normas poco claras. Tienen su utilidad para determinadas actividades pero la aportación del trabajo a la sociedad viene de su presencialidad”.

“Hemos logrado que ASNALA sea una asociación abierta y plural, como idea que arrancamos hace años cuando estábamos en la Junta Directiva, y ahora el trabajo de Ana Hernández, nueva presidenta, con su equipo la ha consolidado. Al Congreso acudieron abogados, de grandes despachos; de sindicatos o de pequeñas boutiques, e incluso profesores de Universidad. “Esto hace que el debate se haya enriquecido de forma notable”, ha asegurado Godino.

A juicio de este jurista el movimiento laboralista ha dado un salto cualitativo: “de ser una actividad secundaria y de gestión se ha convertido en transversal y estratégica para cualquier organización que se precie. El debate está ahí ahora en la calle tanto por el momento actual que se vive de clara desaceleración, como al conocer las propuestas de la coalición Sumar y PSOE que encubren una nueva reforma laboral”.

Desde su punto de vista “para impulsar la estrategia de competitividad de cualquier entidad hay que desarrollar una política clara de relaciones laborales, donde el cumplimiento del entorno normativo y las negociaciones con los sindicatos son clave para muchas de estas empresas. Ahí los abogados laboralistas estamos para ayudarles a entender este entorno”.

Martín Godino, socio director de Sagardoy, cree que el país está abogado a una recesión (Sagardoy abogados) Abogados, cree que el país está abogado a una recesión. (Foto: Sagardoy Abogados)

Debate sobre reducción de jornada laboral

En este contexto, como antes mencionaba Godino, el acuerdo de un posible Gobierno ha generado ciertos debates. Uno es de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que ha mostrado el rechazo de la patronal empresarial y la aquiescencia de los sindicatos. “Esta medida que quiere imponer el bloque de coalición debería pasar primero por la mesa de diálogo social para ver si realmente es factible”.

Al mismo tiempo Godino subraya que “las empresas ven con preocupación esta nueva obligación que lastraría su crecimiento. Esta medida no puede ser de carácter general y sin matices, como se quiere plantear. Hay sectores donde la jornada de 37,5 media esta ya implantada, sobre todo en grandes empresas y determinados sectores. Sin embargo la pyme lo ve con recelo, y sectores como turismo y hostelería no acaban de verlo”.

Para el presidente honorario de ASNALA el problema radica “en que las empresas están sufriendo un incremento de las cotizaciones sociales, y de costes operacionales por las normas de conciliación que tienen coste económico y organizativo, y si se añade la reducción de horas, está claro que no seremos más productivos”.

Hay que recordar que hace unos días, gracias a la alianza estratégica entre EY y Sagardoy Abogados, se presentó su último informe trimestral sobre el mercado de trabajo, Human Capital Outlook, donde se advierte una desaceleración económica importante, con una caída del empleo notable. “Se ve claramente que aunque el empleo está aguantando, pese a que el aumento del paro del pasado mes de octubre es moderado, la impresión que da es que se reducen márgenes y hay desaceleración”, afirma Godino.

Desde el punto de vista de este jurista “la perspectiva para el 2024 es que muchas empresas lo van a pasar mal por este crecimiento de costes de todo tipo. “Las previsiones así lo indican porque la economía son números y muchas empresas no podrán soportar ese ritmo. En esta tesitura hay que pedirle al nuevo Ejecutivo, si se forma al final, más respeto y confianza en el diálogo social”.

En su opinión “en estas materias el intervencionismo excesivo del Ejecutivo no es bueno. La definición de los salarios como concepto nuclear de las relaciones laborales deben pactarlo empresas y trabajadores. Es la labor fundamental de la mesa del diálogo social. Ese intervencionismo es negativo para la economía y también por los propios agentes sociales porque pierden relevancia al venir la normativa impuesta”.

Mas de 400 laboralistas d toda España se dieron cita en Santiago para abordar las cuestiones claves del derecho laboral (Foto: Cristina Elena Rivas/ ASNALA)

Debate sobre encarecer el despido

En este contexto, Martin Godino cree que no sería buena idea subir las indemnizaciones por despido, como desde sindicatos y Ministerio de Trabajo se está propugnando. “Todavía quedan meses para que sepamos la resolución del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea sobre las reclamaciones interpuestas de CCOO y UGT. Sin embargo, realmente lo que se debate es algo muy concreto”.

Para este experto en relaciones laborales lo que realmente se debate es si “en determinadas circunstancias, en algunos supuestos particulares personas con poco antigüedad, su indemnización por despido compensa su situación por ser disuasoria. Otra cosa sería elevar con carácter general todos esos despidos que incidirían negativamente en el empleo”.

Godino resalta que “los costes de despido para las empresas son costes de personal y son costes añadidos a uno de los factores de gastos para cualquier empresa y, en compañías de servicio, que son la mayoría en nuestro país, quizás es el coste mayor. Todo lo que sea incrementar costes termina compensándose por otro lado y ese otro es la estabilidad en el empleo. Los costes del despido en España ya son más altos que otros países”.

Desde su punto de vista “no habría que tocar nada, de hecho nuestro sistema de indemnización tasada es respetuoso con estas normas internacionales que vienen de Europa. No creo que ayudase a mejorar el mercado de trabajo, sino todo lo contrario, pero habrá que ver realmente que decide el Comité de Derechos Sociales y cómo adapta ese fallo nuestro Gobierno”.

En este contexto lo que sí se constata es que muchas de las demandas que llegan a los tribunales es por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, “así lo analizamos en una mesa debate en Santiago sobre la llamada tutela antidiscriminatoria y uno de los elementos que se destacó es que el concepto de discriminación ha sufrido, desde su origen en la Constitución, un proceso de ampliación relevante”.

Para este jurista “han aparecido más causas de discriminación, donde se ha incluido la enfermedad; condiciones económicas o estado serológico; e identidad de género. Son causas nuevas que surgen, lo que ha hecho que hayan crecido las conductas que son infractoras del derecho a la no discriminación, así hay conceptos nuevos como el derecho a la no discriminación por asociación, por error o múltiple, que al final lo que hacen es banalizar el concepto de no discriminación. Al final acaba siendo discriminación cualquier cosa y eso se traslada a la litigiosidad”.

En este contexto reconoce que los pleitos por derechos fundamentales han crecido de forma notable. “Y eso no tiene sentido porque no es real. Hay conductas puntuales que no se pueden aceptar, pero no todas las conductas pueden tener un elemento de derecho fundamental”.

En su opinión “pese a que no hay estadísticas fiables también han crecido los pelitos contra la Seguridad Social, que siguen siendo elevados porque la propia Administración tiene una interpretación rígida de muchos asuntos. De hecho no ha cambiado su postura pese al fallo del TJUE que fija el derecho a una indemnización a los padres que han reclamado el complemento de maternidad en su pensión”.

De izquierda a derecha: Martín Godino junto a Carlos Villarino, magistrado de lo social del TSJ de Galicia; Benito Couceiro, director relaciones laborales de ABANCA; y Yolanda Maneiro, profesora de derecho del trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela, abordaron la cuestión de derechos fundamentales y discriminación (Foto: Cristina Elena Rivas/ ASNALA)

El papel de los jueces de lo social

En todo este contexto “hiper regulado”, el papel de los jueces de lo social es clave para aclarar las lagunas de nuestra normativa. “Es inevitable su papel por la gran producción normativa que tenemos, en muchas ocasiones no coordinadas entre sí y elaboradas con cierta prisa, lo que hacen que dejen huecos interpretativos evidentes. El problema es que esos fallos llegan con retraso cuando ya la norma ha tenido cierto recorrido”.

En esta situación, Godino considera que “al final lo que tenemos es un aumento de litigiosidad importante, lo que hace sobrecargar los juzgados. Hay que recordar que de un fallo de la Sala Social del Supremo surgió la que conocemos hoy como Ley Rider que regula a los trabajadore de reparto a domicilio, como comento el magistrado Garcia-Perrote en el Congreso de ASNALA. Es un ejemplo de fallo elevado a categoría de norma aunque también hay normas legales que corrigieron a los jueces”.

En este sentido Godino fue el abogado que ganó en el Supremo una sentencia importante sobre el registro de jornada, en el ya conocido Caso Bankia donde el Alto Tribunal no veía obligatorio tener ese registro de jornada, lo que hizo revocar la sentencia de la Audiencia Nacional. Sin embargo, a los dos meses de esa sentencia, se convirtió en obligatorio por ley.

No obstante, “la problemática de las horas extras no cotizadas sigue abierta. Creo al respecto que los datos que ofrece el Ministerio de Trabajo sobre esta cuestión no son muy fiables. Realmente no hay datos reales. El registro de jornada es un instrumento arcaico. Soy más partidario de la flexibilidad laboral y en la adaptación de las jornadas al tipo de actividad y a las necesidades de los trabajadores. Tengo dudas de que el registro de jornada haya valido para algo bueno realmente. Sería mejor buscar fórmulas que se adaptasen a cada empresa”.

Godino comparte las tesis defendidas por otro laboralista de prestigio como es Federico Durán, socio de Garrigues, quien señalaba la necesidad de reducir las obligaciones en materia de conciliación y permisos de las empresas y sobre todo que no se judicializara. “Comparto esa opinión, porque es verdad que es una materia casi más de gestión que jurídica. Hay muchos supuestos que sobrecargan a las empresas y a los tribunales”.

Desde su punto de vista “habría que pensar en crear un organismo administrativo paritario que gestionara estos temas o darle las competencias al SIMA, que como órgano que resuelve conflictos por vía extrajudicial podría ser el competente en la materia. Casi siempre es una cuestión de oportunidad jurídica donde hay que conciliar los derechos de los trabajadores con las necesidades de las empresas”.

Respecto a la igualdad de las empresas, este jurista cree que “de forma progresiva los planes de igualdad se van implementado en las empresas. Es verdad que ahora son obligatorios a partir de 50 trabajadores el volumen de empresas que ha entrado en la obligación es mayor. Se tarda algo en adaptarlos por la falta de medios. Los propios sindicatos que tienen que negociar cuando no hay representación en la empresa están desbordados. Se les llama para negociar, pero en ocasiones no pueden acudir por esa falta de estructura”.

Para Godino “hasta que llegue a una cobertura mayor hace falta más tiempo, pero se está avanzando. Los planes de igualdad juegan un papel relevante, pero deberían ser transitorios, si somos capaces de lograr la igualdad no deberían ser necesarios. Tiene el fin que tiene, lograr la igualdad entre mujeres y hombres, pero si se consigue ese objetivo corre el riesgo, que ya está ocurriendo, de desvirtuarse. Ahora también es un elemento más de la negociación laboral”.