Un 1º de mayo marcado por el aumento de derechos de los trabajadores y de las obligaciones de las empresas

Este 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, se celebra en un contexto marcado por la invasión de Ucrania por Rusia y la inflación desbocada, que generan desajustes económicos y provocan conflictividad en las empresas, que tienen que lograr el equilibrio entre la rentabilidad y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los trabajadores siguen conquistando derechos, sobre todo en materia de conciliación en muchos casos, lo que está generando nuevas obligaciones en las empresas con un coste elevado a lo largo de este último año.

En España, la situación de la jurisdicción social, colapsada por la huelga de los LAJs, a la espera de otras huelgas en el corto plazo, está generando que empresas y trabajadores empleen más la negociación para llegar a acuerdos y evitar la vía judicial.

La incógnita es saber si tras el dictamen del Comité de Derechos Sociales de la UE, donde hay una reclamación de UGT, apoyada por CCOO, porque dicen que despedir en España es barato, el Gobierno modificará el cálculo de las indemnizaciones del despido. Pronto habrá fallo y se saldrá de dudas.

Más derechos genera costes empresariales

Carlos de la Torre, socio de Gomez-Acebo & Pombo y vicepresidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB), considera que este Dia Internacional del Trabajo es una celebración que “señala que el trabajo ya no es una mercancía y en Europa su regulación es muy protectora en cuanto de los derechos de los trabajadores, sin perjuicio de que hay desviaciones y formas atípicas y nuevos retos como las plataformas digitales y la Inteligencia Artificial”.

Este abogado destaca la “hiperprotección existente” lo que genera en muchos casos blindajes laborales. “Su vertiente positiva es que para los trabajadores protege mejor esos derechos que crecen, lo que genera que tengan una protección solida en sus compañías. Si abrimos el BOE en el último año, la reforma laboral ha ayudado a consolidar esos derechos y a respaldar flexibilidad interna y la contratación indefinida”.

Carlos de la Torre. (Foto: Gomez-Acebo& Pombo)

Al mismo tiempo detecta “una restricción importante de la contratación temporal, las cifras de empleo estable son espectaculares con el descenso de la tasa de temporalidad que bajó diez puntos al 16%, con el crecimiento de los contratos fijos discontinuos, sobre los dos millones. Todo esto es bueno para los trabajadores”.

Sobre el problema de la inflación “hemos visto que en algunos casos el diálogo social en las empresas permite pactar complementos retributivos razonables, como ha pasado en sectores como grandes almacenes y otras empresas. Sin embargo, más derechos genera que se eleven los costes empresariales en muchas compañías”.

Desde esta perspectiva, De La Torre indica que “así, la reforma de las pensiones supone el incremento de costes; el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el destope de las bases máximas, es bueno para los trabajadores, pero una mala noticia para las empresas, que puede generar restricciones en la creación de empleo. La propia Ley de Familias genera más obligaciones para los empresarios”.

Este abogado detecta cambios importantes en el empleo. Con una previsión de población mundial de 9.000 millones de personas en 2050, “el empleo del 2023 tendría un cuadrante; arrancaría con el trabajo en remoto demandado por los trabajadores pero tiene resistencia empresarial en cuanto a su implantación definitiva”.

“Otro aspecto sería el de la diversidad generacional. La generación z ve el trabajo de otra manera. El tercero tiene que ver con la conciliación y corresponsabilidad. Es algo imparable donde veremos si la jornada de cuatro días encaja. Y el cuarto elemento es la salud mental y riesgos psicosociales. Hay que reforzar más la protección de los empleados”, explica.

Para este abogado, “las obligaciones de las empresas crecen en un contexto en el que hay un desfase entre lo que dice la norma y exige la realidad. La realidad pasa por el trabajo híbrido, de cuatro días, atendiendo las demandas de los jóvenes que no están a gusto en estructuras rígidas, la productividad y competitividad en el mercado en un entorno global abierto. En muchos casos, el choque es evidente. A veces el legislador no hace su trabajo para impulsar el empleo, sino que tiene un sesgo ideológico y político importante”.

Un entorno complejo

Para Ignacio Hidalgo, socio director de laboral de RSM Spain, “en este periodo actual de calma aparente estamos a la espera de lo que puede ser el cambio importante que podría abrirse sobre el cálculo de las indemnizaciones por despido. No sabemos si habrá una reforma legislativa o tendrá que ver por la resolución del Comité de Derechos Sociales de la UE tras la reclamación planeada por CCOO y UGT. Habrá que ver si se genera ese cambio, que podría provocar más inseguridad jurídica”.

Ignacio Hidalgo. (Foto: RSM España)

Hidalgo cree que, aunque “estas resoluciones no son vinculantes, seguro que habrá sentencias judiciales que consideran que hay que interpretar el Tratado Internacional, frente a otras que no. Veremos si esto lo aprovecha el Gobierno para hacer un cambio y qué actitud tendrá la oposición si en meses asume el Gobierno de nuestro país. Una situación kafkiana que genera mucha incertidumbre”.

Junto a esto, Hidalgo se hace eco de algunas resoluciones judiciales “con gran efecto mediático algo preocupantes, como la sentencia de Baleares que viene a exigir el desarrollo de pliegos de cargos previos al despido que vendría a hacer una interpretación del Convenio 158 de la OIT vigente desde hace años. O la sentencia del TSJ de Castilla y León en cuanto a la forma de calcular la indemnización de los fijos discontinuos, cuando parecía que había consenso sobre ese cálculo sobre los días efectivos de trabajo, el TSJ dice que no y habrá que ver cómo evoluciona este contexto. Estas situaciones pueden generar conflictos en el futuro”.

También se refiere al problema de la inflación. “Es difícil llegar a los pactos de renta en el seno de la negociación colectiva para que los trabajadores no vean perdido el poder adquisitivo. No sabemos cómo va a evolucionar la inflación cuando, además, el incremento de cotizaciones sociales genera más costes para las empresas y menos campo para crear empleo”.

A estos elementos hay que añadir “el periodo electoral en el que nos movemos, donde podría haber un cambio de Gobierno, habrá que ver cómo afecta ese cambio a la legislación actual. Junto a ello, sentencias controvertidas como las que hemos comentado y la propia situación económica que también genera bastante incertidumbre. Habrá que ver cómo evolucionan todos esos elementos a corto y medio plazo”.

Hidalgo es consciente de las numerosas obligaciones que tienen que afrontar las empresas por el incremento normativo de la regulación y de que esta normativa es bastante rígida y no se adapta a las empresas. “Es un problema relevante esas obligaciones legales que se establecen para empresas a partir de 50 trabajadores. Creo que ha llegado el momento de definir una normativa específica para grandes empresas y otra más ligera para medianas y pequeñas empresas. No puede ser la misma, como hasta ahora. Los nuevos derechos de los trabajadores generan más costes y obligaciones para las empresas”.

Más conflictividad laboral

Por su parte, Fe Quiñones, abogada experta en derecho laboral del despacho Javaloyes Legal, aclara que en este arranque de año las huelgas de la justicia están poniendo a prueba la paciencia de las empresas y trabajadores y la viabilidad de algunos despachos que han reducido de forma notable su facturación al no haber actos procesales que cubrir. “Todo va más lento y en algunos casos esto hace que el trabajador se piense más reclamar sus derechos”, señala.

Fe Quiñones. (Foto: Javaloyes Legal)

Desde su punto de vista, “pese a las carencias, la jurisdicción social creo que funciona de forma más que aceptable. El papel de la Inspección de Trabajo es clave para que los trabajadores puedan demostrar las irregularidades que hay en las empresas. Ahora los asuntos que llevan a los juzgados tienen que ver con despidos, aunque menos que en otras ocasiones porque como hay más contratos fijos discontinuos, los trabajadores temporales notan menos esos vaivenes en las extinciones contractuales”.

Sin embargo, reconoce que “muchos conflictos del trabajador con la empresa acaban en los tribunales, como es el caso de violación de derechos fundamentales, modificaciones de las condiciones de trabajo, algún conflicto colectivo, la relación entre el comité de empresa y la empresa. Esos son los temas que más llegan. También muchos asuntos de la conciliación de la vida laboral y familiar de los hombres que se ven afectados por los mismos temas que las mujeres, sobre todo en las pymes”.

Para esta abogada, “la conflictividad ha crecido porque las empresas tienen más obligaciones legales que cumplir. Ahora otro problema es la compensación que las empresas deben fijar por la subida de la inflación. No es un tema fácil de gestionar y eso genera más conflicto entre empresas y trabajadores. Ahora mismo es complicado llegar a un pacto de rentas. Las empresas en España han sufrido mucho por el Covid y no les es fácil compensar la inflación, lo que genera pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores”.

Quiñones recuerda que “en España no ha habido tantas ayudas como en otros países, aquí son créditos que ahora hay que devolver, lo que está generando problemas de viabilidad de las empresas. Eso influye de forma directa en la creación de empleo. Habrá que estar pendiente de la evolución de estas empresas y de cómo van a afrontar ese entorno de crisis”.

Sobre los fallos judiciales cree que el trabajador está mejor protegido que hace diez años “son destacadas aquellas resoluciones sobre discriminaciones salariales cada vez más visibles y todo lo que tiene que ver con la compensación y absorción del IPC va ser este año importante en materia de conflictividad laboral. Aquí serán los tribunales los que tengan que decir en qué casos se compensa realmente a los propios trabajadores”.

Mejor negociar que ir a tribunales

Para Ana Plaza, socia fundadora de Plaza Abogados y abogada laboralista asociada a ASNALA, “este 1 de mayo nos ayuda a reflexionar sobre los derechos de los trabajadores. Se ha avanzado muchísimo. En las actuales relaciones laborales tiene un protagonismo importante el dialogo social, la negociación, en el seno de la empresa. Es el momento de negociar más que ir a los tribunales, porque los juzgados de lo social están colapsados y resuelven en meses cualquier cuestión que se les plantee”.

Ans Plaza. (/Foto: Plaza Abogados )

Desde esta perspectiva, “con la nueva normativa que acaba de entrar en vigor y otra que lo hará en breve hay que darle más protagonismo a la negociación en el seno de la empresa. La judicialización no es buena. La negociación implica saber ceder y escuchar e intentar comprender y entender a quién tienes enfrente. El aumento de los derechos de los trabajadores genera más costes para las empresas al mismo tiempo”.

En su opinión “no es fácil para muchas de las pymes españolas cumplir con las numerosas obligaciones laborales que tienen que asumir y ser rentables como negocio. En este escenario sería más práctico que la normativa actual pudiera adaptarse a cada tipo de empresa. Nada tiene que ver la casuística de una multinacional o gran empresa, a una pequeña pyme o un autónomo con algunos empleados. El cumplimiento normativo debería ser diferente”.

Sobre el tema de la inflación, otra de las cuestiones que preocupa a trabajadores y empresas, señala que “no es fácil llegar a un pacto de rentas que contente a ambas partes. Por eso ha cobrado una especial relevancia el diálogo social para lograr un buen acuerdo ante el colapso de los juzgados de lo social. Es evidente que se ha llegado a un momento en las relaciones laborales donde hay que entender la postura de tu interlocutor en este tipo de negociaciones”.

Sobre los asuntos que generan conflictos, “los pleitos que llevamos a la jurisdicción laboral son los despidos y muchos asuntos de adecuación de jornadas, de dar cumplimiento a reducciones de jornadas, paternidad, cuestiones de contratación incrementada con la casuística de la reforma laboral. Pero en un 80% los juicios a los que acudimos en la jurisdicción laboral son despidos y pleito de Seguridad Social y el resto se tiende más a una negociación antes de entrar en sala”.

Respecto a los despidos, subraya que “muchos de ellos son por causas objetivas. En algunos de esos asuntos cuesta mucho entrar a juicio, puede pasar que en el mismo día de la vista termines de llegar a un acuerdo. Ahí, el papel de los LAJs es clave para alcanzar dicho acuerdo. Al final, si el trabajador ha cobrado una indemnización de 20 días y pide 33 o 45 en función de cuando empezó a trabajar, esa diferencia se suele pactar al final”.