Cuando la eutanasia pretende evadir a la justicia

Marin Eugen Sabau, más conocido como ‘el pistolero de Tarragona’ ha solicitado la eutanasia para dejar de sufrir por los dolores que padece a raíz de cuando estaba huyendo de las fuerzas de seguridad que intentaban detenerle.

Los hechos sucedieron en diciembre del año 2021 cuando el antiguo trabajador (vigilante de seguridad) de la empresa Securitas, tiroteó a tres compañeros y a un mosso d’esquadra en Tarragona.

El acusado iba armado con un fusil y llevaba puesto un chaleco antibalas. En el proceso de negociación, él inició un tiroteo con los miembros del Grupo Especial de Intervención de los Mossos d’squadra hasta que quedó herido. Tuvo que ser ingresado en el hospital en estado crítico y en cuanto recibió el alta médica por orden judicial, ingresó en prisión comunicada y sin fianza como presunto autor de homicidio en grado de tentativa, tenencia de armas y atentado a la autoridad.

Las heridas provocadas a raíz de los disparos que recibió le han causado una lesión medular irreversible que le genera dependencia y dolor neuropático. Pese a haber llevado a cabo medidas médicas para mejorar su sintomatología, el acusado ha solicitado la ayuda médica para morir de manera asistida sosteniendo que sólo quiere dejar de sufrir.

(Foto: Agencia EFE)

Evasión a la justicia

El objetivo de la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia es legalizar el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Entre las condiciones exigidas se haya sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en dicha ley y certificados por el personal médico.

Sin embargo, las víctimas, quienes aún están recuperándose de las heridas físicas y psicológicas, reiteran que, si finalmente se le concede la eutanasia, estaría burlando a la ley, ya que primero tiene que celebrarse el juicio y por el que se le tiene que condenar por los actos que cometió aquel día de diciembre.

El letrado José Antonio Bitos, en una conversación con Crónica ha declarado que “debe anteponerse el derecho de las víctimas a un juicio justo. De otro modo, el procedimiento quedará incompleto”.  Además, el letrado ha subrayado que “se olvida cuál es el fin último de la prisión provisional y que no es otro que dejar a disposición judicial a un investigado o procesado. Practicar la eutanasia por quien tiene la obligación de asegurar que el reo esté a disposición del Tribunal es de forma palmaria una decisión injustificable”.

Pese a ello, el equipo médico que supervisa la salud de Sabau ha aceptado la solicitud aun cuando el Hospital Penitenciario de Terrassa no tiene facultad para dar la muerte asistida a un investigado que se encuentra en prisión por orden judicial.

Marin Eugen Sabau está siendo atentido por los servicios médicos tras ser disparado en un tiroteo que inició el mismo contra los Mossos d’squadra (Foto: Europa Press)

El caso se debe ajustar a la ley

La ayuda médica para morir es un proceso largo y no tan fácil de conceder como algunos creen. Se comienza haciendo una primera solicitud formalmente por escrito la petición de ayuda a morir a tu médico habitual. El sanitario ha de firmar la solicitud e incorporarla a la historia clínica para verificar que la petición cumple con los requisitos marcados en la ley, aunque, en cualquier caso, el médico debe informar primero al paciente de las alternativas terapéuticas disponibles y de los cuidados paliativos.

A continuación, se hace una segunda solicitud que tendrá un segundo proceso de deliberación, preguntado el médico de nuevo al paciente si está seguro de seguir adelante. En caso de que la respuesta sea sí, el sanitario deberá informar al equipo asistencial y familiares (si así se acuerda) y el paciente debe firmar un consentimiento informado.

Llegados a este punto, el medico principal deberá contactar con uno segundo a modo de consultor para que evalúe si la petición cumple los requisitos previstos por la ley. Para ello, el medico consultor se entrevistará con el enfermo y emitirá un informe favorable o desfavorable. Y en el caso de que ambos médicos coincidan en que la petición se ajusta a lo previsto por la ley, se remitirá un informe con toda la información a la Comisión de Garantías y Evaluación (CGE) autonómica.

La CGE designará un equipo formado por un médico y un jurista para que evalúen el caso y decida en un plazo de 7 días. Si el documento es favorable se le notificará al médico responsable y a partir de ese momento -pasados 30 o 40 días tras la petición original- se podrá llevar a cabo la eutanasia, acordando el día y momento justo que tendrá lugar la práctica con la persona que lo solicitó.

Marin Eugen Sabau, ‘el pistolero de Tarragona’ (Foto: El Periódico)

Casos similares

En España ya se ha dado en alguna ocasión la situación de que un recluso haya pedido que se le aplique la eutanasia, pero hasta el momento siempre ha sido denegada por la autoridad judicial, como fue el caso de un reo asturiano que alego sufrir abusos en la cárcel de Mansilla de las Mulas, donde cumple condena y solicita la muerte asistida.

Sin embargo, el caso del ‘pistolero de Tarragona’ es el primero que se da en nuestro país y genera el debate sobre si conceder la muerte asistida a un reo o primar el derecho de las víctimas a que se celebre primero un juicio justo. Sin embargo, en los Países Bajos sí que se dio cuando el condenado a cadena perpetua por violación y asesinato en serie, Fran Van Den Bleeken, pidió en 2014 que se le aplicase un tratamiento para poder mejorar o en su defecto, la eutanasia, alegando que él mismo se consideraba un peligro para la sociedad, que padecía un sufrimiento insoportable debido a sus impulsos y por ello debía morir.

Esta fue la primera vez que en Bélgica se estimó el sufrimiento psicológico como argumento válido para la eutanasia y también fue la primera vez que se le aplicó a un preso. Pues, tras agotar todas las vías terapéuticas para intentar curarle, finalmente la ley le dio la razón. Iba a ser en enero del año siguiente cuando recibiría la inyección que acabaría con su vida, algo que como en el caso de España, tampoco gusto a los familiares de las víctimas que había asesinado. Pero, sin embargo, en el último momento, antes de proceder a la práctica médica, el gobierno del país cambio de idea y le trasladaron a un pabellón psiquiátrico, la otra opción y primera que él había solicitado.