En libertad con medidas cautelares el jubilado investigado por enviar cartas bomba a Pedro Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la libertad con medidas cautelares para Pompeyo G.P., el funcionario jubilado que que se encontraba en prisión provisional como presunto autor del envío de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa Instalaza, a la embajada de Estados Unidos en la capital y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón.

En un auto, el magistrado le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, así como la obligación de fijar un domicilio y un número de teléfono donde puede ser localizado.

En línea con el informe emitido por la Fiscalía, el juez Calama entiende que procede la libertad sin fianza por cuanto no existe un riesgo actual de destrucción de fuentes de prueba, toda vez que ya se han efectuado las diligencias de instrucción más relevantes para la obtención de los indicios de criminalidad sustanciales que apuntan hacia dicho investigado.

Audiencia Nacional. (Foto: SUP)

Además, explica el instructor, el investigado no tiene antecedentes penales previos a los hechos que se instruyen en el juzgado, no existen indicios que apunten a una posible reiteración delictiva y tiene domicilio conocido y arraigo en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

También tiene en cuenta el juez la avanzada edad (74 años) del investigado, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de enero y que pueden adoptarse otras medidas cautelares de menor relevancia que la prisión provisional como las acordadas, esto es, comparecencias apud acta, así como la retirada de pasaporte y la prohibición de salida de España.

En su resolución, que puede ser recurrida ante el propio juez en reforma o en apelación ante la Sala de lo Penal, el juez advierte de que el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas podría dar lugar a la adopción de otras más graves.

Pompeyo G.P., detenido a finales de enero en Miranda del Ebro (Burgos) en la Operación Konvert, está investigado por cuatro presuntos delitos de terrorismo, dos de terrorismo agravado (por los envíos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra Margarita Robles) en concurso con otro de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

Desde el momento de su detención, el magistrado no vio indicios de que el investigado perteneciese ni colaborase con ningún grupo organizado terrorista, si bien consideró que el envío de esos seis sobres, el contexto en el que se producen relativo a la invasión rusa de Ucrania y los destinatarios evidencian que en su «ánimo está presente» el objetivo de «alterar gravemente la paz pública» y de «obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania».