Día del Niño: sin vivienda no hay derechos

La pobreza afecta a uno de cada tres niños en España. La vivienda es uno de los indicadores más sensibles de la pobreza y de la exclusión residencial en la infancia que tiene un impacto de gran calado en la calidad de vida de estos; por lo tanto, se vulnera (y silencia) sus derechos. Con motivo del Día del Niño hablamos de una problemática muy preocupante que, según las predicciones para este próximo año, no parece indicar que se revierta la situación.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1989, estipula los derechos humanos básicos que debe disfrutar todo niño en cualquier parte del mundo, sin discriminación ninguna. Este compromiso internacional fue ratificado por los gobiernos nacionales que se comprometieron a proteger y asegurar los derechos de la infancia. Y en 2022, nos hacemos las siguientes preguntas ¿se están cumpliendo? ¿qué nos depara el próximo año en materia de vivienda y menores? y, ¿qué podemos hacer para revertir la situación?

Sin datos oficiales, no se pueden tomar medidas adecuadas

Muchos niños, y adolescentes, viven en pisos compartidos, han sufrido desahucios y han tenido que cambiar de casa en varias ocasiones. Ello provoca en ellos estrés, agonía, depresión y, sobre todo, malestar físico. Los expertos en esta materia afirman que existe una relación estrecha entre inseguridad residencial y salud emocional y física de los menores. Por desgracia, y pese a existir diversa normativa legislativa (nacional e internacional) esta situación de vulnerabilidad va en aumento. Y es que, el número de lanzamientos practicados por los juzgados en el segundo trimestre de 2022 se sitúa en 10.816; pero ¿en cuántos de estos son familias con menores a su cargo? Seguramente en más de la mitad de ellos se trata de familias con niños y niñas.

A día de hoy no existen datos oficiales sobre el número de menores afectados por desahucios en España; los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) no recogen aspectos socioeconómicos de las personas deudoras lo que impide conocer en qué casos hay presencia de niños en los hogares, cuántos y de qué edades son. Por otro lado, UNICEF denuncia que en España alrededor del 80% de los desahucios son de familias con menores a su cargo. Pero hay que ser consecuentes: sin datos oficiales no es posible tomar medidas adecuadas y diseñar políticas de infancia que aseguren el derecho a la vivienda de los niños, niñas y adolescentes.

«UNICEF denuncia que en España alrededor del 80% de los desahucios son de familias con menores a su cargo». (Foto: Aragón Digital)

Sin embargo, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2021 (publicada en junio de este mismo año, 2022) del mismo INE señalaba que los niños y niñas son el colectivo con mayor riesgo de pobreza y también que se ha producido un mayor incremento del riesgo de pobreza y exclusión social frente a personas adultas y personas mayores (más de 65 años) Cabe destacar que las cifras son las más altas publicadas en los últimos cinco años por lo que es “urgente tomar medidas para revertir esta tendencia y reducir la pobreza infantil en España” apuntaban desde el Instituto Nacional de Estadística.

¿Qué leyes velan por los intereses de los niños?

La Convención sobre los Derechos del Niño declaró en su manifiesto los derechos esenciales que todo niño debe disfrutar para garantizar el bienestar y la vida digna de cualquier menor. Esta carta es una herramienta que enuncia las necesidades de los menores de todo el mundo; prestamos especial atención a su Art. 27 que pone de manifiesto que todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo:

ARTÍCULO 27 – Convención sobre los Derechos del Niño

«Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. (…)

Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho, y en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda».

La Convención sobre los Derechos del Niño fue la primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas y es de obligatorio cumplimiento -bajo adaptaciones- por todos los estados firmantes. En España se cuenta con diversas normativas y leyes que protegen los derechos y el bienestar de los menores. La Constitución Española recoge en dos de sus artículos la protección especial de la infancia (Artículo 39.4) y el derecho a una vivienda digna (Artículo 37) Además, existe la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 8/2015 del 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, todas las Comunidades Autónomas cuentan con normativa específica de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y es que, todos los niños tienen derecho a tener una vivienda. Estos necesitan un hogar donde convivir con su familia, alimentarse, descansar y desarrollarse de manera saludable. Por lo tanto, las leyes deberían ser efectivas, pero ¿es así?

¿Se cumplen las medidas establecidas?

En los hogares, la falta o disminución de ingresos puede derivar en un empeoramiento de la calidad de la alimentación, las condiciones del hogar, y, ello, puede afectar a la calidad de la convivencia y las relaciones entre la pareja de cónyuges e hijos e hijas (UNICEF, 2012) Esta situación se ha ido agravando en España durante los últimos años, especialmente tras la pandemia de la COVID-19. Y es que, las medidas establecidas por nuestros gobiernos han sido escasas y no han podido frenar una situación que va en aumento.

Existe, en España, una legislación específica que pretende proteger los derechos de la infancia en caso de desahucio, pero es una medida insuficiente y discriminatoria. La Ley 1/2013 contempla la posibilidad de una moratoria especial de dos años en desalojos hipotecarios únicamente en familias que demuestren vulnerabilidad, algo que resulta redundante cuando hablamos de desahucios. Solamente las familias con menores de tres años y familias monoparentales con un hijo a cargo pueden solicitar la suspensión de un desahucio si acreditan unos ingresos familiares medios inferiores a treves veces el IPREM. Dicha legislación deja fuera a las familias con menores que estén viviendo un desahucio cuando su vivienda es alquilada; además es discriminatoria ya que deja fuera la protección de menores entre 3-18 años. Por lo tanto, es una ley que viola la propia Convención sobre los Derechos de los Niños.

«Existe, en España, una legislación específica que pretende proteger los derechos de la infancia en caso de desahucio, pero es una medida insuficiente y discriminatoria». (Foto: E&J)

En 2010, UNICEF recomendó a España que duplicase los esfuerzos en esta línea con el fin de prestar una asistencia adecuada a padres, madres y tutores legales en el ejercicio de sus responsabilidades relacionadas con la crianza, en particular, a las familias en situación de crisis debido a la pobreza, la falta de vivienda adecuada o separación. Tras realizar una lectura, real, de la situación de los desahucios en España se puede llegar a la conclusión de que las leyes actuales vulneran los derechos de los menores y las ayudas -económicas, de habitabilidad o educativas, entre otros- son escasas ya que la falta de recursos económicos, el recorte de gastos, la imposibilidad de hacer pago a la hipoteca, etc. afectan directamente a la cobertura de las necesidades básicas de la infancia.

Luchar por la infancia, revertir la situación

La crisis económica en la que nos encontramos inmersos, desde la pandemia de la COVID-19, ha agravado la situación de pobreza y ha incrementado el riesgo de exclusión social de muchos niños y niñas españoles. Pese a las moratorias y la suspensión de desahucios por impago de la hipoteca, hasta mayo de 2024, con el Real Decreto 6/2020, durante el próximo año asistiremos al lanzamiento de miles de familias en situación de vulnerabilidad. Serán sacadas de su hogar sin una alternativa más allá de la buena voluntad de PAHs, colectivos sociales y personas altruistas que asisten a estas familias vulnerables en uno de los procesos civiles más duros.

La situación actual de inflación y la subida de los tipos de interés y del EURIBOR (en las renovaciones de las hipotecas de tipo variable) e incluso de los alquileres, que siguen sin regulación autonómica, así como la falta de vivienda pública auguran unos años difíciles. Miles de niños se verán privados de un derecho fundamental (Artículo 47 de la Constitución Española) como es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La falta de protección a la infancia queda latente en los desahucios que están teniendo lugar en la actualidad. Recientemente, en Valencia, el Comité de Derechos Sociales de las Naciones Unidas tuvo que intervenir en el desahucio de una madre y sus dos hijos; aunque la resolución no es vinculante el desahucio, por ahora, se ha paralizado. La resolución también insta a la Generalitat a “otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.” Cosa que, ahora, queda en manos de los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana. Esto es una muestra más que deja de manifiesto la falta de políticas y ayudas sociales actuales en pro de ayudar a un colectivo tan vulnerable como son los niños y adolescentes.

En el Día del Niño debemos alzar la voz con el fin de dar visibilidad a una situación que cada vez afecta a más familias

Según el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, la pobreza no es el único factor que determina la exclusión social; la carencia o falta de recursos materiales, económicos y de habitabilidad fomentan ese desequilibrio.  Al hilo del derecho de ayudas sociales, y la escasez de las mismas, también cabe destacar que se vulnera el derecho a la asistencia material y programas de apoyo, especialmente con respecto a la alimentación y la vivienda. Por lo tanto, los derechos de los niños y niñas se ven vulnerados desde el momento que un elemento tan primordial como es la vivienda para un menor, recogida en distintos tratados internacionales y nacionales, no se garantizan.

En conclusión, en el Día del Niño debemos alzar la voz con el fin de dar visibilidad a una situación que cada vez afecta a más familias. El desahucio no es más que un ejemplo de pobreza que vive nuestra sociedad; más bien la culminación de un proceso largo y arduo que comienza con la falta de recursos o la imposibilidad de pagar una deuda con una entidad financiera. Un ‘juego de mayores’ que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes y los sitúa en una postura de discriminación hacia la infancia, y entre la infancia. Por lo tanto, se deben realizar muchas mejoras; tanto en el ámbito social como en el legislativo. Además, de un importante trabajo con la sociedad mediante la conciencia social (principalmente de las entidades bancarias, que deberían estudiar los casos uno a uno y de los legisladores que dejan a especular libremente a los fondos buitres con las viviendas de los consumidores) pero también con la sociedad en general y, en especial, en el ámbito socioeducativo.