Educación versus prohibición: ¿hacia dónde nos lleva el camino para proteger a los menores en entornos digitales?

En un mundo en constante evolución, la protección de los menores en entornos digitales es, sin duda, uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad. Recientemente, hemos podido conocer que Australia ha propuesto una medida que busca prohibir el acceso a Internet a los menores de 16 años, argumentando que esta drástica acción es necesaria para protegerlos de los riesgos a los que enfrentan en línea.

Sin embargo, este enfoque, aunque sea bien intencionado, plantea interrogantes importantes sobre la efectividad de la prohibición frente a estrategias basadas en la una regulación normativa menos invasiva, la educación y la prevención.

A lo largo de este artículo abordaremos por qué la educación y la concienciación social deben ser la prioridad, examinando los riesgos que entrañan propuestas tan radicales como pueda ser la prohibición del acceso a Internet a los menores, quienes también gozan de derechos fundamentales que pueden verse confrontados con estas medidas.

El contexto de los riesgos en línea para la población infanto-juvenil

Internet en general, y las redes sociales en particular, ofrecen innumerables oportunidades y beneficios educativos, sociales y culturales para niños y adolescentes.

No obstante, no podemos obviar que también existen riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenido inapropiado, la manipulación en línea y las violaciones a su privacidad, entre muchos otros. Este dilema social ha llevado a gobiernos, plataformas tecnológicas y organizaciones internacionales a buscar soluciones que equilibren la protección de los menores y su acceso a las oportunidades que ofrece el entorno digital.

En concreto, en España recientemente se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, en el que se incluyen interesantes iniciativas que parten de elaborar una estrategia nacional sobre la protección a la infancia y la adolescencia en el entorno digital.

El anteproyecto pone un especial acento en la lucha contra la pornografía infantil, incluyendo disposiciones que afectan al ámbito sanitario y que buscan fomentar la detección precoz de posibles adicciones, la prevención y la atención especializadas a menores con patologías asociadas al uso inadecuado de dispositivos.

(Imagen: E&J)

En cuanto al ámbito educativo, se abordan planes de formación específica, educación en ciudadanía digital y alfabetización mediática, privacidad y propiedad intelectual.

Asimismo, y en relación a las obligaciones para las empresas del sector tecnológico, este anteproyecto dispone que los fabricantes deberán asegurar que los dispositivos digitales cuenten con sistemas de control parental activados por defecto y con un etiquetado informativo sobre sus riesgos.

En cuanto a la reacción de otros países ante este fenómeno que pone en riesgo a la infancia, podemos encontrar la sorprendente propuesta de Australia en cuanto a prohibir el acceso de menores de 16 años a Internet, la cual parte de la premisa de que esta medida eliminará su exposición a riesgos.

Sin embargo, lo cierto es que esta perspectiva ignora una verdad fundamental: los menores de hoy son nativos digitales y la tecnología forma una parte fundamental de su desarrollo personal y de su vida.

Prohibir a los niños y adolescentes el acceso a Internet constituye, además de una vulneración de sus derechos digitales, un posible aislamiento tecnológico que repercuta negativamente en su desarrollo y en las oportunidades que pudieran tener en el futuro como adultos.

Por qué la prohibición no es la respuesta

Una prohibición de acceso total a Internet para los menores de 16 años, como la reciente propuesta efectuada por Australia, enfrenta desafíos prácticos significativos a la hora de aterrizar esta medida.

En un entorno digital descentralizado, controlar el acceso de menores resulta extremadamente complicado, por no decir imposible. Los menores podrían fácilmente evadir estas restricciones utilizando herramientas como redes privadas virtuales (VPN), cuentas falsas o dispositivos de familiares y amigos, lo que podría exponerlos a mayores riesgos debido a la falta de supervisión y el uso de plataformas menos seguras.

(Imagen: E&J)

Vulneración de sus derechos digitales

Bloquear el acceso a Internet a los menores no solo les priva de sus derechos digitales, sino que también los excluye de herramientas y recursos esenciales para su aprendizaje, socialización y desarrollo personal. El acceso a Internet fomenta la alfabetización digital, una competencia clave en el siglo XXI, tanto para niños como para adultos.

Es decir, que, en lugar de protegerlos, una prohibición de este calibre podría situar a la infancia en una posición de desventaja educativa y social, situación contra la que precisamente se viene luchando con énfasis desde organizaciones como UNICEF.

La importancia de la confianza y el empoderamiento de nuestros niños

Cualquier tipo de prohibición transmite un mensaje de desconfianza hacia los niños y su capacidad para navegar responsablemente el entorno digital. En lugar de restringir su acceso, entiendo que las políticas públicas deberían centrarse en empoderar a los menores a través de la educación, dotándolos de las herramientas necesarias para identificar y gestionar los riesgos en línea.

Asimismo, parece acertado seguir apostando por la educación familiar y la implicación del sector tecnológico, en cuyas manos está el adoptar medidas que sin duda serán más rápidas que cualquier proceso legislativo por los trámites burocráticos que implica.

En este sentido, se publicaba recientemente la obra colectiva “La protección de la infancia en entornos digitales”, editada por Dykinson, en la que han participado altruistamente más de 35 autores e instituciones comprometidas con la causa. Este proyecto social, impulsado por la comisión de infancia y juventud de la Asociación Women in a Legal World (WLW), recaudará fondos para UNICEF que irán destinados a proyectos relacionados con la defensa de los derechos digitales de los menores.

Y es que la educación, en cualquier ámbito de la vida, se erige como una alternativa sólida y sostenible a medio-largo plazo frente a la prohibición, permitiendo que los menores aprendan a utilizar internet de manera responsable, a la par que les facilitamos habilidades para evaluar el contenido al que acceden, proteger su privacidad y responder ante situaciones de peligro para su integridad física, emocional o psicológica.

Lo anterior no excluye la necesidad de regular normativamente ciertos comportamientos o conductas que nos permitan garantizar una mejor protección de la infancia en entornos digitales, gracias a propuestas como las que incluye el citado Anteproyecto, pero, además, debemos ser conscientes de la responsabilidad social que pesa sobre todos nosotros como individuos.

Frente a la prohibición como concepto, encontramos otras propuestas perfectamente viables que van desde los programas escolares y las campañas de sensibilización, hasta medidas lideradas motu proprio por empresas y plataformas tecnológicas.

(Imagen: E&J)

Las acciones de las plataformas tecnológicas

Hace escasos meses conocimos por medios que el magnate ruso Pável Dùrov, fundador y director general de Telegram, era arrestado a las afueras de París, acusándole, entre otros cargos, de complicidad en la difusión de imágenes pedófilas en la red de mensajería instantánea que dirige.

Justo una semana después, estallaba la noticia del cierre de la red social X en Brasil ante el “reiterado incumplimiento de órdenes judiciales”, puesto que su propietario, Elon Musk, se negaba a bloquear perfiles que contribuyen a la “divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”.

Estas dos noticias son un ejemplo claro de un cambio de tendencia que ya lleva tiempo gestándose tanto en España como en el extranjero, y la acción regulatoria de los países, aunque descoordinada, se está haciendo notar.

Es innegable que las plataformas digitales tienen un papel fundamental en la protección de los menores, y muchas de ellas han implementado herramientas y propuestas proactivas para abordar los riesgos en línea.

Controles parentales

Empresas como Google y Apple han desarrollado herramientas de control parental que permiten a los padres establecer límites de tiempo de pantalla, filtrar contenido inapropiado y monitorear la actividad en línea de sus hijos.

Configuraciones de privacidad avanzadas

Plataformas como Instagram y TikTok han implementado configuraciones de privacidad diseñadas específicamente para menores. Por ejemplo, en TikTok, las cuentas de usuarios menores de 16 años son privadas por defecto, y las funciones como los mensajes directos están deshabilitadas para menores de 18 años.

Moderación de contenido y algoritmos

YouTube Kids es un ejemplo de cómo las plataformas han creado entornos digitales más seguros para los menores. Este servicio filtra contenido inapropiado y ofrece videos educativos adaptados a diferentes grupos de edad.

Protección de la salud mental

Hace escasos días hemos sabido de la propuesta de Tik Tok en cuanto a prohibir el uso de filtros de belleza para menores de 18 años, entendiendo que el uso de estos efectos de apariencia pudiera afectar negativamente al desarrollo psicológico e incluso físico de niños y jóvenes.

Un reciente estudio de la Universidad Pompeu Fabra en colaboración con la Universitat Oberta de Cataluña afirma que uno de cada cinco jóvenes pasa más de dos horas en TikTok, superando así el umbral a partir del cual puede sufrir problemas de salud mental.

(Imagen: E&J)

Colaboración y alianzas

Muchas empresas tecnológicas han unido fuerzas con organizaciones no gubernamentales y gobiernos para abordar los problemas de seguridad en línea. Iniciativas como WePROTECT Global Alliance reúnen a actores clave para desarrollar soluciones integrales que combatan el abuso y la explotación sexual infantil en línea.

Conclusión

La propuesta de Australia para prohibir el acceso de menores de 16 años a Internet representa una respuesta reactiva a los desafíos del entorno digital, pero no aborda la problemática real desde sus raíces.

La protección eficaz de los menores no puede lograrse mediante simples prohibiciones que ignoran la complejidad de sus necesidades como individuos y los derechos fundamentales de los que cualquier persona goza, y que revisten de una especial protección cuando hablamos de la infancia.

La educación y las medidas proactivas de las empresas tecnológicas deben complementarse con un marco regulatorio equilibrado que garantice la seguridad de los menores sin comprometer sus derechos digitales.

Ejemplos como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que introduce disposiciones específicas para la protección de menores, demuestran cómo la regulación puede fomentar prácticas responsables sin recurrir a la prohibición total.

Propuestas realistas como los programas de alfabetización digital en las escuelas o las campañas de sensibilización social, resultan soluciones sostenibles que capacitan a adultos y niños para navegar en Internet de manera segura y responsable.

Las plataformas tecnológicas también deben continuar innovando en medidas de protección de la infancia, colaborando con gobiernos y organizaciones civiles para crear un entorno digital más seguro para todos, aprovechando la ventaja de la que disponen al ser mucho más ágiles en la ejecución de acciones que los propios poderes públicos.

La protección de los menores en Internet no debe ser una elección entre prohibición o libertad, sino un equilibrio que combine educación, innovación tecnológica y regulación, pues solo a través de este enfoque integral seremos capaces de garantizar como sociedad que la infancia pueda disfrutar de las oportunidades que ofrece el entorno digital a la par que minimizamos los riesgos que esto mismo conlleva.