El bloqueo del CGPJ: un repaso a la propuesta de Guilarte y reacciones al anuncio de Sánchez

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cinco años caducado —desde el 4 de diciembre de 2018—, debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos, ha privado al órgano de gobierno de los jueces de una de sus funciones constitucionales esenciales, la de hacer nombramientos, lo que está impidiendo la cobertura de casi un centenar de plazas vacantes en el Tribunal Supremo (TS), las presidencias de numerosos Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, entre otras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó este miércoles al Partido Popular (PP) que o accede a renovar el CGPJ antes de que acabe este mes o retirará al Consejo su facultad para hacer los nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia. Un ultimátum al que el PP ha respondido que antes que renovar hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los jueces nombren a los 12 vocales de extracción judicial, y que lo anunciado por Sánchez les parece un «auténtico atropello constitucional».

Ante lo manifestado por el presidente, las cuatro asociaciones de jueces mayoritarias han reaccionado expresando su opinión al respecto, así como el presidente en funciones del Consejo, Vicente Guilarte, quien ha remitido este jueves a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En respuesta a las declaraciones de Sánchez, Guilarte ha expresado su creciente preocupación por el sistema de elección de altos cargos judiciales, aunque ha enfatizado que, a su juicio, los nombramientos deben permanecer bajo la competencia del CGPJ, conforme al mandato constitucional del artículo 122.2 de la Constitución. También ha subrayado que cualquier intento de influencia directa o encubierta del Gobierno sobre estos nombramientos es inaceptable, recordando que anteriormente, antes de la LOPJ, los nombramientos eran competencia del Ministerio de Justicia.

Vicente Guilarte, presidente en funciones del CGPJ. (Imagen: Poder Judicial)

La propuesta de Guilarte

“No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”, ha señalado en un comunicado. Además, ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta que el pasado mes de abril hizo para modificar el sistema de nombramiento de los jueces del Supremo, cuando entonces mencionó que que «sería recomendable que se integraran en el CGPJ letrados en ejercicio y no solo por la expresa referencia que a ellos se contiene en el texto constitucional, sino también por el peso decisivo de su función en la operatividad del funcionamiento del sistema jurisdiccional».

Ante estas declaraciones, tanto Foro Judicial Independiente (FJI) como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han celebrado que Guilarte tomara la iniciativa de plantear medidas. «Todo lo que sea despolitizar los nombramientos de la cúpula judicial y que los políticos pierdan interés en controlar el CGPJ nos parecen buenas ideas», considera Fernando Portillo, presidente de FJI. Por su parte, Alejandro González, portavoz de la APM, expresa que «actualmente, lo más urgente es renovar ante una situación que resulta insostenible, debiendo abordarse de inmediato la reforma del LOPJ para que seamos los jueces los que elijamos a los vocales. En cuanto a la forma de hacerlo, siempre estaremos atentos a las distintas posibilidades».

Opinión distinta es la que tienen desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que aunque consideran la propuesta de Guilarte muy respetable, no creen que vaya a solucionar ningún problema. «Lo que sería razonable es renovarlo y, una vez normalizada su situación , que los grupos parlamentarios, la judicatura, abogacía universidad y profesiones jurídicas se sienten a reflexionar y se propongan fórmulas de consenso que eviten que la actual situación vuelva a repetirse»,  comenta en este sentido su portavoz, Edmundo Rodríguez.

Finalmente, si bien Guilarte ha celebrado que Sánchez quiera cambiar el modelo de elección de los magistrados del Supremo, ha pedido que aclare su propuesta, recordándole que «los nombramientos deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional» y que «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno». No obstante, también ha expresado que no sólo el mensaje de Sánchez «abre la puerta a la esperanza», sino que confía en que el presidente «asume la idea de que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales, hoy ontológicamente viciada de discrecionalidad». Mérito y capacidad: es lo que respalda.

Sistema de elección de vocales del CGPJ

La manera de renovar el Consejo General del Poder Judicial está regulada en el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece en su apartado primero que debe renovarse cada cinco años en su totalidad, contados desde la fecha que se constituyó el órgano—algo que, como ya se ha señalado antes, se ha incumplido al haberse superado este periodo de tiempo—.

Asimismo, el apartado 1 del mencionado artículo también señala que los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado “deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”, pero al igual que la temporalidad, este precepto tampoco se está cumpliendo, pues cabe recordar que el Gobierno y el PP dejaron estancadas las negociaciones para desbloquear este órgano en octubre de 2022, y que ante la falta de consenso entre los partidos, a  finales de enero de este año tuvo que intervenir la Comisión Europea como mediadora con el fin de alcanzar la renovación. Pero pese a que se han reunido en diversas ocasiones —PSOE, PP y la Comisión Europea—, aún no se ha conseguido renovar el CGPJ.

En cuanto a la manera de elegir a los vocales que integrarán el Consejo General del Poder Judicial cada vez que éste se renueve, la Constitución Española recoge en su artículo 122 que este órgano de gobierno de los jueces y magistrados estará compuesto por el presidente del Tribunal Supremo —que lo presidirá—, y por veinte miembros nombrados por el rey por un período de cinco años.

“De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”, recoge el precepto constitucional.

José María Macías jurando su cargo de vocal del CGPJ en enero de 2015. (Imagen: Casa Real)

Ley Orgánica del Poder Judicial

Tras la aprobación de la CE, se aprobó también, en enero de 1980, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En ella se determinaba que el Congreso y Senado elegiría cada uno a cuatro vocales —entre abogados y juristas— y que los otros doce vocales —que debían jueces y magistrados— serían elegidos por todos los miembros de la Carrera Judicial.

Reforma del PSOE en 1985

En 1985 el Gobierno de Felipe González lleva a cabo la primera reforma de la LOPJ, modificando la manera de elección de los vocales del CGPJ. En esta reforma del partido socialista se establece que el Congreso y el Senado adquieren la capacidad de elegir directamente a ocho vocales —juristas— y proponen al Gobierno los otros doce vocales —elegidos entre jueces y magistrados—; por lo que los miembros de la Carrera Judicial pierden su capacidad de elegir directamente a los doce vocales de procedencia judicial.

Reforma del PP en 2001

En junio de 2021, el Gobierno de José María Aznar tomó la decisión de reformar, de nuevo, la LOPJ, incorporando a las asociaciones profesionales de jueces en el poder de elección de vocales. Con esta reforma, el Ejecutivo Popular establecía que las asociaciones profesionales o al menos un 2% de jueces en activo serían las encargadas de proponer los candidatos al Congreso y al Senado para que designen a los doce vocales de procedencia judicial; mientras que los otros ocho vocales seguirían siendo nombrados directamente por el Parlamento.

Reforma del PP en 2013

No conformes con la última reforma de su partido, el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo una nueva reforma en el año 2013, modificando la manera de elección de vocales establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esta ocasión, el nuevo texto legislativo estableció que los veinte vocales serían desinados por las Cortes Generales, lo que implica que los candidatos a vocales de procedencia judicial deben tener el visto bueno de una asociación profesional o de 25 miembros de la Carrera Judicial en servicio activo.

Aunque en marzo de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó una reforma de la LOPJ que limitaba las competencias del CGPJ cuando el órgano entra en funciones, esta reforma no modificó el sistema de elección de vocales del año 2013, que se mantiene sin cambios y en vigor actualmente.

Quieren volver al sistema de elección original, el de 1980

No obstante, antes de que se lleve a cabo la renovación del próximo CGPJ, el Partido Popular y tres de las cuatro asociaciones judiciales quieren que se modifique de nuevo el sistema de elección de vocales actual (el de la reforma de 2013). Con esta nueva reforma lo que desean es volver al modelo original de elección de miembros del CGPJ del año 1980, en el que los propios jueces en activo elegían a doce vocales y el Parlamento solo votaba los ocho restantes entre juristas de reconocido prestigio.

Si se volviera al modelo de 1980, la labor de las Cortes se limitaría a las otras ocho plazas, como así recoge la Constitución: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros, entre abogados y otros juristas, de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión.

En la actualidad el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial es el establecido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2013, cuyo texto legislativo establece que los veinte vocales serían desinados por las Cortes Generales. (Imagen: CGPJ)

Las asociaciones discrepan sobre el ultimátum de Sánchez

Todas ellas, aunque con algunas discrepancias, han expresado la urgente necesidad de renovar cuanto antes el CGPJ, pues lo contrario supone «una anomalía democrática», tal y como ha declarado a Economist & Jurist Edmundo Rodríguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya y portavoz de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). No obstante, desde Foro Judicial Independiente (FJI) también han criticado públicamente la «amenaza» del presidente, pues temen que su ultimátum al PP tenga como subterfugio aumentar el control político de los nombramientos de la cúpula judicial, y no el de despolitizar la Justicia, como Sánchez justifica.

En este sentido, Fernando Portillo, presidente de la asociación FJI, ha denunciado que las manifestaciones y declaraciones que ha venido haciendo el presidente y su Gobierno en las últimas semanas «afectan a la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de la Justicia, lo que sin duda afecta negativamente a su funcionamiento y al desenvolvimiento de nuestro país como un Estado democrático y de derecho». Un parecer compartido por el juez Alejandro González Mariscal, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien aunque no cree que la estabilidad ni la confianza en el sistema judicial se vayan a ver afectados, sí opina que «estas manifestaciones no fortalecen la independencia ni el necesario equilibrio democrático».

Con tono aún más hostil se han mostrado desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), quienes a través de un comunicado firmado por su portavoz, Sergio Oliva, han recordado que «son las Cortes Generales las únicas competentes para iniciar el proceso de renovación del Órgano de Gobierno de los Jueces, y no lo es el presidente del Gobierno, ni lo es el Partido Popular». En este sentido, también han reprendido a los presidentes del Congreso y el Senado que lleven más de cinco años «omitiendo de forma flagrante el ejercicio de sus funciones».

Respecto al anuncio concreto de Sánchez en relación con la retirada de funciones de nombramientos de altos cargos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial, Sergio Oliva ha expresado, de forma satírica, que les sorprende que «no se determine qué órgano va a ser el encargado de llevar a cabo esa nueva facultad de designación. Sobre todo porque la exigencia clara de nuestra Constitución Española es respetar la separación de poderes». Igual de preocupados se han mostrado tanto desde Foro Judicial Independiente —que se opondrán abiertamente contra cualquier medida dirigida a aumentar el control político de los nombramientos judiciales—, como desde la APM, quienes creen que la propuesta de Sánchez «es inaceptable y un auténtico atropello constitucional».

Reunión del CGPJ con asociaciones de jueces en abril de 2024. (Imagen: Poder Judicial)

Sobre la reforma de la LOPJ

En relación con la posible reforma de la LOPJ se observan mayor discordancia. Por un lado, mientras que las asociaciones judiciales más conservadoras abogan por una urgente reforma de la Ley; Edmundo Rodríguez, portavoz de JJpD, considera que reformarla para propiciar la renovación únicamente «transmite el terrible mensaje de que se puede desobedecer la Ley exigiendo que se modifique al antojo de cada cual». En este sentido, reprocha al CGPJ que se atreva, en su situación, a hablar de deterioro institucional cuando sus vocales se mantienen desde hace cinco años en un órgano con el mandato caducado.

Esta opinión, sin embargo, choca de lleno con la que mantienen el resto de asociaciones, como FJI, cuyo presidente ha señalado a Economist & Jurist que «el actual sistema, no sólo es contrario a las exigencias de separación de poderes, independencia judicial y lucha contra la corrupción que nos llegan desde Europa, sino que, además, se ha evidenciado como uno que no sirve, que lleva dentro de sí la semilla del bloqueo. Renovar con este actual sistema, por tanto, supondrá abonarse a futuros bloqueos. Reformar la Ley es necesario, despolitizando el nombramiento de los doce vocales judiciales. Y solo entonces, renovar. Cumpliremos con Europa y se acabaron los bloqueos».

Esta reforma permitiría que la Carrera Judicial elija de forma directa a los doce vocales judiciales (de un total de veinte), no discrecionalmente, sino conforme a criterios objetivos de mérito y capacidad previamente fijados por la Ley, informan desde FJI. «En definitiva, desapoderar al CGPJ para dar poder a las Cortes», señala su presidente. «La única manera de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces», sostiene el portavoz de la AJFV.

Más negociador se ha mostrado Alejandro González, miembro de la APM, quien cree que hay que retomar inmediatamente el diálogo para cumplir con el mandato constitucional, subrayando que dicho cumplimiento requiere alcanzar un consenso para fortalecer tanto la independencia judicial como el equilibrio democrático de los poderes del Estado. En el mismo contexto, González ha expresado una creciente preocupación por la falta de reforma de la LOPJ, señalando que esta debería ser la prioridad inmediata. Argumenta que si se procede primero con la renovación del CGPJ, la situación eventualmente se volvería «insostenible».

La Sala de Gobierno del TS, reunida el pasado mes de abril con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. (Imagen: Ministerio de Justicia)

El Supremo acumula 25 plazas vacantes

La reforma de la LOPJ que impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales estando en funciones ha generado una situación alarmante en el Supremo, provocando que se encuentre sin presidente ni vicepresidente titulares, haya 25 vacantes en sus Salas, lo que representa el 31,25% de su plantilla, y que a fecha de 1 de enero de este año se alcanzasen ya en el total de Salas 46.758 asuntos pendientes de resolver.

La Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social son las que tienen mayor número de vacantes entre sus magistrados

El aumento de las vacantes ha llevado al Alto Tribunal a reforzar su gabinete técnico, con un coste anual estimado en 2,5 millones de euros, según datos del Gobierno. El pasado mes de abril, la Sala de Gobierno del TS reclamó al Ministerio de Justicia la ampliación del plan de refuerzo extraordinario del Gabinete Técnico, que se haga mediante comisiones de servicio anuales y no semestrales, y se acompañe de personal administrativo de apoyo (funcionarios de auxilio y tramitación). Reclamación que ya ha sido atendida.

La Sala de GobiernoEl presidente del CGPJ en funciones insiste en sus propuestas para «despolitizar» los nombramientos del Poder Judicial, unas medidas que celebran la mayoría de las asociaciones

Fuente: TS

Además, indicó que ese plan de refuerzo debería mantenerse por el tiempo necesario aun en el caso de que se produjera la renovación del CGPJ y el consiguiente nombramiento de nuevos magistrados, cuya incorporación «no haría desaparecer la acumulación de asuntos que se ha producido en este periodo».