El frutero y el mayor alijo de cocaína en la historia de España

Puerto de Algeciras. 14 de octubre de 2024. La Unidad de droga y crimen organizado (Udyco) de la Policía Nacional lo había logrado. Acababan de requisar la mayor incautación de droga de la historia de España y la segunda de Europa: 13 toneladas de cocaína, ocultas entre cargamentos de bananas.

Pero la alegría no iba durar demasiado, al menos para Óscar Sánchez, inspector jefe de la Unidad Central de delincuencia económica y fiscal (UDEF).

La operación que vamos a relatar en estas líneas saca a la luz una sofisticada red de narcotráfico que tiene como protagonistas a la empresa Abadix Fruits SL —una compañía que operaba desde Alicante y que aparentaba ser una próspera importadora de frutas tropicales— y a nada más y nada menos que a la Policía Nacional Española.

Miguel y Vilma, el matrimonio tras el imperio de la droga

Miguel Berenguer y Vilma Águila, una pareja que residía en Alicante, eran los propietarios (tal y como recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil) de Abadix Fruits SL.

Desde el exterior, la empresa parecía ser un modelo de éxito en la importación de frutas como bananas, mangos, yuca y piña. Su actividad comercial incluso patrocinaba eventos deportivos en la comunidad, lo que les permitió integrarse en la sociedad local y ganar una imagen de respetables empresarios.

A lo largo de cuatro años de operación, Abadix multiplicó su facturación, que pasó de 600.000 euros, en 2021, a 5,6 millones, en 2023.

Sin embargo, según las investigaciones, Abadix era en realidad el canal de entrada de toneladas de cocaína desde Sudamérica: un negocio que incluía a colaboradores en Ecuador, Brasil, México y, como parece ser, a parte de la Policía Nacional de España.

En la actualidad, consta una orden de búsqueda nacional e internacional contra la pareja, solicitada por el Juzgado de Instrucción 3 de Algeciras. De hecho, se sospecha que puedan estar relacionados con el clan de Los Balcanes.

Ante tal panorama —y como no podía ser de otra manera— esta operación levantó las sospechas de Asuntos Internos de la Policía Nacional, la unidad encargada de investigar y perseguir los delitos cometidos por los miembros del propio Cuerpo Nacional.

(Imagen: Twitter de la Policía Nacional)

Óscar Sánchez, la paradoja policial hecha persona

Fruto de esta investigación secreta, aparece un personaje al que ya todos conocen: Óscar Sánchez, inspector jefe de la Unidad Central de delincuencia económica y fiscal (UDEF) o, lo que es lo mismo, el jefe de prevención de blanqueo de capitales, el cual fue detenido el pasado viernes con 21 millones escondidos en su domicilio.

Óscar Sánchez accede a la Policía Nacional en 2007 y permanece una década en la Brigada Central de estupefacientes (Udyco), siendo su campo de especialidad la persecución del tráfico de drogas a través de Internet.

En 2020 asciende a inspector jefe, accediendo a la Unidad de Delitos económicos y fiscal (UDEF). Es en ese puesto donde, con una amplia y potente red de contactos, comienza su camino por el otro lado de la droga.

Aparentemente, Sánchez —con la ayuda de colaboradores (presumiblemente agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil)— orquestaba las operaciones. Entre él y sus contactos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad amañaban qué contenedores de fruta llegados a Algeciras se abrían para su comprobación y cuáles no. Es decir, manipulaban el sistema de vigilancia y control, omitiendo contenedores específicos en las inspecciones.

La detención de Óscar Sánchez y el asalto a su domicilio

Ante esta situación y a raíz de una larga investigación llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, con la colaboración de Asuntos Internos, se reveló que Sánchez Gil habría recibido millones de euros para encubrir el ingreso de cocaína en España.

Finalmente, la detención del alto mando de la Policía se produjo el pasado viernes 8 de noviembre. Además del funcionario, también fue detenida su mujer y otros quince implicados. Todos ellos se encuentran en prisión provisional.

Otro suceso que agrava la situación es el reciente asalto al domicilio de Sánchez Gil, donde se especula que la intención era eliminar documentos o información crucial.

Este ataque, que no se ha confirmado si fue realizado por miembros de la misma red o por terceros interesados, podría indicar una guerra interna en la organización criminal o el intento de eliminar pruebas clave.

Óscar Sánchez, inspector jefe de la Unidad Central de delincuencia económica y fiscal (UDEF). (Imagen: Redes sociales)

Las posibles penas para Óscar Sánchez

Tras la detención de Óscar Sánchez y su mujer, y su puesta en prisión preventiva por su implicación en los hechos, surgen algunas cuestiones.

¿De qué delitos está siendo investigado?

El exjefe de la UDEF está siendo investigado por la comisión de los siguientes delitos: tráfico de drogas, cohecho, blanqueo de capitales, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

¿Cuáles son las penas a las que se enfrenta?

Sin perjuicio de ulteriores investigaciones y las penas que solicite el Ministerio Fiscal, en abstracto, podría ser condenado a las siguientes penas:

• Por el delito contra la salud publica en su vertiente de tráfico de drogas, artículo 369 bis del Código Penal: pena de prisión de nueve a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga.
• Por el delito de blanqueo de capitales, articulo 301.1 apartado segundo del Código Penal: pena de prisión de 3 años y 6 meses a 6 años, multa del triple del valor del dinero que tuviera origen ilegal e inhabilitación especial para cargo público, de tres a diez años.
• Por el delito de cohecho, artículo 419 del Código Penal: pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para cargo público por tiempo de nueve a doce años.
• Por el delito de omisión de perseguir delitos, artículo 408 del Código Penal: pena de inhabilitación especial para cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
• Por el delito de coordinación de organización criminal, artículo 570 bis.2 del Código Penal: pena de prisión de ocho a doce años.

Es decir, que se enfrenta a una pena de prisión de hasta 30 años y a una multa que, en abstracto, podría superar los 1.000 millones de euros.

(Imagen: Twitter de la Policía Nacional)

España, el paraíso de la corrupción

Desde hace años, el puerto de Algeciras es, ha sido, y posiblemente seguirá siendo, uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa.

Este escándalo no hace más que alimentar la boca de una sociedad española decepcionada que lleva mucho tiempo pensando algo que —aunque a veces oculto— es evidente: España es un país de instituciones corruptas.

Sin ir más lejos, destaca la lista de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en los últimos años, han sido condenados por asociarse con organizaciones criminales es extensa.

Solo en la Guardia Civil, entre 2011 y 2020, fueron detenidos un total de 148 guardias civiles por asuntos relacionados con el narcotráfico, de los cuales 18 fueron arrestados en la provincia de Cádiz.

La falta de controles internos adecuados y la existencia de redes de corrupción no solo han evidenciado la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia y transparencia dentro de la Policía Nacional, sino que, además, han demostrado que lo invisible —la corrupción— existe sólo porque no se ve.