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El Gobierno aprueba la geolocalización en el estado de alarma

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Marcelino Tamargo

Socio director de Espacio Legal.




Tiempo de lectura: 2 min

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El Gobierno aprueba la geolocalización en el estado de alarma

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El Gobierno ha publicado y aprobado en el BOE durante el pasado fin de semana del mes de marzo un plan de medidas de urgencia en coordinación con el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación digital y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. El Gobierno ha aprobado la vigilancia de movimientos de los ciudadanos, y creará una aplicación que permita este tipo de control, utilizando los datos que proporcionen las operadoras de telefonía móvil.

Así lo refleja una orden ministerial publicada en el BOE. El Instituto Nacional de Estadística (INE) monitorizará sobre la movilidad de los españoles durante el confinamiento, decretado por el estado de alarma y para ello desarrollará diversas medidas y actuaciones en el ámbito digital y estadístico para gestionar esta crisis



El Boletín Oficial del Estado, publicó el 28 de marzo, la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo por la que se aprueba el desarrollo de diversas actuaciones, a través de aplicaciones de control remoto de teléfonos móviles, para gestionar la crisis sanitaria originada por el Coronavirus, siguiendo así las medidas adoptadas por otros países como Corea del Sur, para controlar la pandemia usando la inteligencia artificial.



Toda esta situación genera dudas sobre el anonimato y tratamiento que se hará de estos datos, si serán tratados de forma correcta, respetando la legislación española (Ley Orgánica 3/2018 de 5 diciembre de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales) y comunitaria vigente sobre protección de datos (Reglamento UE 2016/679). Según el BOE, es necesario “el desarrollo de diversas actuaciones”, si perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas, que contribuyan a mejorar la gestión de la crisis, y así aliviar la carga de trabajo de los servicios de emergencia de las distintas Administraciones Públicas.

El estudio permitirá al Gobierno conocer la movilidad de los españoles en los días previos y durante el confinamiento,  y con toda probabilidad se hará extensivo durante al menos, un mes o más. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, si las medidas tomadas por el ejecutivo, soportan el equilibrio entre la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los ciudadanos, recogidos en nuestra Constitucion.



Como ya ocurriera en la anterior ocasión, hace unos meses, se utilizaron los datos personales proporcionados por las principales telecos, con fines estadísticos. En principio cruce y analítica de datos personales debería garantizar la anonimidad de los mismos, no pudiendo identificarse mediante ellos a ningún ciudadano particular.

Como ya ocurrió en la anterior ocasión, será el INE, siguiendo el modelo ya emprendido, el responsable del tratamiento de esos datos personales, quien tomará los datos proporcionados por las principales operadoras, bajo la garantía del anonimato. Queda por explicarnos, a quien corresponda de este Ejecutivo, la necesidad surgida ahora de ver dónde estábamos en los días previos al confinamiento, o sea mas de medio mes, cuando el presente desborda cualquier previsión, como así nos hace llegar el mismo Gobierno de España.

Sobre el atutor: Marcelino Tamargo es Abogado socio-fundador de Espacio Legal.
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