Estados Unidos vs. Microsoft: una historia interminable

Se puede decir, sin miedo a caer en exageración alguna, que Estados Unidos es la nación tecnológicamente más avanzada del mundo. En este país aparecieron los primeros ordenadores, el correo electrónico, Internet… Silicon Valley es una especie de Vaticano de la tecnología en el que se han desarrollado, y seguramente se estén desarrollando, grandes avances para la humanidad.

Algunos avances, como Internet, han partido de la iniciativa pública. En este caso, nace como una red utilizada por el Departamento de Defensa para garantizar las comunicaciones estatales en caso de un ataque nuclear de la Unión Soviética. Sin embargo, la mayoría de los grandes avances han sido desarrollados por compañías en ocasiones creadas por emprendedores que, en el imaginario de la población alcanzan a veces la categoría de mitos.

Estados Unidos y su Gobierno no dudan en sacar pecho a la hora de destacar la aportación de estas empresas a la mejora de la vida de centenares de millones de personas en todo el mundo. Eso es de cara al exterior. De puertas para adentro, la relación entre las autoridades estadounidenses y las empresas tecnológicas no ha sido en ocasiones tan cordial como a priori podría parecer.

Muchas de estas empresas han llegado a tener un gran poder y a controlar el mercado a unos niveles de casi monopolio. Esto ha terminado asustando a las autoridades que, en lo que sería una versión moderna del cuadro de Francisco de Goya Saturno devorando a su hijo, terminan denunciando a estas empresas.

Baste recordar lo que ocurrió en la década de los 70 con IBM. El caso del fabricante de ordenadores comenzó en 1969 y tardó 13 años en cerrarse. IBM controlaba el 70% del mercado de los ordenadores, lo que llevó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a presentar una demanda antimonopolio para trocear la compañía. Finalmente, el tribunal dictaminó que la demanda carecía de fundamento.

IBM se ha enfrentado a varias demandas por prácticas monopolísticas. (Foto: Computer World)

La versión moderna de esta guerra se desarrolla entre el propio Ejecutivo estadounidense y una de las empresas más exitosas de los últimos lustros y cuyo poder está muy por encima del que nunca tuvo IBM: Microsof.

Historia de Microsoft

La historia de Microsoft es, en cierto modo, la historia de la informática moderna. Desde que en 1985 lanzó Windows ha formado parte de nuestras vidas. Microsoft es el acrónimo de Microcomputer Software. Como indica su propio nombre, no fabrica ordenadores, sino software. Es decir, los programas que hacen que un ordenador funcione. Microsoft fue fundada por Bill Gates y Paul Allen el 4 de abril de 1975 en Alburquerque, Nuevo México.

Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo. (Foto: Creative Commons)

William Henry Gates III (Bill Gates) nació en 1955 en Seattle y estudió en una escuela privada de élite, Lakeside, donde se familiarizó con la informática en 1968. En esa escuela estaba también Paul Allen, nacido en 1953. Paul era otro verdadero entusiasta de los ordenadores.

En 1975, ambos abandonaron sus respectivas universidades y crearon la empresa Microsoft para vender un lenguaje de programación, el Basic. Bill, que era el que mejor se manejaba con los negocios, le vendió el lenguaje a la compañía Altair a cambio de un 50% de las ventas.

Cinco años después, Gates le vendía el lenguaje de programación MS DOS a IBM, lo que le reportó grandes beneficios ya que había comprado el DOS a otra compañía por mucho menos dinero. Además, cobraba un canon por cada copia que se vendiera con un IBM

En 1985 apareció la primera versión de Windows, el sistema operativo estrella de Microsoft. A lo largo de los años se fueron sucediendo versiones mejoradas de Windows hasta que en 1998 apareció una versión de este sistema operativo que tiene una particularidad que, con el tiempo, fue el detonante de la guerra entre la Administración estadounidense y la compañía. Por primera vez se vendía con el navegador Explorer incorporado. El Explorer se convirtió en el navegador de Internet hegemónico entre 1998 y 2011.

La preponderancia absoluta de este navegador no era el resultado de que fuera muy bueno y los demás muy malos. Lo que ayudó a esta posición de dominio de mercado fue que cuando encendías Windows, el sistema operativo más utilizado en el mercado doméstico, Internet Explorer estaba ahí, instalado por defecto.

En 1989, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos inició una investigación para determinar la legalidad del éxito de Microsoft, pero no encontró nada ilegal. Sin embargo, la cosa no quedó ahí.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar a Microsoft en 1994 porque en ese momento, y aunque pueda parecer increíble, cualquier fabricante de ordenadores debía pagar por licencias de MS-DOS aunque no incluyera este sistema operativo en su máquina. La posición dominante de Microsoft en el mercado del software, y la omnipresencia de Windows en los ordenadores personales, le daban una posición de fuerza que hacía posible que obligase a los fabricantes a firmar contratos leoninos. Estas prácticas hacían muy difícil que la competencia pudiera vender su sistema operativo a los fabricantes de ordenadores. Finalmente, los tribunales obligaron a Microsoft a cambiar los contratos que firmaban con estos fabricantes.

Rosario de demandas.

En abril de 1995, el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear una fusión propuesta entre Microsoft e Intuit, alegando que el matrimonio anularía la competencia en el mercado de chequeras electrónicas. En cuestión de semanas, Microsoft desecha su plan de fusión.

El 9 de agosto de 1997, de nuevo el Departamento de Justicia pone a Microsoft en su punto de mira. Esta vez, el Gobierno quiere determinar si la inversión de 150 millones de dólares del fabricante de software en Apple Computer, o sus participaciones accionarias en tres compañías que desarrollan tecnologías de transmisión por Internet, iban en contra de la competencia.

En 1998, el Departamento de Justicia, en esta ocasión acompañado por 20 estados y el Distrito de Coliumbia, volvió a la carga contra Microsoft por ejercer prácticas monopolísticas. En concreto, los demandantes plantearon que Microsoft abusaba de su poder monopólico en ordenadores personales con núcleos Intel en cuanto a la gestión de las ventas del sistema operativo y del navegador web.

La cuestión central del caso era si Microsoft podía seguir vendiendo en un mismo paquete el navegador Internet Explorer y su sistema operativo Microsoft Windows. Se planteaba que el juntarlos en un mismo paquete fue la principal razón del éxito de Microsoft en la guerra de los navegadores, ya que cada usuario de Windows contaba con una copia del Internet Explorer.

Internet Explorer se incluía en el paquete de Windows, lo que le dio una posición de dominio. (Foto: CMM)

Las cifras muestran que la preocupación de los demandantes, en cuanto a que Microsoft había logrado casi el monopolio en el mercado de los navegadores, tenía fundamento. Windows 95 estaba instalado en el 57,4% de los ordenadores personales en 1998. Windows 98, recién lanzado, alcanzaba el 17,2%, y Windows NT suponía el 11%. La única competencia era Mac OS, que sólo era del 5% y Linux, un 2%. En la práctica, Windows estaba en casi todos los ordenadores y, en consecuencia, esto beneficiaba a Internet Explorer.

El 5 de noviembre de 1999, el juez encargado del caso, Thomas Penfield Jackson, dictaminó que la posición de dominio de Microsoft en el mercado de los ordenadores personales suponía un monopolio. Esto llevó al juez a dictar una sentencia que hacía mucho daño a Microsoft.

El 7 de junio de 2000, la corte ordenó la división de Microsoft para resolver el problema. La sentencia dictaminaba que Microsoft debía ser dividida en dos unidades separadas. Una responsable de producir el sistema operativo, y otra de producir otros componentes de software, como era el caso del navegador. Aunque pueda parecer una decisión drástica, la verdad es que no era la primera vez que ocurría algo así. En los años 70, un juez ordenó que AT&T fuera dividida en siete compañías telefónicas regionales independientes, apodadas Baby Bells.

Microsoft no tardó en recurrir el fallo. Primero lo intentó con el Tribunal Supremo, pero éste rechazó la apelación y la devolvió a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que revirtió la sentencia del juez Jackson contra Microsoft, en buena medida argumentando que el juez Jackson había tenido comportamientos poco éticos durante el proceso contra la compañía informática.

El juez se defendió diciendo que «Microsoft es una empresa con un desdén institucional tanto por la verdad como por las reglas de la ley que otras entidades de menor magnitud deben respetar. También es una empresa cuyos cargos ejecutivos no dudan en brindar testimonios superficiales para apoyar defensas espurias ante acusaciones de haber obrado mal.» El magistrado no tuvo efecto. Otra juez, Colleen Kollar-Kotelly, fue elegida para juzgar este caso.

Final del proceso

En septiembre de 2001 se produjo un hecho en apariencia sorprendente, pero que mirando la historia de este tipo de procesos no lo es tanto. El Departamento de Justicia anunció que ya no requería que Microsoft fuera dividida y que buscaría una forma de romper el monopolio menos drástica. Microsoft, por su parte, decidió redactar una propuesta de acuerdo que permitiría a los fabricantes de PC adoptar software que no fuera de Microsoft.

Cuando se produjeron la sucesión de denuncias por prácticas monopolísticas contra IBM, solía ocurrir que estas denuncias se activaban bajo administraciones demócratas y perdían fuerza o desaparecían con los republicanos en el poder. En el caso de Microsoft, la denuncia del Departamento de Justicia comenzó bajo la Administración Clinton. Sin embargo, el acuerdo más benévolo para la compañía se desarrolla bajo el mandato del republicano George W. Bush.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado muchos dolores de cabeza a Microsoft. (Foto: CNN)

Finalmente, en noviembre de 2001, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Microsoft en el que se requería a la compañía que compartiera sus application programming interfaces, lo que significaba compartir el funcionamiento de las aplicaciones de Windows. El 5 de agosto de 2002, Microsoft anunció que realizaría ciertas concesiones para posibilitar el acuerdo final antes del veredicto de la juez, que llegó el 1 de noviembre. La magistrada Kollar-Kotelly emitió su sentencia aceptando la mayoría de lo propuesto en el acuerdo negociado por el Departamento de Justicia.

Nueve de los estados que habían hecho piña con el Departamento de Justicia en la demanda contra Microsoft (California, Connecticut, Iowa, Florida, Kansas, Minnesota, Utah, Virginia y Massachusetts), además del Distrito de Columbia, mostraron su disconformidad con el acuerdo propuesto. A su juicio, el mismo no tenía el alcance suficiente para recortar las prácticas empresariales anticompetitivas de Microsoft.

El 30 de junio de 2004, la Corte de Apelaciones aprobó por unanimidad el acuerdo con el Departamento de Justicia, rechazando las objeciones de los estados. Bill Gates podía respirar tranquilo, de momento.

Tras los atentados del 11 S, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a hacer una vigilancia mucho más estrecha de todo lo que ocurría en el red, un submundo de terabytes en el que lo mismo se intercambiaban instrucciones para hacer una bomba que se compraban armas o se vendían drogas. Para una vigilancia más efectiva, es fundamental el concurso de las compañías de Internet, que son las que tienen todos los datos de sus clientes y acceso más sencillo a los mensajes que intercambian. Precisamente una de estas investigaciones llevó a una nueva demanda del Gobierno estadounidense contra Microsoft.

En 2007, el Gobierno de Estados Unidos requirió a Microsoft el contenido de unos emails pertenecientes a una persona que estaba siendo investigada por un delito de narcotráfico en Estados Unidos. Microsoft, que hasta ese momento había respondido satisfactoriamente a las peticiones el Gobierno, contestó que, como los correos estaban alojados en un servidor que la compañía tenía en Irlanda, necesitaba la autorización de un juez de ese país para acceder a ellos, a pesar de que podía obtener los emails desde sus oficinas en Estados Unidos sin siquiera pisar el territorio irlandés.

El Departamento de Justicia demandó a Microsoft. El caso fue llevado ante un juez de primera instancia de Estados Unidos. El juez falló a favor del Gobierno argumentando que, como Microsoft podía acceder a los correos desde sus oficinas en Estados Unidos, no se necesitaba la intervención de un juez irlandés. Microsoft apeló y su el juez falló a su favor.

El Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo, que se dispuso a analizar el caso en febrero de 2018. Sin embargo, la causa fue desestimada al determinar que la disputa había quedado resuelta tras la aprobación de una ley en el Congreso. El 22 de marzo, el entonces presidente, Donald Trump, firmó una ley aprobada por el Congreso conocida como la Cloud Act (Ley de la Nube), que abre la puerta a que EE.UU. pueda acceder a datos digitales almacenados en el extranjero.

La norma sienta un precedente que difumina las fronteras de Internet al establecer las bases para que Estados Unidos y otros países lleguen a acuerdos para acceder a información relacionada con usuarios y almacenada por compañías tecnológicas en territorio extranjero.

En concreto, con respecto a Estados Unidos, la legislación permite a los jueces emitir ordenes de registro para los datos que almacenan los gigantes tecnológicos en el extranjero, aunque ofrece a esas empresas una vía para recurrir y poner sobre la mesa posibles conflictos con las leyes de otros países. Por cierto, esta ley contó con le apoyo de Microsoft y otras compañías tecnológicas.