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Fraude en los carburantes, IVA y regulación jurídica: un problema persistente que exige soluciones eficaces

Crea competencia desleal y pone en riesgo la viabilidad de muchas pymes

(Foto: E&J)

Manel Montero

Director general de Grupo Moure




Tiempo de lectura: 3 min

Publicado




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Fraude en los carburantes, IVA y regulación jurídica: un problema persistente que exige soluciones eficaces

Crea competencia desleal y pone en riesgo la viabilidad de muchas pymes

(Foto: E&J)



El sector de los hidrocarburos en España se enfrenta a un reto significativo: el fraude fiscal en el IVA (Impuesto de Valor Añadido), perpetrado por algunos operadores petrolíferos que explotan los vacíos del sistema tributario.

A pesar de la implementación del Real Decreto Ley 8/2023, que impone restricciones sobre las transacciones entre distribuidores y operadores al por mayor, el problema persiste, afectando gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector.



El fraude en el sector de hidrocarburos

El fraude fiscal en los hidrocarburos no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y evolución a lo largo del tiempo han generado una creciente preocupación. Según informes de la Agencia Tributaria, en mayo de 2023 se llevaron a cabo inspecciones en más de 400 gasolineras de todo el país, en un esfuerzo por recolectar información y detectar prácticas fraudulentas. Sin embargo, el fraude no ha sido ni mucho menos erradicado.

(Foto: E&J)



Estas prácticas en el sector de los hidrocarburos a menudo giran en torno a la manipulación del IVA. Algunas empresas aprovechan el sistema fiscal actual para retrasar o eludir el pago del impuesto, generando márgenes de beneficio artificialmente altos que les permiten ofrecer precios más bajos que sus competidores legales. Esto no solo crea una competencia desleal, sino que también amenaza la viabilidad de muchas pymes que operan estaciones de servicio, las cuales no pueden igualar esos precios sin incurrir en pérdidas significativas.

La insuficiencia de la regulación actual

El Real Decreto Ley 8/2023 fue un intento de abordar el problema, prohibiendo el suministro de carburantes entre distribuidores al por menor y de estos a mayoristas, a la vez que restringir la venta a empresas que no sean operadores al por mayor. Sin embargo, esta medida, aunque bien intencionada, ha demostrado ser insuficiente. Los operadores que actúan de manera fraudulenta han encontrado formas de eludir estas restricciones, aprovechando las lagunas existentes en la regulación.

Uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de aplazar el pago del IVA trimestralmente, lo que permite a estos nuevos operadores mayoristas acumular deudas fiscales mientras operan en el mercado con precios más bajos. Este aplazamiento, combinado con la falta de obligaciones como los objetivos de biocarburantes y las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética, proporciona a estos operadores una ventaja competitiva desleal. Esta situación no solo desestabiliza a las pymes, sino que también socava la integridad del mercado de hidrocarburos en su conjunto.

Propuestas para una regulación eficaz

Para abordar el problema de manera efectiva es necesario implementar soluciones jurídicas más robustas que garanticen la igualdad de condiciones para todos los operadores del sector. Una propuesta clave, respaldada por diversas asociaciones del sector, es garantizar el pago del IVA antes de que el carburante salga de los depósitos fiscales. Esta medida, que ya se ha implementado con éxito en Italia, ha demostrado ser efectiva para reducir el fraude en el IVA dentro del sector de los hidrocarburos.

Además, será fundamental reforzar los controles sobre las operaciones mayoristas. Esto incluiría una vigilancia más estricta sobre los operadores nuevos, asegurando que cumplan con las mismas obligaciones que los operadores establecidos, como los requisitos de biocarburantes, las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética y las cuotas para el mantenimiento de las reservas mínimas de seguridad. Estas medidas ayudarían a evitar que los nuevos operadores utilicen su estatus para obtener ventajas competitivas injustas.

(IMAGEN: E&J)

En definitiva, el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos es un problema que requiere una respuesta clara y unificada por parte de las autoridades. Aunque estamos yendo en la dirección correcta, está claro que todo lo llevado a cabo hasta ahora no ha sido suficiente para erradicar las prácticas desleales que continúan afectando al mercado. La implementación de medidas adicionales, como la garantía del pago del IVA antes de la salida del carburante de los depósitos fiscales, así como un mayor control sobre las operaciones mayoristas, será crucial para restaurar la equidad en el sector.

Es imperativo que las reclamaciones y propuestas presentadas por las asociaciones del sector no caigan en saco roto. Las pymes que operan en el mercado de hidrocarburos, y que son el motor económico de muchas comunidades, dependen de un marco regulatorio que asegure la competencia justa y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Solo mediante la adopción de medidas firmes y eficaces se podrá garantizar la supervivencia de estas empresas y la integridad del mercado de hidrocarburos en España.