Guía práctica para adaptar la nueva normativa ‘whistleblowing’ a las empresas
Tiene como finalidad proteger frente a represalias a las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones relacionadas con su ámbito material de aplicación
(Foto: E&J)
Guía práctica para adaptar la nueva normativa ‘whistleblowing’ a las empresas
Tiene como finalidad proteger frente a represalias a las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones relacionadas con su ámbito material de aplicación
(Foto: E&J)
Meses después del vencimiento del plazo para incorporar al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, por fin se ha publicado en España la esperada y popular Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida comúnmente como Ley de Protección al Informante o de Whistleblowing. Esta Ley tiene como finalidad otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones relacionadas con su ámbito material de aplicación. Para ello, exige a determinadas entidades la dotación de canales de denuncias internos que cumplan con una serie de requisitos y garantías de protección específicos.
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