Hacia la excelencia de la formación en los colegios profesionales

Hace unos días se publicaba en El Confidencial que en una carta remitida al CGAE los Decanos de los Colegios de la Abogacía de Galicia cuestionan el gasto y la actividad que desarrolla en dicha entidad, entre cuyas críticas se encuentra la relativa a la formación organizada, en los siguientes términos “La tercera demanda consiste en reducir el número de jornadas que se organizan a nivel nacional por las comisiones y subcomisiones, por cuestiones de eficiencia práctica y prestigio de los eventos que se realizan, pues estas, en muchas ocasiones, tan solo sirven para confraternizar, generalmente siempre [con] los mismos asistentes. Por último, se requiere la supresión de gastos superfluos o innecesarios, entre los que se incluyen, entre otros, la representación o la asistencia técnica a jornadas y congresos”.

A primera vista, al lector puede sorprenderle una crítica de esta naturaleza viniendo de un Decano de un Colegio de la Abogacía, consistente en reducir la formación que se imparte para los colegiados, pues se supone que es un servicio que beneficia al colegiado y que es necesario para garantizar la calidad de los servicios prestados al ciudadano. Como todo, hay que poner dicha crítica en su contexto para poder comprender el porqué de dicho clamor institucional.

Entre los Excelentísimos decanos que suscriben dicha carta dirigida al CGAE se encuentran juristas de gran prestigio como Lourdes Carballo

Si uno conoce las entrañas de los colegios profesionales y su funcionamiento puede comprender mejor esta crítica que, aunque no lo parezca, tiene un tono constructivo y solo pretende terminar con dinámicas de funcionamiento que no solo son éticamente cuestionables, sino que generan desafección entre los colegiados y siembran dudas sobre la eficiencia en la gestión de los recursos colegiales.

Entre los Excelentísimos decanos que suscriben dicha carta dirigida al CGAE se encuentran juristas de gran prestigio como Lourdes Carballo, que, como el que suscribe el presente artículo, somos grandes partidarios de que el colegiado se continue formando durante su ejercicio profesional, pues la única forma de ejercer dignamente esta noble profesión es teniendo una base técnica sólida y solvente.

«Podemos constatar que en los últimos años los congresos, jornadas y encuentros institucionales se han multiplicado exponencialmente». (Foto: E&J)

La crítica no consiste en que se limite la partida económica destinada a formación de los colegiados, sino en que dicha formación se realice atendiendo en exclusiva al beneficio del colegiado, esto es, primando su excelencia y su pertinencia; menos cantidad, pero más calidad vaya, dicho llanamente. Tampoco consiste en reducir la formación continuada que se organiza desde los colegios relativa a másteres, cursos y otros programas de especialización jurídica para el colegiado, que son muy necesarios. La crítica va dirigida a lo que podrían parecer tournées de la abogacía institucional por un sinfín de ciudades españolas. Si echamos la vista atrás, podemos constatar que en los últimos años los congresos, jornadas y encuentros institucionales se han multiplicado exponencialmente, y nos preguntamos por qué, y si en su caso, ello es provechoso para el colegiado. El calendario de encuentros y jornadas con finalidad “formativa” que se organizan durante el año permite, a quien quiere y tiene tiempo, recorrer el país entero a base de encuentros jurídicos. Pero no es oro todo lo que reluce. Sorprende que buena parte de estas jornadas apenas cuenten con treinta asistentes y, sin embargo, se continúen realizando. Pero sorprende más aun que los temas de dichos congresos son los mismos todo el año, así como sus ponentes, ya clásicos de estas jornadas “formativas”, y que, casualmente, ostentan algún tipo de cargo institucional, e incluso son los organizadores del mismo. Temas como la transparencia contractual, la cláusula rebus o la ocupación ilegal se han reiterado una y otra vez en un mismo año con idénticos ponentes cada vez, pero en distintas ciudades españolas, cada vez con menos asistentes, como es natural, pues se dice lo mismo cada vez y no se pregunta al colegiado si esos son los temas que le interesa en su ejercicio práctico. Con todo, lo que más desconfianza genera es que dichos congresos se organizan desde la total opacidad institucional, sin preguntar ni rendir cuentas al colegiado sobre la temática, ponentes, gastos, honorarios del ponente, etc. Nadie sabe nada.

La crítica va dirigida a lo que podrían parecer tournées de la abogacía institucional por un sinfín de ciudades españolas

A ello hay que sumarle otro reciente artículo que se publicó en otro medio jurídico digital de referencia por un colegiado de Asturias sobre la última jurisprudencia relativa a las tarjetas revolving, por cierto, otro tema muy manido en estos congresos, en que muy duramente arremetió contra la formación colegial, en los siguientes términos que reproduzco literalmente: “Hasta tal punto llega el hedor que obligan al TS a publicar notas de prensa aclarando sus propias sentencias porque los voceros de los usureros, algunos incluso representantes institucionales, sacrificando su prestigio profesional han pasado ya de la hipérbole a la tergiversación más burda con tal de avalar sus tesis de parte disfrazadas de ciencia jurídica”.

No comparto ni me parece correcto que se ponga en duda la calidad técnica de un compañero, con independencia de que ostente o no un cargo institucional, pero se compartirá conmigo que estéticamente genera suspicacias que la mayoría de los ponentes de dichos eventos “formativos” ostenten algún tipo de cargo institucional, sean ponentes recurrentes y para colmo, sean ellos mismos los organizadores de dichas jornadas. Solamente por dichas razones estéticas ya deberían de modificarse estás dinámicas de funcionamiento, pero cuando se constata que estas jornadas ni si quiera tienen interés para el colegiado y, sin embargo, se continúa organizando ¡hasta dos o tres congresos en un mismo mes!, tenemos un problema, que motiva que no uno, sino hasta siete Decanos se unan para pedir formalmente que por favor cesen estas conductas poco decorosas, tras haber intentado por medios internos y de forma  infructuosa dicho cese, como este servidor también hizo en su día sin éxito cuando ostentaba un noble cargo institucional y que se ve obligado mediante la publicación de este duro artículo a unirse públicamente a este clamor, aun cuando lo único que tenga de gallego sea su apellido.