Inteligencia artificial en la justicia: análisis de la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia

Tecnología y derecho se encuentran actualmente en un punto crítico de convergencia que plantea nuevos desafíos para la Administración de Justicia. La reciente sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia representa un momento crucial en la interacción entre la justicia y la inteligencia artificial (IA), estableciendo un precedente importante para el futuro uso de herramientas tecnológicas en el sistema judicial colombiano. Se trata de una de las primeras sentencias sobre el tema a nivel mundial.

La decisión emitida por la Sala Segunda de Revisión se centró en una acción de tutela presentada por la madre de un menor con Trastorno del Espectro Autista (TEA) contra una Entidad Promotora de Salud (EPS), solicitando la protección de los derechos fundamentales del niño a la salud y a la vida en condiciones dignas.

La EPS había negado la exoneración de cuotas moderadoras y copagos, la cobertura de los gastos de transporte para asistir a las terapias y la garantía de un tratamiento integral para el niño, lo cual llevó a la Corte a abordar el caso desde dos ángulos fundamentales: en primer lugar, la posible vulneración del derecho al debido proceso debido al uso de IA por parte del juez de segunda instancia; y, en segundo lugar, la afectación de los derechos fundamentales del menor involucrado en el caso.

Uso de la inteligencia artificial en decisiones judiciales

En cuanto al uso de la inteligencia artificial en decisiones judiciales, la Corte Constitucional analizó detalladamente la aplicación de herramientas como ChatGPT 3.5 en la administración de justicia, subrayando tanto sus beneficios como sus riesgos. Durante el proceso de segunda instancia, el juez encargado del caso recurrió a ChatGPT 3.5 para apoyar la fundamentación de su decisión, lo cual motivó una profunda revisión por parte de la Corte.

(Foto: E&J)

En este análisis, el tribunal concluyó que, aunque la IA puede ser útil para la gestión administrativa y el apoyo documental, no puede en ningún caso reemplazar al juez en la toma de decisiones judiciales. La Corte destacó que el derecho a un juez natural, inherente a la condición humana del juzgador, constituye un elemento esencial en un Estado de Derecho, y que el uso de la IA en la justicia no debe influir en la independencia e imparcialidad judiciales, ya que su mal manejo podría conllevar decisiones sesgadas o parcializadas.

A pesar de que en este caso específico no hubo un reemplazo de la función judicial por parte de la inteligencia artificial, la Corte señaló que no se cumplieron plenamente los principios de transparencia y responsabilidad, a pesar de que sí se respetó la privacidad de los datos personales del menor y de las partes involucradas, lo cual fue considerado un aspecto positivo de la actuación.

Protección de los derechos del menor

Por otro lado, la Corte también se pronunció sobre la protección de los derechos fundamentales del menor diagnosticado con TEA. En cuanto a la exoneración de cuotas moderadoras y copagos, la Corte resolvió que estos debían ser eliminados, en consonancia con las leyes nacionales que protegen a las personas en situación de discapacidad, como las leyes 1438 de 2011 y 1618 de 2013, así como el Decreto 1652 del 2022. Además, ordenó a la EPS cubrir los gastos de transporte necesarios para que el menor pudiera asistir a sus terapias y consultas médicas, ya que se constató que la familia se encontraba en situación de pobreza extrema, lo cual les impedía costear dichos traslados.

Con respecto al tratamiento integral solicitado, la Corte determinó que no había evidencia de que la EPS hubiera negado alguna orden médica para la atención del menor, por lo cual no se emitieron órdenes adicionales en este aspecto. En este sentido, la decisión de la Corte representó un paso adelante en la garantía de los derechos fundamentales del niño, ordenando a la EPS que cumpliera con todas las gestiones necesarias para asegurar que no existieran barreras administrativas que afectaran el acceso oportuno al servicio de salud.

Consecuencias jurídicas y éticas del uso de IA en la justicia

La sentencia T-323 de 2024 establece importantes consecuencias jurídicas y éticas en relación con el uso de tecnologías avanzadas en la administración de justicia. En lugar de prohibir el uso de herramientas de IA, la Corte optó por establecer una serie de criterios claros que los jueces deben seguir para asegurar que estas tecnologías se utilicen de manera adecuada y respetuosa de los derechos fundamentales. Con el fin de regular esta cuestión de manera efectiva, la Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, en un plazo de cuatro meses, desarrollara y divulgara guías y lineamientos claros sobre la implementación de la IA en la Rama Judicial, con especial atención al uso de herramientas como ChatGPT.

Corte Constitucional de Colombia. (IMAGEN: HUMAN RIGHTS)

Estos lineamientos deberán alinearse con los principios establecidos por la Corte, garantizando que el uso de la inteligencia artificial no comprometa la independencia judicial ni afecte la garantía del debido proceso. Asimismo, se exhortó a todos los jueces de la República a evaluar cuidadosamente el uso de herramientas de IA y a aplicar siempre los más altos estándares éticos y legales. En este sentido, la Corte subrayó que la IA debe ser utilizada como un complemento, no como un sustituto del juicio humano, y que su uso debe estar siempre controlado por principios como la transparencia, la responsabilidad y la equidad.

Reflexiones y desafíos para el futuro del derecho en la era digital

La sentencia también abre un debate importante sobre el futuro del derecho en la era digital, ya que, si bien la inteligencia artificial puede ofrecer herramientas poderosas para mejorar la eficiencia y precisión en la administración de justicia, también plantea desafíos significativos que deben ser abordados con cuidado. A través de esta decisión, la Corte Constitucional ha puesto la lupa sobre el tema, dando un paso importante hacia una integración equilibrada de la tecnología en el ámbito judicial.

Sin embargo, el camino hacia una integración efectiva y segura de la IA en la administración de justicia está lejos de completarse, y es necesario continuar trabajando en el desarrollo de un marco regulatorio sólido que acompañe estos avances tecnológicos, asegurando que la protección de los derechos fundamentales se mantenga en el centro de todas las decisiones. En este momento, los marcos éticos y la sentencia de la Corte son los principales referentes para la regulación de la IA en la justicia, pero se requiere una evolución constante en la normativa para enfrentar los nuevos desafíos que estas tecnologías traerán consigo.

Conclusiones

En conclusión, la sentencia T-323 de 2024 constituye un precedente clave en la relación entre el derecho y la tecnología en Colombia. La Corte Constitucional ha señalado un camino hacia la integración responsable de la IA en la administración de justicia, subrayando la importancia de mantener los más altos estándares éticos y legales. En particular, la Corte estableció una serie de requisitos para el uso de IA en el ámbito judicial, que incluyen principios fundamentales como transparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana, seriedad y verificación, prevención de riesgos, e igualdad y equidad.

(Imagen: E&J)

Además, la Corte destacó la importancia del control humano sobre la IA, asegurando que la toma de decisiones judiciales esté siempre basada en el análisis y juicio del juez, sin que la tecnología pueda comprometer la autonomía e independencia de la función jurisdiccional. Para el sector empresarial y la sociedad en general, este fallo es un recordatorio de la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más digital, asegurando que la innovación tecnológica vaya de la mano con la protección de los derechos fundamentales. En un futuro cercano, la implementación efectiva de estos principios será crucial para mantener la confianza en el sistema judicial y para garantizar que la tecnología se utilice de manera ética y efectiva.

Sin embargo, la pregunta que permanece sin resolver es si el factor humano, con todas sus complejidades y subjetividades, sigue siendo esencial para la administración de justicia, un interrogante que, aunque planteado, posiblemente no tendrá una respuesta definitiva en el corto plazo.